El Informe de Situación 2019 elaborado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) pone en evidencia la asfixia económica que están sufriendo las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Bolivia por la actual política tributaria, que vulnera la libertad de asociación.
En el acápite referido a la libertad de asociación, el informe desglosa siete casos de vulneración a través de tres formas: obstaculización indebida al trabajo de una asociación (cuatro casos), la criminalización de miembros de una asociación (dos casos) y la obstrucción indebida de la libre determinación de estatutos, estructura y actividades (un caso).
El informe señala a la Ley 351 de Personalidades Jurídicas y a sus decretos reglamentarios, como los que limitaron “severamente” la posibilidad de acción de las OSC como interlocutoras entre la sociedad y el Estado. “A esto se agrega una política tributaria que, lejos de reconocer el trabajo realizado por estas organizaciones, impone obligaciones impositivas inadecuadas a su naturaleza y a las funciones que desempeñan, y que las asfixian económicamente”, se lee en el informe.
En febrero pasado, aproximadamente 70 OSC consensuaron el contenido del anteproyecto de ley de Reconocimiento de Personalidad Jurídica a Asociaciones y Fundaciones, que busca generar un ambiente propicio y marco legal claro para la obtención de la personería jurídica que las habilita a ser sujetos de derechos y obligaciones. La propuesta busca modificar la ley 351.
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Para UNITAS, la ley 351 y sus decretos reglamentarios “obstruyen indebidamente la libre determinación de sus estatutos estructura y actividades”. Fundamenta esta opinión ante las asociaciones que “han sido perjudicadas por la normativa vigente, pudiendo llegar a una cifra que sobrepasaría el centenar de casos”.
29 vulneraciones a las defensoras y defensores de derechos
El Informe de Situación 2019, además, precisa que hubo 29 vulneraciones a defensoras y defensores de derechos en Bolivia, a través de la obstaculización en la realización de sus actividades por funcionarios o instituciones de Estado (nueve casos), la criminalización indebida, arrestos y detenciones arbitrarias (tres casos) y la no protección en situaciones de riesgo (17 casos).
