Foto referencial de cultivos, tomada de ANF.
El Tercer Monitoreo Ciudadano a la Presencia de Residuos de Plaguicidas en Alimentos Básicos de la Alimentación Familiar en Cochabamba identificó 25 tipos de plaguicidas en las muestras analizadas y advierte sobre la presencia de sustancias clasificadas como altamente peligrosas y posiblemente cancerígenas.
Según el informe, 11 de los plaguicidas identificados, equivalentes al 42%, corresponden a la categoría de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP). Entre ellos figura el chlorpyrifos, detectado en muestras de tomate, brócoli y lechuga.
El caso que el estudio considera más significativo corresponde a una muestra de lechuga adquirida en la feria Ex Vidriolux, donde se encontró una concentración de chlorpyrifos 11 veces superior al Límite Máximo Permisible (LMP) establecido por la Unión Europea y cinco veces por encima del límite de China.
El documento señala que el chlorpyrifos puede producir efectos neurotóxicos y afectar particularmente el desarrollo cerebral infantil. Además, menciona que su uso está prohibido en 32 países, entre ellos Perú.
Entre las otras sustancias encontradas están carbendazim y propiconazole, además de los insecticidas omethoatho, cypermethrin y bifenthrin. Este último, junto con cypermethrin, forma parte de los tres plaguicidas identificados por el estudio como Posiblemente Cancerígenos (PPC).
El monitoreo también identificó neonicotinoides como clothianidin, imidacloprid y thiamethoxam en lechuga comercializada en supermercados, además de cylathrin lambda en muestras de brócoli.
El informe advierte que incluso cuando las concentraciones se encuentran por debajo de los límites establecidos, la exposición repetida a determinados residuos puede generar un efecto acumulativo. Asimismo, señala que alimentos que superan los LMP representan un riesgo que requiere atención.
El estudio plantea la necesidad de fortalecer el monitoreo ciudadano y actualizar la normativa boliviana sobre plaguicidas para garantizar el derecho a una alimentación saludable. También identifica un limitado conocimiento entre comerciantes sobre los riesgos asociados con la manipulación y comercialización de alimentos contaminados.
