El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) llega a este momento con una tarea mucho más grande que organizar elecciones. Recién renovados, aunque no en su totalidad, el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales tienen por delante varios desafíos. No se trata solo de lo técnico, ni de resolver sus problemas de legitimidad e independencia. El desafío principal es recuperar la confianza de la gente en medio de una de las crisis más difíciles que vive el país.
Después de años de desgaste, el 2025 dejó una pequeña pero importante señal de esperanza. La administración de las elecciones generales permitió recuperar algo de credibilidad. No toda, pero sí la suficiente para pensar que era posible volver a confiar. Sin embargo, esa confianza sigue siendo muy frágil. Depende de cada decisión, de cada mensaje y de la forma en que las autoridades electorales respondan a este momento.
Hoy, cuando el contexto político y social se vuelve más complicado cada día, el TSE intenta mostrar fortaleza. Pero muchas veces esa fortaleza parece basarse solamente en aplicar la norma de manera rígida, casi automática, sin detenerse a pensar en los derechos que están en juego. La ley es importante y nadie espera que el TSE y los TED actúen fuera de ella. Pero tampoco basta con apegarse a la norma como si eso resolviera todo. En momentos como este, las autoridades electorales no solo tienen que cumplir la ley; también tienen que preguntarse si sus decisiones protegen los derechos de las personas.
Eso significa pensar primero en el derecho de los ciudadanos a elegir y también en el derecho de las personas a ser elegidas. Significa entender que una decisión puede ser legal, pero aun así parecer injusta si no se explica bien, si no se entiende o si no toma en cuenta el contexto.
¿Qué espera hoy la gente? Espera claridad. Espera información. Espera sentir que las autoridades electorales entienden la gravedad del momento y actúan pensando en el país, no solo en defender su autoridad. Porque la pregunta ya no es solamente qué dice la norma. La pregunta es qué entiende el ciudadano cuando ve lo que está pasando.
¿Puede seguir confiando? ¿Tiene información suficiente? ¿Siente que existe un esfuerzo real por proteger sus derechos? Son preguntas que las autoridades electorales podrían hacerse con algo de urgencia.
Ya no es tiempo de advertencias o de mostrar autoridad por sí sola. La autoridad sin legitimidad ya no alcanza. El país está en un momento decisivo y la recuperación de la institucionalidad necesita otro tipo de fortaleza: una fortaleza basada en la transparencia, la independencia, la coherencia y la capacidad de escuchar.
Además, es momento de abrir la discusión sobre las reformas electorales porque la normativa electoral podría no estar cumpliendo con la Constitución Política del Estado. Por eso, el OEP tiene la responsabilidad de asumir las reformas con seriedad, transparencia y apertura. Las reformas que vienen no pueden construirse entre pocos ni detrás de puertas cerradas. Necesitan la participación de organizaciones políticas, instituciones, expertos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía. Solo así podrán recuperar legitimidad y responder a lo que el país necesita.
Esperamos un OEP que explique mejor sus decisiones, que dialogue, que escuche y que esté dispuesto a revisar lo que sea necesario para fortalecer la democracia. No se trata de romper la norma, sino de aplicarla con un sentido más justo y más democrático.
Reconstruir la confianza en las instituciones no será fácil. Ninguna autoridad o institución puede hacerlo de un día para otro. Pero ese camino existe y se debe empezar ya, con más responsabilidad, más transparencia, más compromiso y más exigencia. Eso es lo que hoy espera la ciudadanía: volver a confiar.
Sandra Verduguez es comunicadora social, integrante de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).
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