Este reportaje obtuvo la mención honorífica en la categoría Pluma fuente en el concurso “Sin Censura Previa” convocado por UNITAS y la Fundación para el Periodismo. Fue elaborado por María Luisa Mercado y se difundió en el periódico Opinión de Cochabamba. Fotografía Opinión.
El sindicato de trabajadores de una industria de Cochabamba está ante la disyuntiva de aceptar la tregua planteada por los empresarios o seguir con la serie de procesos penales y laborales que comenzaron hace unos tres años.
La secretaria ejecutiva del sindicato y exdirigente de la Central Obrera Departamental (COD) Rosa Mae Pérez regresó a su fuente laboral después de tres meses de lucha. Algunos de sus compañeros tuvieron que aguardar su reincorporación hasta un año.
Mae fue despedida junto a otros siete dirigentes y exdirigentes sin que se respete el fuero sindical ni el debido proceso.
“Nos demandaron por el delito de sabotaje por un paro de 2016, que el Ministerio de Trabajo declaró ilegal. Nosotros solo reclamábamos el cumplimiento de la Ley General del Trabajo”, afirma Mae.
Rosa Mae, dirigente sindical.
En agosto de 2018, la empresa publicó un edicto buscando a los trabajadores acusados de sabotaje. “Estábamos con un pie en la cárcel”, recuerda la dirigente. Hoy está agradecida con los abogados laboralistas y penalistas que les defendieron sin cobrar un centavo. “Hemos recuperado nuestra libertad porque nos sacaron sobreseimiento de la Fiscalía y, mediante el Ministerio de Trabajo, nos hicieron respetar el fuero sindical”, resume Mae.
La resiliencia al acoso laboral fue puesta a prueba a diario. A los trabajadores les quitaron el comedor y cambiaron el horario de refrigerio. A la madre de una niña con cáncer le impusieron, además de sus tareas, limpiar la planta. Cuando ella objetó que esa labor no estaba en su contrato, la despidieron.
A Mae le quitaron los turnos y le pusieron en horario diurno. Como a la hora de almuerzo ella no se iba, la amenazaron con “proceso por allanamiento de propiedad privada”. Con un nudo en la garganta, Mae decía: “hagan conmigo lo que quieran. Yo no estoy robando ni haciendo nada malo, pero voy a defender mis derechos”.
La dirigente temía el fin del sindicato, fundado en 2011, y que los 50 trabajadores acabaran en la calle. “El ambiente era muy pesado. Era terrible trabajar en esas condiciones. No sabíamos en qué momento vendría la Policía a notificarnos”, recuerda.
Juicio al empleador
El acoso amainó cuando los socios de la industria fueron demandados para que presenten pruebas de sus acusaciones. “Nos hemos hecho de valor al ver al empleador en la FELCC. No solo nosotros íbamos a estar todos los días en la Fiscalía”, afirma la dirigente.
Hoy el empleador y los trabajadores enfrentan una serie de demandas en estrados judiciales. Por eso es que los socios de la industria proponen a los trabajadores que levanten las demandas para revisar cada punto pendiente. Mae sugiere firmar actas de cumplimiento antes de retirar las demandas. Los trabajadores no olvidan el dolor y la angustia del retiro injustificado ni su dignidad mellada con la publicación de rebeldía. Con ese antecedente no pueden acceder ni a un crédito de consumo.
Mae enfrenta siete procesos penales desde 2016, empezando por una acusación de “aborto forzoso”, porque habrían hecho renegar a la directora de recursos humanos que perdió a su bebé. Luego fue demandada por el delito de amenazas y más tarde por sabotaje.
Prácticas antisindicales
El abogado laboralista Gonzalo Rodríguez destaca que se han creado disposiciones legales para favorecer el respeto del fuero sindical y otras, en concordancia con la Constitución Política del Estado. Sin embargo, hay una “oleada de prácticas antisindicales que afectan al derecho a la organización laboral en Bolivia”.
