110 feminicidios acaecieron a lo largo de este 2019 en Bolivia, de acuerdo con la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). Éstos se suman a otros centenares de feminicidios que enlutan semanalmente al país desde hace años, muchos de ellos impunes y sin responsables. De éstos se desprenden dos casos “emblemáticos” que aún buscan justicia desde hace 8 y 6 años. Se trata de los casos de Yesenia Fuentes, ocurrido el 21 de septiembre de 2011, y el de Verónica Quintana, sucedido el 10 de agosto de 2013.
El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) analizó las muertes de ambas jóvenes, ante la evidente retardación de justicia y falta de acciones para esclarecer las condiciones y causas de estos decesos.
Yesenia Fuentes
Ella era una estudiante de Inglés de 20 años, su vida se apagó en un crimen aún no esclarecido por la Fiscalía, luego de que la FELCV encontrara su cadáver en Villa Bolívar F de la ciudad de El Alto. Salió de su casa el 21 de septiembre de 2011 a pasar clases, pero nunca retornó a su casa. Su madre, Miriam Valeriano, se enteró de su muerte por televisión. Había sido violada y sofocada hasta la muerte. La familia señaló como responsable a su enamorado.
«Él está libre pese a que hay muchos indicios que lo apuntan. Cerraron el caso luego de tres años, pido justicia y que se reabra el caso”, manifestó su progenitora, de acuerdo con un reporte de Página Siete del 2 de noviembre de 2015.
Verónica Quintana
El 10 de agosto de 2013 se encontró un cuerpo en el cerro Lara Marka de la zona de Llojeta en la ciudad de La Paz. Se trataba de Verónica Quintana, una estudiante de Ingeniería Geológica de la UMSA. Desnuda y con la mandíbula fracturada, la muchacha había sido encontrada luego de dos días de estar desaparecida.
Los principales acusados del crimen eran cinco de sus compañeros universitarios, con quienes habría consumido bebidas alcohólicas. El hecho aún no está esclarecido, pero los cinco jóvenes están libres, pese a que la familia los denunció por violación y la muerte de Verónica.
Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos
Para el Observatorio, que analizó ambos casos y se contactó con los familiares de las víctimas, hay cuatro factores que contribuyen a la retardación de justicia en ambos casos. El primero de éstos es el acceso a la justicia en materia de violencia de género contra la mujer, que implica la garantía del estado de un acceso efectivo a los servicios de justicia. “En el caso de Yesenia, ante denuncias penales realizadas a diferentes autoridades por violencia y amenazas hacia su integridad, dichas autoridades no aplicaron ninguna clase de protección inmediata que resguardara su integridad”.
El segundo factor es la obligación de la debida diligencia. En ambos casos, según el Observatorio, se evidencia que “no se cumplieron con plazos razonables. En este sentido, los actos que muestran mayor retraso son las presentaciones de autopsias y la recopilación de indicios”. En el caso de Yesenia, una prueba seminal se presentó 11 meses después de la denuncia. En el caso de Verónica, hubo estudios periciales que no se entregaron oportunamente, lo cual obstaculizó el esclarecimiento de los hechos.
El tercer factor es la impunidad. En ambos casos se evidencian errores y omisiones por parte de los jueces y fiscales. Para el caso de Yesenia, la Fiscalía desiste a la causa por un informe sobre muestra seminal del Instituto de Investigaciones Forenses, que no correspondía al acusado. El imputado quedó exento del proceso por esta muestra. En el caso de Verónica, entre otras arbitrariedades, se cuestiona que los acusados fueron imputados por homicidio culposo y no por feminicidio, en franco desconocimiento de la Ley 348.
El cuarto factor es el derecho a la verdad. Las familias de ambas víctimas no conocer la verdad hasta el día de hoy. “Es obligación del Estado investigar y aclarecer la verdad, sancionar a los responsables y hacer justicia, por lo que no solamente existe violación de derechos con relación a las víctimas, sino también a las familias”, establece el Observatorio.
