Los vocales que fueron nombrados por los magistrados prorrogados asumieron sus cargos este miércoles. Foto: ANJ
Ante el caos judicial existente tras la prórroga del mandato de los magistrados de los altos tribunales del país, los juristas independientes proponen la realización de un referendo para preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo con mantener en sus cargos a esos magistrados o si se debe convocar a elecciones judiciales para reemplazarlos.
La jurista Kathia Saucedo indicó que se pedirá “el llamamiento a un referéndum nacional donde se le pregunte al soberano si quiere la designación de nuevos magistrados o si quiere la prórroga”, pero agregó que, al mismo tiempo, se le tendría que preguntar sobre los problemas de fondo de la justicia, como la comisión nacional de postulaciones destinada a despolitizar los nombramientos, el presupuesto, la justicia indígena originaria campesina y sistemas alternos de resolución de conflictos.
La propuesta será oficializada en las próximas horas por los juristas, el colectivo que el 2023 impulsó también un referendo para reformar la Constitución con miras a reformar la justicia boliviana, propuesta que quedó trunca porque no se logró la meta de 1,5 millones de firmas.
La lógica es que para ampliar el mandato de los magistrados, el único camino es la reforma de la Constitución o la decisión del soberano “que está en un estrato superior a la propia Constitución”, explicó Saucedo.
Sin embargo, para dar curso a una propuesta de esta naturaleza se requiere voluntad política, algo que los partidos no han demostrado ni siquiera para convocar a elecciones judiciales.
Entre tanto, la presión social y política para que los magistrados abandonen sus cargos se mantiene, lo que ha derivado en la dimisión de cuatro de ellos, dos del Tribunal Agroambiental, uno del Tribunal Supremo de Justicia y uno del Tribunal Constitucional.
Las altas cortes del país están integradas por 26 miembros que, según la Constitución, deben ser elegidos por voto popular. El Tribunal Supremo tiene nueve integrantes, el Tribunal Constitucional cuenta con siete miembros, el Tribunal Agroambiental está compuesto por siete magistrados y el Consejo de la Magistratura, que solo tiene funciones administrativas, cuenta con tres integrantes.
Saucedo considera que todos deben dejar sus cargos porque carecen de competencia. “Si yo fuera uno de ellos mi posición sería renunciar, ni siquiera cabe renunciar, porque en realidad lo que uno tiene que hacer cuando fenece el tiempo de mandato por una norma competencial es irse porque nadie puede obligarte a ejecutar un acto ilegal que carece de competencia”, indicó la jurista a Sumando Voces.
Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, que asumió su mandato cuando los magistrados ya estaban prorrogados en sus cargos, dijo que la declaración de prórroga del Tribunal Constitucional tiene carácter vinculante, por tanto “no es posible sustraerse, corresponde acatar”.
“No es posible dejar un vacío de Poder en el Órgano Judicial, porque eso vulneraría la institucionalidad, generaría vulneración a los derechos y garantías de las personas”, dijo este miércoles en conferencia de prensa.
Argumentó que, si bien existe una norma que establece el tiempo de duración de funciones, “por encima de esa norma regla existen normas principio, existe una parte dogmática en la Constitución, que tiene aplicación preferente”, referida a que no se puede dejar un vacío de poder.
La abogada Saucedo, en cambio, indicó que “el Tribunal carecía de competencia” y que lo único que debía hacer es poner en una balanza el proyecto de ley de convocatoria a elecciones judiciales y la Constitución.
“El otro elemento importante es que el TCP ha roto uno de los principios básicos: usted no puede fallar en un caso en el que usted está involucrada, porque eso viola la independencia y la objetividad”, indicó.
¿Cuándo serán las elecciones judiciales?
Las elecciones judiciales debieron realizarse el año pasado para que el 2 de enero asuman los nuevos magistrados, sin embargo, la falta de acuerdos y la dilación del propio Tribunal Constitucional, dejó al país sin comicios, por lo que se esperaría que estos se celebren este año.
Sin embargo, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, denunció que “el objetivo político de algunos es patear las elecciones hasta el 2026”, es decir, hasta que haya un nuevo Gobierno.
De hecho, el ministro de Justicia, en entrevista con Correo del Sur, abrió la posibilidad de que las elecciones no se realicen este año, porque existe una agenda política intensa.
“Lo que ya nos viene complicando es la realización del Censo en marzo, la distribución de escaños en septiembre, el nuevo mapa electoral, las primarias y lo que viene en un año electoral como el 2025”, indicó.
Al respecto, la abogada Saucedo dijo que “estaba clarísimo que no iban a haber elecciones el 2024, incluso, tengo dudas que hayan después, en el marco de lo que ha venido sucediendo, creo que ha habido una estrategia bien armada, no ha sido casual”.
