Minería en Bolivia. Foto: WRI.
En el Día de la Madre Tierra, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) solicitó a los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Humanos (CIDH), que tomen conciencia de la grave situación de vulneración de derechos colectivos en Bolivia y se involucren activamente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos de Bolivia.
«Llamamos a los organismos internacionales de derechos humanos como la ONU, la Relatoría para el Derecho al Medio Ambiente Sano, la Relatoría de Pobreza Extrema, la Relatoría de Derechos de Pueblos Indígenas, la Relatoría de Pueblos Indígenas de la CIDH, a tomar conciencia de la vulneración de derechos colectivos que se está generando en Bolivia con los privilegios inconstitucionales que otorga el gobierno boliviano al sector minero, a los colonizadores y a los capitales del empresariado nacional y transnacional», señalaron en un manifiesto este 22 de abril.
Fueron enfáticos al señalar que las áreas protegidas y los territorios, que son sus fuentes de agua y alimento, son violentados constantemente, lo que está empujando a los pueblos indígenas a la pobreza extrema.
Asimismo, la Contiocap alertó sobre la aprobación de leyes y contratos mineros que no cumplen con los estándares legales y ambientales establecidos, lo que representa un grave riesgo para el medio ambiente y para las comunidades que dependen de estos recursos naturales.
«La Resolución Administrativa AJAM/DJU/RES-ADM/16/2023 emitida por la AJAM, no solo deslinda responsabilidad sobre el control de la minería llamada ilegal, sino que cambia lo tipificado como delitos contra la Madre Tierra a un simple llenado de formulario administrativo. Además desincentiva las denuncias directas por los desastres medioambientales de la minería ante esta instancia estatal, e incluso genera riesgo para el denunciante de ser criminalizado y sufrir hasta ataques cibernéticos, porque exigen más datos obligatorios que a quienes cometen delitos contra la Madre Tierra», indica el punto B del manifiesto.
Señalan que la minería legal también es inconstitucional, porque no tiene un sistema de control de la contaminación de ríos, la destrucción de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, el despojo de territorios a comunidades indígenas y campesinas, avasallamiento a áreas protegidas, áreas fiscales, forestales, etnocidio de poblaciones indígenas y asociación ilegal con capitales transnacionales.
«Y tal como ha declarado el ministro minero Santos, de que acelerará los contratos mineros en áreas rurales, el Gobierno está a punto de aprobar la Ley 036, que legalizará 19 contratos mineros que no cumplen siquiera con su propia Ley 535, que en su artículo 93 exige que deben contar con estudios multisectoriales. Pero la AJAM, ha determinado que como ese requisito no estaría reglamentado, para que los mineros obtengan sus exigencias, quieren omitir ese requisito», agrega otro apartado.
A este manifiesto se sumaron más de 40 instituciones y organizaciones, así como medios de comunicación.
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