En marzo de 2026, la administración del presidente Donald Trump daba a conocer el proyecto «Bóveda Segura»; con el fin de invertir 12.000 millones de dólares en la extracción de minerales necesarios para la industria armamentista y tecnología, inversión que apunta directamente a países de Latinoamérica. Esta iniciativa surgió como contrapeso a la dependencia hacia China, quien actualmente es el proveedor del 90% de tierras raras del planeta, minerales necesarios para las mencionadas industrias de la nación norteamericana.
La necesidad urgente de EE. UU. de estos minerales hace pensar que la explotación de estos será de manera intensiva y agresiva. La presión de la guerra y la dependencia de la economía norteamericana de la industria armamentista y tecnológica generan una demanda real de estas materias primas. La idea es que EE. UU. no solo disponga de materias primas para satisfacer su demanda; la finalidad es tener un stock acumulado para no sean afectados negativamente por las fluctuaciones de precios. Días después del anuncio del Proyecto Bóveda, el Departamento de Estado firmó 11 acuerdos sobre minerales críticos que declaran la intención de otros países de colaborar con la Casa Blanca. Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú fueron los cuatro países latinoamericanos firmantes.
Al momento de leer la noticia, inmediatamente se me vino a la mente la crisis que pasó Bolivia en 1985; los paralelismos no deben ser ignorados. Bolivia vivió 85 años de relativa estabilidad económica por la exportación de estaño; todos recordamos en las clases de historia a los barones del estaño: Patiño, Aramayo y Hoschild. Si bien el declive de nuestra economía se debió a la caída estrepitosa de los precios en 1985, este era efecto de acciones que partían desde la Segunda Guerra Mundial. Bolivia entregó su producción a EE. UU. a precios concesionales (bajos) por ser aliado estratégico, lo que limitó el goce económico real para el Estado boliviano; este beneficio que tuvo EE. UU. duró 22 años. Estas ventajas en precios fueron aprovechadas por ellos para acumular el mineral con la finalidad de preservar su seguridad nacional.
La política formal de acumulación comenzó en 1939, con la promulgación de la Ley de Materiales Estratégicos (Strategic Materials Act) al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se dio cuenta de que el estaño era el único metal industrial necesario para la guerra que no se producía en su territorio. En 1940, a través de la Reconstruction Finance Corporation (RFC), el gobierno de EE. UU. comenzó a comprar masivamente concentrados de estaño boliviano para crear una reserva que le permitiera resistir años de conflicto. La crisis boliviana de 1985 se debió a diversos factores, pero uno de ellos fue la liberación del stock de estaño almacenado que tenía EE. UU., lo cual derivó en la reducción de los precios (el costo de producción del estaño boliviano llegó a superar al precio internacional). En un país dependiente económicamente de la minería, esto fue el detonante de la crisis. La historia nos demuestra que no es buen negocio vender a un solo comprador que tiene la finalidad de almacenar el producto, pudiendo ser utilizado a futuro con el fin de manipular los precios del mercado y las decisiones políticas de los países productores.
Los minerales que actualmente son de interés para EE. UU. giran alrededor de la tecnología para desarrollar la Inteligencia Artificial, como el galio, germanio, antimonio y arsénico; para almacenamiento de energía: litio, cobalto, níquel y grafito; y para la industria bélica: tierras raras. Latinoamérica juega un papel crucial en la provisión de estos «recursos naturales». Es difícil no ver el patrón que están siguiendo gobiernos catalogados de derecha, anulando normativas relacionados con la protección del medio ambiente, dando exenciones tributarias y otras facilidades a la inversión orientada a actividades extractivas. Argentina con la modificación de la ley de glaciares, para facilitar la extracción de mineral en ecosistemas sensibles y fuentes de agua; y Chile con el presidente Kast que, al cumplir el mes de gobierno, eliminó 43 decretos ambientales que protegían ecosistemas y biodiversidad. Dentro de ellos, la protección de salares y parques marinos que fueron retirados, según Kast, para fomentar el crecimiento y el empleo.
Sin duda alguna, la administración Trump necesita urgentemente de los «recursos naturales» de Latinoamérica, por ello la inversión de 12.000 millones de dólares. Lo lamentable es la forma en que se está tratando de aplicar, modificando las normativas de los países para acomodarse a los intereses de EE. UU. Lo más desconcertante es que no se están midiendo los impactos negativos ambientales que esta explotación agresiva generará.
China por su extensión se dio el gusto de explotar minerales raros y otros de manera intensiva sin ver las consecuencias negativas en su población. En el procesamiento de estos minerales dejan material radiactivo como torio y uranio. Para separar los minerales se utilizan ácidos fuertes (ácido sulfúrico y nítrico) cuyos vertidos suelen filtrarse a los acuíferos, contaminando el agua potable con metales pesados. El refinamiento libera gases de dióxido de azufre y flúor que dañan la vegetación y los cultivos circundantes. Debido a esto, se registraron aldeas con tasas de cáncer y enfermedades respiratorias drásticamente superiores al promedio nacional. La acidificación del suelo ha dejado vastas extensiones de tierra agrícola estériles, forzando la migración de agricultores hacia las ciudades. Actualmente China está tomando medidas para frenar estos efectos en su territorio con políticas públicas, pero cabe señalar que no toma tales previsiones con sus inversiones mineras en otros países o en extracción minera en océanos. China también aprovechó la política débil y corrupta de los países denominados socialistas, llegando a tener concesiones que generaron la destrucción de ecosistemas (salar del Hombre Muerto, Argentina) y deterioro de la salud de la población por la presencia de metales pesados.
Lamentablemente, los gobiernos latinoamericanos afines a la administración de Trump están debilitando las normativas que precautelan el bienestar de la población y la preservación del medio ambiente. No podemos dejar que ni China ni EE. UU. tengan el poder de decisión sobre nuestros territorios. El empleo y desarrollo que tanto pregonan con la extracción de «recursos naturales» tan solo es un placebo. Si se concreta, volveremos a vivir en una «cueva», felices con las sombras económicas de estabilidad y riqueza, similares a lo vivido con los ingresos del gas natural; estaremos contentos hasta que nuestra cueva se derrumbe nuevamente, volviendo a una triste realidad: una nueva crisis, con un país más contaminado, deforestado y una población con problemas de salud agravados.
Rubén Ticona Quisbert es economista y defensor ambiental.
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