Kathia Saucedo
Mientras espero la anunciada Declaración Constitucional que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe dictar dentro de la consulta de constitucionalidad del Proyecto de Ley de Transición para las Elecciones Judiciales, tratare de recorrer el espectáculo vergonzoso que nos están brindando las autoridades nacionales, que a mi entender deberían guardar las formas y actuar de acuerdo a la investidura que representan.
Así, en este contexto, una magistrada del órgano de control constitucional, a tiempo de afirmar que la declaración será emitida hasta antes de fin de año, anticipaba que “es posible que nos estemos equivocando”. Ante semejante declaración de la nada más y nada menos que una de las autoridades que suscribirá la decisión del TCP, no puedo menos que preguntarme cómo será el engendro de la de declaración constitucional que habrá que cumplir en los días que se avecinan.
Igualmente, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ha declarado que puede aceptar la prórroga de su mandato, siempre que sea por un periodo corto. Es decir, acepta violar la Constitución un poquito. Era de esperar esta situación, ya que fue él, quien en su condición de consultante solicitó, bajo el pretexto de la ampliación de la consulta, que para “evitar el vacío de poder…. resulta necesario y de vital importancia encontrar una alternativa que resulte viable para asegurar la elección y posesión de las nuevas autoridades que deben conformar el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional…”, pidiéndole al TCP ejercer su función interpretativa.
Rayando en lo inaudito, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ha solicitado al TCP que por vía interpretativa solucione el vacío de poder de las altas cortes que se producirá el primer día del año 2024, definiendo una alternativa viable, desechando la preselección (ALP) y hasta e elección popular.
Por su parte, el Presidente del Senado Nacional, anuncia que el Órgano Legislativo trabajará una ley corta mediante la que se designe magistrados, considerando que ésta es una potestad de la sede legislativa. No, Sr. Andrónico Rodríguez, la única competencia que la CPE le asigna a la Asamblea Legislativa Plurinacional es la preselección de postulantes, de ningún modo la designación. Si la designación la hace el Presidente del Estado o la hace la ALP, es igualmente inconstitucional y tales actuaciones no tendrían respaldo competencial alguno.
En lo que sí le doy la razón es que el Tribunal Constitucional si define –en la declaración constitucional a emitirse- no podría quebrar el orden constitucional sentenciando la prórroga de mandato de los actuales magistrados y magistradas de altas cortes judiciales, o autorizando la designación de los mismos. Le reitero Sr. Rodríguez, sería igualmente tan inconstitucional si los designa el Presidente Arce o los designa Ud.
El Ministro Lima contribuye al espectáculo, cuando primero afirma que el TCP ya tiene un trabajo avanzado en el tema de la Declaración Constitucional; luego nos indica que hoy se emitirá el fallo. Ministro, Ud. es parte del Órgano Ejecutivo, ¿cómo puede saber que el trabajo ha avanzado y la fecha del fallo?. Se supone que el magistrado relator es un secreto para evitar las influencias externas en los tribunos y tribunas del órgano de control constitucional. ¿Dónde queda la no intervención en el órgano judicial y la independencia judicial? No existe, está más que claro.
Y el cherry de la torta en este circo, la pone una magistrada del Tribunal Agroambiental que de manera escandalosa se ofrece a quedarse porque habrá que cumplir la decisión del TCP. Sra., no se brinde, mantenga las formas y analice si le conviene tener responsabilidades ulteriores por actuar cuando su mandato ha fenecido. Recordarle que la primigenia obligación que tiene Ud. como magistrada, es cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Este es el panorama existente sobre las elecciones judiciales, todo parece indicar que la declaración a emitirse implicará la Norma Fundamental, forzando una interpretación constitucional que suprimirá la preselección a cargo de la ALP, que eliminará la elección popular de las altas cortes judiciales y que otorgue el aval final a la prórroga de mandato de los actuales magistrados y magistradas.
Si es así, pronto la independencia judicial será solo una utopía y un buen recuerdo.
–0–
Kathia Saucedo Paz es abogada y jurista independiente
Las opiniones de nuestros columnistas son exclusiva responsabilidad de los firmantes y no representan la línea editorial del medio ni de la red.