En los últimos meses se han dado al menos 18 formas de vulneración de los derechos colectivos, que van desde limitación a la huelga hasta la represión penal del sindicalismo. Varios de esos atentados fueron analizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que hizo recomendaciones al Gobierno boliviano desde 2014, pero que hasta la fecha no se cumplen. El ministro de Trabajo, Milton Gómez, afirma que se tiene que debatir entre la parte laboral, la patronal y el Estado antes de cumplirlas. Rodríguez observa que “el Gobierno se escuda ante la OIT señalando que trabaja con la COB en la nueva Ley General del Trabajo”, pero, han transcurrido más de siete años y la norma no existe.
Aurora Villarroel, secretaria ejecutiva Sirmes CNS Cochabamba.
Acoso
El Sindicato de Ramas Médicas de la Caja Nacional de Salud (Sirmes CNS) inició un paro indefinido en agosto por la derogatoria de la Ley 1189, que atenta contra la economía de la institución, por la institucionalización de los cargos y porque se incorpore al sector Salud a la Ley General de Trabajo.
En medio de la protesta, se conoció la Sentencia Constitucional 0326, que reconoce derecho a huelga y rechaza procesos contra dirigentes. Sin embargo, falla que la protesta no puede ser indefinida y da dos años para que la Asamblea Legislativa limite el derecho a la huelga en el sector Salud.
Años atrás, se logró respeto al derecho al paro con la Resolución 05/2017, que rechaza la acción popular 19/05/17, que pretendió prohibir las huelgas en Salud. Las organizaciones también enfrentaron dos intentos de demandas de juicio penal bajo el supuesto atentado a la salud. El Tribunal Supremo de Justicia falló que, para sentenciar a los médicos, tendría que haber un daño real como consecuencia de la huelga.
La secretaria ejecutiva de Sirmes CNS de Cochabamba, Aurora Villarroel, denunció el acoso de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (ASSUS) que envió, el 8 de octubre, una nota al administrador regional exigiendo que “retire a los huelguistas de hambre con la Policía”. Sirmes respondió que no son las funciones del ASSUS intervenir en cuestiones sindicales y se movilizó con pacientes para impedir la intervención.
Sabotaje
Rodríguez califica de “aparente avance” la derogatoria del artículo del Código Penal que señalaba como delito el llevar a cabo una huelga declarada ilegal, porque muchas empresas equiparan un paro ilegal con sabotaje.
“Hay casos en los que la Fiscalía se ha prestado a llevar procesos penales en ese sentido, incumpliendo su mandato de objetividad y recomendaciones de dos fiscales generales”.
El Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, afirma que para frenar la persecución penal a dirigentes con la figura de sabotaje se recurrió a la Fiscalía y al Tribunal Constitucional.
Rodríguez observa que el Proyecto de Ley 275/2019-2020, que busca frenar el uso abusivo de esa norma, está paralizado en Senado desde el pasado 15 de mayo, cuando fue aprobado por Diputados.
Sobre los juicios de sabotaje, el Ministro de Trabajo se limita a señalar que el Ministerio de Trabajo “hace cumplir la ley”.
Atentado al fuero sindical
Una industria farmacéutica de Cochabamba ofreció bonos a los empleados que se desafilien, para que desaparezca el sindicato que exigía seguro de salud y cese de los despidos intempestivos.
Los trabajadores realizaron un paro que fue declarado “ilegal” por el Ministerio de Trabajo, pero, una segunda huelga cumplió todos los requisitos y la compañía inició un proceso de desafuero contra el secretario ejecutivo Carlos Acarapi Mansilla. Durante varios días, la empresa le cerró las puertas de ingreso al dirigente y luego, con ayuda de un notario, certificaron “abandono del trabajo” para retirarlo.
