¿De qué somos testigos en el debate por la nacionalización de los autos chutos? Cuando una práctica social al margen de la ley empieza a reforzarse con argumentos de necesidad, abandono, injusticia, estrategia de sobrevivencia y apoyo a grupos social e históricamente excluidos, estamos frente a una batalla que trasciende lo jurídico y empieza a construirse desde lo psicológico y lo político. El foco de atención se desvía de las redes transnacionales de crimen organizado dedicadas al contrabando de vehículos (que vienen además aparejadas con una trama diversificada de negocios que incluye la trata de personas, el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros) hacia la necesidad. Estamos hablando, entonces, de una guerra de subjetividades por lograr legitimidad.
Pensemos ahora que quien obtiene legitimidad obtiene poder. Consideremos el capital de legitimidad que ganan las llamadas “asociaciones de chuteros” que se presentan como un sujeto político capaz de interpelar y decidir lo que es justo e imponer sus intereses incluso mediante la presión, la movilización o directamente con la penetración progresiva de espacios gubernamentales de decisión. Estas organizaciones instalan el imaginario de que son imprescindibles, de que son necesarias, y se van configurando como una suerte de Estado paralelo en la sombra.
Entonces, el Estado y el gobierno no deben concentrarse únicamente en los vehículos; deben prestar atención a las condiciones que hacen posible la legitimación de las prácticas, las narrativas y los actores de la ilegalidad. Para no ceder ante las dinámicas y caprichos del crimen organizado, el gobierno debe instalar presencia con capacidades estatales concretas y gestión; debe resolver la dificultad de interconexión y transporte en zonas críticas, instalar y verificar el funcionamiento de servicios de salud, trazar, sin falta, proyectos de diversificación económica a mediana y gran escala, por mencionar algunas estrategias.
En cuanto a los automóviles chutos, el gobierno debe llamar las cosas como son, prohibir nuevas internaciones de vehículos, trabajar con gobiernos vecinos en la lucha contra el crimen organizado y atacar el núcleo del problema: se puede revisar costos de importación, los accesos a crédito y las múltiples posibilidades que atraigan al ciudadano. Promover una política de incentivo que, por ejemplo, permita entregar el auto ilegal a cambio de acceder a beneficios impositivos para adquirir automóviles legales.
Además, se debe diferenciar al poblador que adquiere estos vehículos de la red de crimen organizado que lidera el negocio. Se requiere firmeza y claridad de que el trabajo debe ser cercano y directo con la población involucrada, con el comprador, no con asociaciones “representativas” de este negocio, “chuteros”, porque es ahí donde ya ha permeado el crimen organizado y no son ni pueden ser interlocutores válidos. Por otro lado, se deben recuperar los territorios perdidos que basan su dinámica económica en este negocio porque son una bomba de tiempo.
Hacerse de la vista gorda ahora puede pasar una factura muy costosa a todo el país en el futuro cercano. La tarea no es nada sencilla. Se requiere de voluntad política, del desarrollo de capacidades estatales enfocadas y la comprensión de que el crimen organizado opera con una transnacionalidad especializada y estrechamente relacionada. No se trata solo de chuteros; se trata de múltiples actividades ilegales que ponen en riesgo la vida y la seguridad de toda la población.
Daniela Leytón Michovich es psicóloga política y cientista social.
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