Juristas independientes proponen referendo sobre la prórroga de mandato y los otros problemas de la justicia
Ante el caos judicial existente tras la prórroga del mandato de los magistrados de los altos tribunales del país, los juristas independientes proponen la realización de un referendo para preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo con mantener en sus cargos a esos magistrados o si se debe convocar a elecciones judiciales para reemplazarlos.
La jurista Khatia Saucedo indicó que se pedirá “el llamamiento a un referéndum nacional donde se le pregunte al soberano si quiere la designación de nuevos magistrados o si quiere la prórroga”, pero agregó que, al mismo tiempo, se le tendría que preguntar sobre los problemas de fondo de la justicia, como la comisión nacional de postulaciones destinada a despolitizar los nombramientos, el presupuesto, la justicia indígena originaria campesina y sistemas alternos de resolución de conflictos.
La propuesta será oficializada en las próximas horas por los juristas, el colectivo que el 2023 impulsó también un referendo para reformar la Constitución con miras a reformar la justicia boliviana, propuesta que quedó trunca porque no se logró la meta de 1,5 millones de firmas.
La lógica es que para ampliar el mandato de los magistrados, el único camino es la reforma de la Constitución o la decisión del soberano “que está en un estrato superior a la propia Constitución”, explicó Saucedo.
Sin embargo, para dar curso a una propuesta de esta naturaleza se requiere voluntad política, algo que los partidos no han demostrado ni siquiera para convocar a elecciones judiciales.
Entre tanto, la presión social y política para que los magistrados abandonen sus cargos se mantiene, lo que ha derivado en la dimisión de cuatro de ellos, dos del Tribunal Agroambiental, uno del Tribunal Supremo de Justicia y uno del Tribunal Constitucional.
Las altas cortes del país están integradas por 26 miembros que, según la Constitución, deben ser elegidos por voto popular. El Tribunal Supremo tiene nueve integrantes, el Tribunal Constitucional cuenta con siete miembros, el Tribunal Agroambiental está compuesto por siete magistrados y el Consejo de la Magistratura, que solo tiene funciones administrativas, cuenta con tres integrantes.
Saucedo considera que todos deben dejar sus cargos porque carecen de competencia. “Si yo fuera uno de ellos mi posición sería renunciar, ni siquiera cabe renunciar, porque en realidad lo que uno tiene que hacer cuando fenece el tiempo de mandato por una norma competencial es irse porque nadie puede obligarte a ejecutar un acto ilegal que carece de competencia”, indicó la jurista.
Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, que asumió su mandato cuando los magistrados ya estaban prorrogados en sus cargos, dijo que la declaración de prórroga del Tribunal Constitucional tiene carácter vinculante, por tanto “no es posible sustraerse, corresponde acatar”. Por el contrario, este miércoles posesionó a los nuevos vocales, nombrados por los magistrados prorrogados.
“No es posible dejar un vacío de Poder en el Órgano Judicial, porque eso vulneraría la institucionalidad, generaría vulneración a los derechos y garantías de las personas”, dijo este miércoles en conferencia de prensa.
Argumentó que, si bien existe una norma que establece el tiempo de duración de funciones, “por encima de esa norma regla existen normas principio, existe una parte dogmática en la Constitución, que tiene aplicación preferente”, referida a que no se puede dejar un vacío de poder.
La abogada Saucedo, en cambio, indicó que “el Tribunal carecía de competencia” y que lo único que debía hacer es poner en una balanza el proyecto de ley de convocatoria a elecciones judiciales y la Constitución.
“El otro elemento importante es que el TCP ha roto uno de los principios básicos: usted no puede fallar en un caso en el que usted está involucrada, porque eso viola la independencia y la objetividad”, indicó.
¿Cuándo serán las elecciones judiciales?
Las elecciones judiciales debieron realizarse el año pasado para que el 2 de enero asuman los nuevos magistrados, sin embargo, la falta de acuerdos y la dilación del propio Tribunal Constitucional, dejó al país sin comicios, por lo que se esperaría que estos se celebren este año.
Sin embargo, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, denunció que “el objetivo político de algunos es patear las elecciones hasta el 2026”, es decir, hasta que haya un nuevo Gobierno.
De hecho, el ministro de Justicia, en entrevista con Correo del Sur, abrió la posibilidad de que las elecciones no se realicen este año, porque existe una agenda política intensa.
“Lo que ya nos viene complicando es la realización del Censo en marzo, la distribución de escaños en septiembre, el nuevo mapa electoral, las primarias y lo que viene en un año electoral como el 2025”, indicó.
Al respecto, la abogada Saucedo dijo que “estaba clarísimo que no iban a haber elecciones el 2024, incluso, tengo dudas que hayan después, en el marco de lo que ha venido sucediendo, creo que ha habido una estrategia bien armada, no ha sido casual”.
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