Municipios de Palos Blancos y Alto Beni han logrado una ley departamental como libres de minería. Foto: Municipio de Palos Blancos.
ANF
La representante de la Contiocap, Ruth Alípaz, y la diputada Cecilia Requena denunciaron que dirigentes y comunarios que se oponen a las operaciones mineras enfrentan procesos judiciales, amedrentamiento y falta de protección estatal. También cuestionaron la inacción de las autoridades para hacer cumplir resoluciones judiciales.
La persecución penal, las amenazas y la falta de respuesta estatal forman parte de las dificultades que enfrentan dirigentes indígenas y comunarios que denuncian la minería ilegal en Bolivia. Ruth Alípaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), sostuvo que la criminalización de quienes defienden sus territorios constituye un patrón recurrente. La diputada Cecilia Requena coincidió en que la violencia y el amedrentamiento contra los denunciantes no son hechos aislados.
Alípaz denunció una inversión de roles en la que quienes buscan proteger sus tierras terminan procesados, mientras las actividades mineras cuestionadas continúan. “Cuando una comunidad resiste el ingreso de operadores mineros, los abogados de las empresas o cooperativas presentan denuncias penales contra los dirigentes y pobladores”, dijo Alípaz a ANF.
La representante de la Contiocap cuestionó la actuación de la justicia y sostuvo que los intereses económicos del sector minero influyen en el tratamiento de estos conflictos. Afirmó que algunos dirigentes son imputados, declarados prófugos o encarcelados “después de oponerse a operaciones que consideran ilegales”. Según Alípaz, esta problemática también fue denunciada en audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre los casos que mencionó está el de Tres Marías, en Yanacachi, en los Yungas de La Paz. De acuerdo con su relato, tras el ingreso de operadores mineros, comunarios que defendían su territorio fueron denunciados penalmente. En Charoplaya, municipio de La Asunta, un dirigente comunal afronta acciones por presunta difamación y calumnia después de denunciar públicamente operaciones mineras y contaminación en la zona.
La dirigente también recordó el caso de Miguel Supa, un adulto mayor indígena tacana de Chushuara que realizaba labores agrícolas con machete. Según su testimonio, fue aprehendido durante un conflicto territorial y enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, en La Paz, acusado de participar en un avasallamiento.
Alípaz calificó lo ocurrido como “terrible”. Afirmó que Supa sufrió agresiones y un deterioro grave de su salud durante la reclusión, y que falleció pocos días después de obtener detención domiciliaria.
Amenazas después de las denuncias
Requena advirtió que quienes denuncian la minería ilegal quedan expuestos a represalias incluso después de que las autoridades realizan inspecciones o intervenciones temporales. “Los funcionarios se retiran, pero los comunarios permanecen en el territorio y deben convivir con los operadores denunciados”, dijo a ANF.
La diputada refirió que en zonas como Chushuara y Apolo se produjeron situaciones de violencia e intimidación, entre ellas disparos, intentos de secuestro e instalación de trancas ilegales. Estos hechos, sostuvo, muestran los riesgos que enfrentan quienes intentan fiscalizar las actividades mineras o alertar sobre sus impactos.
También señaló que conoció casos en el norte de La Paz en los que pobladores que denunciaron operaciones mineras terminaron encarcelados durante periodos prolongados. Según Requena, “los operadores recurren a abogados para iniciar procesos contra los propios denunciantes, bajo figuras como calumnia o avasallamiento”.
La legisladora añadió que la presión no se limita al ámbito judicial. Sostuvo que algunos operadores utilizan recursos económicos para dividir a las comunidades, conseguir el respaldo de determinados pobladores o autoridades locales y aislar a quienes mantienen su oposición. Los gastos de los litigios y el tiempo que exigen los procesos también debilitan la capacidad de las familias para sostener sus denuncias.
Alípaz cuestionó la respuesta de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Según explicó, varias comunidades han perdido la confianza en esa institución porque consideran que sus denuncias no derivan en controles efectivos. Además, trasladarse desde zonas rurales hasta las oficinas estatales en La Paz implica gastos que muchos comunarios no pueden asumir.
La diputada Requena también denunció que algunas resoluciones judiciales no se ejecutan. Como ejemplo, mencionó acciones populares y fallos del Tribunal Agroambiental relacionados con el desalojo de operadores mineros en áreas como el Parque Nacional Madidi.
