Foto ilustrativa: CEDLA
ANF
La Fundación Jubileo advirtió que un eventual ajuste económico y la eliminación del subsidio al diésel podrían profundizar la pobreza en Bolivia y llevar a entre 171.000 y 514.000 personas adicionales a esa condición, dependiendo de la magnitud del traslado del incremento de costos hacia los precios finales.
La proyección fue expuesta por Carla Cordero Sade, analista en políticas sociales de la Fundación Jubileo, durante el conversatorio «Medidas de ajuste económico vs. economía popular: Efectos sobre la población más vulnerable», organizado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) en Bolivia.
Cordero explicó que los hogares no cuentan con la misma capacidad para enfrentar un shock económico. Señaló que, aunque Bolivia redujo la pobreza monetaria del 43% al 37% entre 2016 y 2019, y la extrema del 19% al 12,9%, la pandemia evidenció la fragilidad de esos avances.
Según los datos presentados, en 2024-2025 el 44,7% de la población se encontraba en pobreza por ingresos y el 16,9% en pobreza extrema. Esto equivale a unos 5,5 millones y dos millones de personas, respectivamente.
La analista explicó que la vulnerabilidad también alcanza a quienes estadísticamente no son pobres. Cerca de 2,5 millones de personas se encuentran inmediatamente por encima de la línea de pobreza, estimada en alrededor de 1.328 bolivianos mensuales por persona, por lo que un aumento del costo de vida puede reducir rápidamente su capacidad de compra.
Las microsimulaciones de Jubileo plantean que, ante la eliminación del subsidio al diésel, la pobreza podría subir del 44,7% al 46%, 47% o hasta 49%, según el impacto sobre los precios. El escenario de mayor impacto supondría 514.000 personas adicionales en pobreza.
Cordero sostuvo que los hogares podrían responder reduciendo la cantidad o calidad de los alimentos, recurriendo a deudas informales, vendiendo activos o postergando gastos de salud y educación.
Frente a este escenario, planteó medidas de alivio inmediato, protección de la nutrición, salud y permanencia escolar, además de políticas destinadas a generar empleo productivo y fortalecer un Registro Social Unificado.
