Foto: Representantes del Ayllu Acre Antequera de Oruro en una protesta por la defensa de su territorio frente a la contaminación minera.
Durante el 2022 se han registrado casos de desprotección hacia las organizaciones y personas defensoras de derechos, que, entre otros, son obstrucción en su labor y sufren de una división promovida desde el Estado. Esta conclusión está contenida en el Informe de Situación del Observatorio de Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), presentado recientemente.
UNITAS presentó el Informe de Situación 2022 en el que muestra y desglosa las violaciones a las libertades de expresión, de asociación y de reunión pacífica, a la institucionalidad democrática y al derecho a defender derechos cometidas durante el año pasado.
Un antecedente que marca una vulneración continúa y no resuelta hasta la fecha son las condiciones restrictivas y vulneratorias al derecho a la libertad de asociación que aqueja a ONG, entidades sin fines de lucro y fundaciones.
Por ejemplo, estas organizaciones deben circunscribirse a la Ley Nº 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas de Bolivia y al Decreto Supremo N° 1597, que la reglamenta, y adecuar sus estatutos institucionales, definidos en sus personerías jurídicas, a los objetivos establecidos en los planes de desarrollo gubernamentales. “Omitir este proceso, supondría graves sanciones como la suspensión o revocación de sus personalidades jurídicas, vale decir, medidas que ponen en riesgo su propia existencia y sostenibilidad”, resalta el informe y acota que esta normativa contraviene los estándares internacionales sobre libertad de asociación y debido proceso, al estableces causales y sanciones desproporcionadas.
“En este contexto, muchas OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) se han visto en la obligación de alterar sus finalidades e incluso atenuar sus posturas políticas para adecuar sus estatutos a los lineamientos establecidos por el Viceministerio de Autonomías y desarrollar su labor en el marco del Plan Nacional de Desarrollo”, detalla el informe.
Pero otro aspecto por lo que tropiezan las organizaciones de la sociedad civil, según el informe, son los “obstáculos burocráticos” impuestos a la renovación de documentos esenciales como el Registro Único de ONG, a cargo del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, o la imposición de sanciones tributarias por parte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Sobre este último, también se han observado obstrucciones al funcionamiento de una asociación de parte del SIN. En 2022, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) sufrió permanentes ataques de diferentes entidades estatales que la han desconocido y han avalado a una dirigencia paralela encabezada por afines al partido de Gobierno. El SIN, por ejemplo, ha retirado a Amparo Carvajal como representante legal de la APDHB y en su lugar inscribió como tal a Edgar Salazar, quien encabeza la organización paralela.
A la APDHB se suman otras organizaciones como Acción Cultural Loyola, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos de Guarayos, el Magisterio urbano y otras organizaciones a las que se ha obstruido su funcionamiento, se ha suplantado o dividido interinamente o, como el caso del gremio de los maestros urbanos, se ha obstaculizado indebidamente su libre determinación de sus estatutos, estructura y actividades. En 2022, suman un total de 53 casos que han atentado en contra de la libertad de asociación.
“Estos casos se constituyen en un indicador del grave estado de desprotección en el que actúan las organizaciones y personas defensoras de derechos en el país. En particular, los efectos más sentidos de esta situación son experimentados por las organizaciones y personas defensoras críticas al gobierno; se trata pues de violaciones que por su frecuencia devienen en estructurales”, sintetiza el informe.
Derechos de los defensores
En lo referido al derecho de personas y organizaciones defensores de derechos, en 2022 se han registrado un total de 59 vulneraciones, de acuerdo con el Observatorio de Defensores de UNITAS. Entre los actores vulnerados se encuentran la APDHB, defensores medioambientales y de pueblos indígenas como la Subcentral de organizaciones de mujeres de Tariquía, los dirigentes de Ayllu Acre Antequera de Oruro o de dirigentes de la comunidad Zongo de La Paz.
Pero no sólo son organizaciones, sino personas particulares que han asumido el rol de defender derechos los que han sido víctimas de vulneraciones. El informe detalla que, de las 59 vulneraciones en 2022, 39 corresponden a defensores de derechos individuales, ocho a defensores de derechos medioambientales, cuatro a periodistas, tres a organizaciones defensoras de derechos, tres a organizaciones de la sociedad civil, una a población indígena y una a persona particular.
De estas cifras, quienes mayor cantidad de vulneraciones cometen hacia las personas y organizaciones defensoras de derechos son la Policía, autoridades del ejecutivo nacional, el Ministerio Público y autoridades del Órgano Judicial.
“A pesar de que la labor de estas personas es fundamental, en el sentido del ejercicio general de los derechos humanos y del fortalecimiento de la democracia, enfrentan constantemente hechos hostiles que llegan a poner en riesgo su integridad; todo ello en un contexto de escasas tutelas, de jure y de facto, por parte del Estado”, precisa el informe.
El Informe de Situación es producto de un trabajo diario de monitoreo y seguimiento que lleva adelante el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, que registra casos de vulneración en todos los niveles territoriales: nacional, departamental, municipal, regional y territorios indígena originario campesinos. Está disponible para su lectura y descarga en el siguiente enlace https://redunitas.org/download/informe-de-situacion-2022/
