Giovana de la Cruz / Piedra en el zapato
Desde que llegó la pandemia al país las autoridades gubernamentales dispusieron medidas para el resguardo de la salud de la población; sin embargo, fue lento el accionar frente a diversos grupos vulnerables invisibilizados en el espacio público durante mucho tiempo. Es así que las personas en situación de calle, en este contexto de crisis sanitaria y social, fueron refugiadas en albergues, derivadas a centros de acogida o en algunos casos retornaron de manera provisional a la casa de algún familiar.
Presas de la desinformación
Cuando el 2020 el Gobierno Nacional dictó la cuarentena rígida en todo el país como consecuencia de la emergencia sanitaria por la Covid-19; los niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle negaban la existencia del virus y lo vinculaban a un engaño del Gobierno transitorio de entonces.
Una de las características de la población en situación de calle es que no se informan por los noticieros. Al estar la mayor parte del tiempo en el espacio público se anotician a través de las redes sociales como Facebook y WhatsApp, situación que los hace presa fácil de la desinformación.
Esto provocó que se resistieran a recibir apoyo para resguardarse en un lugar seguro. Sin embargo, tuvieron que pasar solo unos días de la restricción dictada para que ellos mismos busquen apoyo debido a que sin gente en las calles, ellos no podían generar ingresos económicos.
La población en situación de calle en la sede de gobierno genera ingresos económicos de dos formas: la primera es a través de la venta de caramelos, limpiando parabrisas, vendiendo periódicos y en algunos casos lustrando calzados en lugares comerciales de la ciudad.
La otra manera de generar dinero de forma ilícita es a través del robo, en especial de celulares que son vendidos a comerciantes del conocido Barrio Chino de La Paz.
Los niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle de La Paz se desplazan por sectores como el Prado paceño, la Pérez Velasco, plaza Alonso de Mendoza y en algunos casos hasta la Garita de Lima.
Sin embargo, los adultos que se dedican al robo, venta de droga; se instalan en inmediaciones del Cementerio General.
Ambas formas de generar ingresos económicos, tanto de manera lícita como ilícita, dependen del movimiento de las personas en las calles, mismo que fue paralizado significativamente por la pandemia, afectando a su economía.
Es entonces que la gran mayoría de esta población se refugió en el albergue habilitado por la Gobernación y Municipio o en el centro de acogida de la Fundación Remar Bolivia.
Por otro lado, la población en situación de calle que presentaban mayor deterioro en su aspecto físico producto del alcohol e inhalantes, habilitaron antiguos torrantes (lugares precarios donde se acogen) dentro del Campo Urbano Central. Y, por último, una minoría se quedó temporalmente en la casa de algún familiar.
La crisis económica que los obligó a retornar a la calle
A medida que la cuarentena rígida se dinamizaba, la población en situación de calle abandonaba los albergues y centros de acogida, para volver a las calles. Pero el espacio público ya no era el mismo, había una explosión de comercio informal y la gente se movilizaba con implementos de bioseguridad.
Al estar desprovistos de implementos de bioseguridad, la gente ya no les compraba ni se les acercaba, incluso hubo situaciones en que familias que ya estaban en el proceso de abandono de la situación de calle tuvieron recaídas fuertes por el hecho de no contar con recursos económicos.
“Las familias que ya habían salido del espacio calle tuvieron que retornar debido a que sus dueños de casa no quisieron esperar el pago del alquiler”, asegura un educador de la Fundación Alalay.
El educador de calle afirma que las autoridades vieron a la población en situación de calle como un riesgo de salud pública “por el hecho de no portar barbijos”, hecho que provocaba su desalojo de los espacios públicos. Es así que instituciones privadas tuvieron que responder a las necesidades de esta población.
La permanencia de los torrantes
Una vez asumida la presidencia por el gobierno del Presidente Luis Arce Catacora, significó una sensación de alivio para muchos adolescentes y jóvenes en situación de calle porque ello les significaba volver a sus actividades económicas, pero esta vez con barbijo en el rostro porque fueron testigos del contagio del virus en educadores de calle, directores de centros de acogida, algunos que llegaron a fallecer.
En la dinámica de la calle, los lugares de pernocte como alojamientos, internets, se volvieron a habilitar, incluyendo a los torrantes del Parque Urbano Central, que hace años dejó de funcionar en La Paz.
Por su parte el municipio paceño cuenta con un programa de Riesgo Social dependiente de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social, con el fin de atender a personas mayores de 18 años en situación de calle con problemáticas de alcohol.
Dicho programa brinda también atención básica inmediata para inducir a esta población a que inicie un proceso de recuperación y rehabilitación remitiendo a un albergue o comunidad terapéutica mediante convenios y aliados estratégicos.
Mirko Terán, técnico del programa de Riesgo Social, asegura que en el tiempo que vienen trabajando no han contactado menores de edad en situación de calle en la ciudad, porque de hacerlo, deben ser derivadas a la Defensoría.
Sin embargo, este medio mediante las actividades desarrolladas con instituciones privadas para realizar la presente investigación, pudo evidenciar que en la sede de gobierno sí existe población de menores de edad en situación de calle, mismos que presumiblemente buscan estrategias para no visibilizarse ante el programa del municipio posiblemente para no ser derivados a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Nota original publicada en: https://piedraenelzapato.com/la-cuarentena-y-el-retorno-a-los-torrantes-en-la-paz/
Esta investigación se realizó en el marco del taller virtual “El periodismo como ejercicio de defensa de derechos” que realizó la red UNITAS con el apoyo de la Unión Europea y en coordinación con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el coauspicio de FUNDAMEDIOS de Ecuador, dentro del proyecto “Sumando Voces Multiplicando Acciones: Las Organizaciones de la Sociedad Civil defensoras de derechos y redes de prevención y protección de grupos específicos en Bolivia”.
