Organizaciones indígenas y campesinas se organizan en el Encuentro nacional por la Tierra y Territorio. Foto: CENDA
Visión 360
Desde varios escenarios, organizaciones indígenas y campesinas expresan su rechazo y protesta contra la Ley 157, denominada oficialmente 1720, que autoriza la conversión voluntaria de la pequeña propiedad a mediana propiedad, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), porque consideran que promueve la concentración de la tierra en manos de grandes propietarios.
Esta disposición legal, según los sectores movilizados, suspende la verificación de la Función Económica Social (FES) por diez años. Además, consideran que es inconstitucional y regresiva en materia agraria, porque “promueve una reconcentración de la tierra en manos de los grandes propietarios, con amenaza indirecta a la propiedad colectiva indígena”.
Por una parte, la marcha indígena que partió desde Pando llegó a Beni, desde donde piden apoyo a la población para continuar su protesta en contra de la norma, que este lunes cumplió el sexto día de caminata.
Un segundo escenario de la movilización se da en el Encuentro Nacional por la Tierra y Territorio de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, que se realiza paralelamente a la marcha de protesta de los campesinos de Pando.
En ese encuentro participan la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), la Central de Mujeres Indígenas Guarayas (CEMIG), la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABOL), la Nación Qara Qara de Chuquisaca y las federaciones de campesinos de Pando y Beni.
También el Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB) y la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), que manifiestan su rechazo a la norma promulgada por el presidente Rodrigo Paz la pasada semana.
La CNAMIB convocó al encuentro en la ciudad de Santa Cruz ante la puesta en vigencia de la norma que, desde su análisis, se constituye en una amenaza contra los pueblos indígenas, originarios y campesinos, en favor del avance de la concentración de la propiedad agraria y la mercantilización del territorio.
El encuentro, que reúne a representantes de comunidades indígenas con base territorial de distintas regiones del país, fue convocado para analizar la coyuntura actual en torno a la tierra y el territorio, así como las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas ante políticas públicas que, según denunciaron, se aprueban sin consulta previa, como la Ley 1720.
Marcelina Amironga, presidenta de CEMIG, calificó la aprobación de la mencionada ley como “un atropello por parte del Gobierno”, porque no se realizó la consulta a los pueblos indígenas.
“Aprobaron una ley que ni siquiera sabemos cómo lo han hecho. Lo han hecho a espaldas de nosotros, tanto de mujeres como de hombres (…). Gracias a nosotros, Bolivia respira todavía aire puro. Tenemos que pelear para que no nos quiten el derecho, nuestra vida, el futuro que esperan nuestros hijos y nuestros nietos”, afirmó.
Eloy Cartagena, de CIRABOL, por su parte, destacó la importancia de debatir y reunirse entre diversos sectores para asumir una posición y tomar acción. “Por lo tanto tenemos que salir, no tenemos que quedarnos callados”, advirtió.
El representante de la Nación Qara Qara de Chuquisaca, Luis Palacios, advirtió sobre las amenazas que se ocultan detrás de la normativa: “Por detrás de esta ley hay mucha trampa. En Chuquisaca estamos todos unidos para poder luchar juntamente con ustedes. No podemos dejar, no podemos permitir”, afirmó.
La presidenta de CNAMIB, Wilma Mendoza, destacó la realización del encuentro porque sirve para analizar las amenazas externas y para que las propias organizaciones se evalúen y construyan una agenda común que pueda posicionarse ante las políticas públicas locales y nacionales.
Sostuvo que este espacio, en referencia al encuentro que se realiza en Santa Cruz, permite debatir las complejidades en torno a la tierra y el territorio, así como las amenazas de políticas públicas sin consulta, normativas que, a la larga, terminan afectando a los pueblos indígenas.
También hizo un llamado a la reflexión sobre los avances históricos conquistados y advirtió que esos derechos reconocidos no pueden retroceder. “Ahora estamos retrocediendo, pero tenemos que dar un paso para dar muchos pasos adelante”, dijo.
Convocó a las organizaciones presentes a definir, en los próximos días de encuentro, cómo se accionará colectivamente en defensa de la tierra, los territorios y las políticas de los pueblos indígenas. El encuentro reúne a cerca de 200 participantes de 28 organizaciones indígenas de tierras altas y tierras bajas.
La vocera del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), Vivian Palomequi, pidió a los asistentes al encuentro que surjan propuestas para sumar a las medidas que serán asumidas en contra de la nueva ley.
Javier Fernández, de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), explicó que están esperando a que la CIDOB convoque a sus organizaciones a actuar para defender sus intereses respecto a la aprobación de la Ley 1720.
“Vamos a hacer nuestra plataforma de demandas. Hemos venido a este encuentro a acogernos a las normas orgánicas, pero si no se da de nuestra cabeza (CIDOB), hagamos por nuestro lado”, dijo.
Las instituciones de la sociedad civil, como el CEJIS, Fundación Tierra y CIPCA, invitadas a exponer su información y datos sobre el tema, coincidieron en que la norma agraria es en realidad parte de un paquete orientado a beneficiar a los sectores con poder económico en el país y a profundizar el modelo extractivista.
Solidaridad con la marcha que salió de Pando
Mientras tanto, la marcha de campesinos de Pando llegó al departamento de Beni, al municipio de Reyes, y en horas de la noche pretendía llegar al municipio de Rurrenabaque, informó radio Fides. Según ese medio de comunicación, en el lugar estaría esperando una comisión del Gobierno nacional para iniciar el diálogo.
Los marchistas enfrentan varios problemas por la falta de alimento, de agua y de recursos económicos para garantizar la marcha que pretende llegar a la sede de Gobierno.
Benito Yumacale, dirigente campesino que forma parte de la marcha de protesta, se dirigió a la población de Reyes: “Quiero pedir al pueblo de Reyes que nos pueda apoyar en el tema de agua, en el tema de medicamentos, en tema de algunos insumos, de alimentos, en todo lo que esté a su alcance de los hermanos de las centrales de Vaca Díez, de Madre de Dios”, afirmó.
Desde el encuentro que se realiza en Santa Cruz, se hizo llegar un mensaje de solidaridad con la marcha de la Federación de Campesinos de Pando, que este lunes cumplió el sexto día de caminata.
“Nosotros sí, desde acá, respaldamos de una manera solidaria esta lucha porque cada acción de cada organización es una lucha de sentimientos (…). Damos fortaleza y esa fuerza que se necesita para los que sabemos caminar en los caminos. Realmente un apoyo moral para los que están caminando”, declaró la presidenta de la CNAMIB.
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