Uno de los testigos del proceso fue despedido a la semana de prestar su declaración, como venganza de la patronal. La Dirección de Trabajo ordenó la reincorporación, pero el empleador se resistió hasta que fue conminado con un amparo constitucional. El patrón tuvo que cancelar sueldos y beneficios para efectivizar el despido aceptado por el trabajador, que durante el proceso halló otra forma de subsistir. “Es lamentable la actitud de la patronal que desacata a las autoridades y allana el camino de la vulneración de los derechos. Ese es el pan de cada día”, opina el abogado Alain Rivera.
El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección Departamental, solo goza de facultades conciliatorias, no hay coercitividad para hacer efectivo el uso de los derechos laborales, por lo que el afectado tiene que recurrir a tribunales de Justicia.
Multas irrisorias
La Ley 3352, aprobada en 2006, eleva a rango de ley el Decreto Ley 38 de 1944, que establece el fuero sindical. A la vez, congela las multas que sancionan la vulneración al fuero sindical estableciendo en un rango de 1.000 a 5.000 bolivianos “Son sumas irrisorias y los malos empleadores prefieren pagar la multa”, dice Rodríguez.
En el año 90, el atentado al fuero sindical era sancionado con multa de 10.000 bolivianos, que entonces equivalían a unos 150 salarios mínimos nacionales de 60 bolivianos. Hoy, la máxima multa es de apenas dos y medio salarios mínimos.
Desamparo
El movimiento sindical también ha sido afectado por sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional que le han quitado fuerza al rol fiscalizador del Ministerio de Trabajo, respecto al cumplimiento de normas laborales y derechos sindicales. Antes, las denuncias por infracción a normas sociales tenían una sentencia en el ámbito de la justicia laboral e implicaba cobrar la multa y la obligación del empleador de restituir el derecho afectado.
El Constitucional falló que la sentencia es “solo es para cobrar la multa y deja al trabajador a que haga su juicio aparte, en una total desprotección”, explica Rodríguez. Esa sentencia fue aprobada, entre otros, por el magistrado Rudy Flores, hoy representante plenipotenciario por Bolivia ante la OIT en Ginebra.
Menos sindicatos
Según la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística de 2011, el 11% de los obreros pertenecía a algún sindicato. Cinco años después, solo el 4% estaba sindicalizado. En el sector público, la tasa de sindicalización bajó de 50% a 31% en el mismo periodo. En el sector privado, en 2011, el 12% de trabajadores tenía sindicato, pero en 2016 solamente el 5% estaba sindicalizado.
El investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Agrario y Laboral (CEDLA) Bruno Rojas identifica a la penalización de la protesta como una de las principales causas por las que disminuyó la sindicalización.
El director departamental de Trabajo de Cochabamba, Adolfo Arispe, afirma que se reconoce a los dirigentes de sindicatos ya constituidos y a muy pocas organizaciones nuevas. El Foro Laboral tacha de ilegal al Decreto Supremo 2348 (1/5/2015), que obliga a los sindicatos a tramitar personería con resolución suprema y firma del Presidente del Estado.
El máximo ejecutivo de la COB resta importancia al retroceso en la sindicalización en Bolivia y pondera a las organizaciones de padres de familia, juntas de vecinos y agrupaciones de jóvenes, lo que “garantiza el ejercicio de la democracia”.
El abogado laboralista Alain Rivera afirma que, en Cochabamba, “si un trabajador pretende formar un sindicato es echado inmediatamente a la calle”.
Advierte que, “desde el momento en que los trabajadores no tienen un sindicato, no se les respeta ningún beneficio. Lo más grave es que el propio Gobierno promueve la discriminación. Los funcionarios públicos no están dentro la Ley del Trabajo, carecen de derechos y beneficios. Tienen que estar a órdenes del partido de Gobierno para mantener su empleo”.
Mercenarios y trasnacionales
Las protestas laborales son judicializadas, a pesar de resoluciones que prohíben taxativamente que fiscales conozcan conflictos de orden social. Las empresas “contratan abogados casi como mercenarios para perseguir a los trabajadores, lo que avergüenza a los profesionales”, critica Rivera.
En una empresa constructora trasnacional, los dirigentes contrataron a dos abogados que fueron comprados por la patronal e iniciaron procesos penales con amenaza de prisión si no renunciaban a su condición dirigencial. “Esa no es una situación excepcional”, observa.
Rivera denuncia el “•modus operandi” de algunas multinacionales con franquicia en Bolivia. Son grandes cadenas de restaurantes que acosan a los trabajadores sin pagarles el salario para que abandonen el empleo y no honrar sueldos ni beneficios sociales.
Solo el 5% de la fuerza laboral goza de todos sus derechos. La vulneración de normas se da mucho más en provincias, donde la presencia del Estado es nula y, por falta de recursos y por las distancias, los trabajadores no llegan a la Dirección de Trabajo que, con todas sus limitaciones, en algunos casos permite la vigencia de los derechos.
La justicia tarda
“No aconsejo a los trabajadores seguir un proceso, porque no hay buen término después de cuatro a cinco años de un proceso”, dice Rivera. Rodríguez especifica que, antes de 2009, un proceso laboral duraba, incluyendo el recurso de casación, dos años. Hoy puede demorar ocho o diez años.
Hay casos en los que pasaron siete años y ni siquiera hay sentencia de primera instancia, lo que repercute negativamente en el reclamo de los derechos individuales y colectivos.
María Eugenia Guerrero, exdirigente sindical.
Dependencia y venganza
Uno de los problemas que enfrenta el sindicalismo en Bolivia es la falta de independencia. La COD de Cochabamba se dedica a llenar libros para el Gobierno. “Esas instancias laborales han sido coptadas y estatizadas . Desde ese momento, hay nula posibilidad de ejercer los derechos de los trabajadores, porque los dirigentes están del lado de la patronal”, señala Rivera.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo impulsa a líderes sindicales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). El 4 de octubre, delegados de 24 escuelas sindicales del país celebraron el II Encuentro Nacional de Escuelas Antiimperialistas de los Trabajadores”, con 2.696 participantes, de los cuales 600 pertenecen a Cochabamba.
La exdirigente de la Caja Nacional de Salud y exsecretaria de prensa y propaganda de la COD María Eugenia Guerrero lucha años para no perder su fuente laboral.
Guerrero fue doblemente discriminada por ser mujer y por defender la independencia político sindical. “Fue una tarea difícil que casi me costó el trabajo. Sabía que era así y que hay que seguir luchando”, reflexiona.
Guerrero fue elegida dirigente de la COD en el Congreso de 2012. En el directorio manifestaba su posición crítica y los dirigentes de entonces aprovecharon la baja prenatal de Guerrero para sacarla de la lista de dirigentes en comisión, pues se amplió el mandato debido a las elecciones nacionales. El secretario ejecutivo de entonces Luis Villarroel se dio la mano con el Gobierno y obtuvo un cargo electivo. La meta era hacer campaña para el Gobierno desde la COD, sin que nadie exija respeto a los principios de independencia política y al estatuto de la institución.
Después de la baja postnatal, la dirigente vuelve a la COD y le dicen que ya no era del directorio y que perdió su empleo, porque debió haber regresado a trabajar. Los dirigentes de la COD no notificaron de la ilegal decisión ni a Guerrero ni a la Caja.
Para defender su trabajo, la dirigente se declaró en huelga de hambre con su bebé. La medida se suspendió casi de inmediato, gracias al respaldo de las bases de la Caja y la presión social hizo que Guerrero no pierda su empleo.
Tiempo después, el sindicato de la Caja, que era masista, inició un proceso interno y logró la destitución de Guerrero. Nuevamente, la exdirigente tuvo que luchar por su reincorporación, recurriendo incluso a un amparo constitucional, del que aún falta la ratificación del fallo favorable desde Sucre.
Como revancha, Guerrero fue desafiliada ilegalmente del sindicato Casegural sin proceso interno, pero ella continúa en la lucha por los derechos de los trabajadores y de las mujeres.
