Minería ilegal en Madre de Dios. Foto: ANA
Jimena Mercado / ANA
El Territorio Indígena Multiétnico II, en el marco de la Acción Ambiental Preventiva Directa (AAPD) presentada ante el Juzgado Agroambiental en El Sena, Pando, adjuntó 14 pruebas documentales y seis testificales que demuestran que la minería ilegal en el río Madre de Dios abarca el 90% de las operaciones, sobre todo por actores vinculados con la Cooperativa de la Asociación de Balseros (Asobal).
“Los informes, resultado del proceso de Monitoreo Territorial Indígena, dan cuenta que en las entradas a campo realizadas en los años 2021, 2024 y 2025, se registraron porcentajes significativamente mayores de operación en áreas no permitidas, donde solo el 10% de las balsas que operan en el río Madre de Dios se encuentran en zonas autorizadas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)”, señala la acción legal a la que accedió ANA.
Se identificó el desvío de cauces, vertido de combustibles y expansión no controlada de la minería ilegal a lo largo de 184 kilómetros del río Madre de Dios.
Contaminación progresiva y comprobada
Uno de los impactos más documentados y alarmantes, según refleja la acción legal, es la contaminación progresiva y comprobada del río Madre de Dios, el cual —como se ha señalado— constituye una fuente vital de agua, alimento, comunicación y espiritualidad para las comunidades indígenas del TIM II.
“Esta contaminación es consecuencia directa de la intensificación de la minería aluvial mediante balsas, y ha generado impactos ambientales, sanitarios y técnicos que configuran una amenaza sostenida al ecosistema, al territorio y a la vida de sus habitantes”, sostiene el documento.
Los análisis de laboratorio realizados entre 2021 y 2024 por las instituciones especializadas SpectrolabyQuebracho SRL sobre muestras de agua recolectadas en distintos puntos del río han evidenciado niveles preocupantes de contaminantes que superan los límites permisibles establecidos por la normativa ambiental nacional e internacional. Las muestras fueron tomadas en puntos estratégicos como los municipios del Sena en Pando y Riberalta en Beni, así como las comunidades Sinaí, Loreto, Trinidacito y Miraflores.
Entre los parámetros evaluados se identificó la presencia de metales pesados (como plomo, zinc y arsénico), así como aceites y grasas, sólidos suspendidos totales y una conductividad eléctrica elevada, factores que comprometen seriamente la calidad del recurso hídrico, la salud pública y el equilibrio ambiental de la región.
Pruebas documentales y testificales
Entre las pruebas documentales se presentaron los resultados de laboratorio de sedimentos del Spectrolab, un laboratorio de medioambiente dedicado principalmente al estudio de aguas. Depende de la Universidad Técnica de Oruro (12 de noviembre del 2024).
También se incorporó el informe técnico ambiental de deforestación y el Informe técnico ambiental de conteo de balsas realizado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), institución que también acompañó la elaboración de la acción legal.
Los resultados de laboratorio de agua del Quebracho de 10 de junio del 2024 y 6 de febrero del 2025, cartilla de minería aluvial del TIM II, los impactos socioambientales y presiones al Territorio Indígena Multiétnico II, publicado por el CEJIS, la cartilla de minería aluvial del TIM II.
Entre las pruebas documentales también figuran el informe: “El mercurio, una amenaza al Territorio Indígena Multiétnico – TIM II, publicado por el CEJIS”, además de copias de las solicitudes de información presentadas a la AJAM de 16 de octubre del 2023, fotocopia simple de la respuesta de la AJAM del 21 de noviembre del 2023.
También se contemplaron copias de las solicitudes de información presentadas a la AJAM de 19 de febrero del 2025, además de documentación de la respuesta emitida el 20 de noviembre de 2023, documentación de la respuesta emitida por la AJAM de 5 de febrero de 2025, así como copias legalizadas de votos resolutivos pronunciamientos y otros.
Pronunciamientos de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP) y la Central Indígena de Mujeres de Pando CIMAP y asambleístas departamentales (2023) forman parte de las pruebas documentales.
Pronunciamientos de comunidades de tierras bajas afectadas por la minería difundidas entre 7 y 8 de junio de 2024, además de votos resolutivos de la comunidad Costa Rica (24 al 26 de noviembre de 2023), de la Asamblea Ordinaria del TIM II (1 de diciembre de 2024), del Pueblo Tacana, comunidad Naranjal (24 de abril de 2025), de la Nación Cavineña, comunidad Samaria (25 de abril de 2025), de la Asamblea Ordinaria de la Nación Ese Ejja (2025), también forman parte del folio.
Entre las más de 170 fojas presentadas en el Juzgado Agroambiental a cargo de la jueza Milka Romero se contemplan tres informes de monitoreo territorial del TIM II realizados entre mayo de 2024 y enero de 2025.
Monitores socioambientales
Las pruebas testificales corresponden a monitores socioambientales provenientes de la comunidad Indígena Miraflores del Territorio Indígena de la Nación Tacana, de la comunidad Indígena de la comunidad Indígena Galilea de la Nación Cavineña y del Territorio Indígena Multiétnico TIM II.
Se solicitó además a la autoridad judicial requerir al Ministerio de Salud y a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) la remisión oficial de los resultados de los estudios e informes realizados en la gestión 2019 sobre el río Madre de Dios, referidos a las pruebas de cabello realizadas a comunidades indígenas en torno a los impactos generados por la minería aluvial en dicha cuenca, a fin de ser considerados como elementos de prueba.
El presidente del TIM II, Lucio Ayala Siripi denuncia a tiempo de presentar la acción legal, que sus hermanos y hermanas indígenas están siendo perjudicados y contaminados por el mercurio que utilizan los mineros del oro.
“Los auríferos han venido dañando nuestra humanidad, nuestro territorio, por eso hemos presentado esta acción ambiental, esperamos que pronto nos den resultados, la solución por este daño provocado en los cuerpos humanos”, expresa.
El líder indígena explica que la demanda presentada el 1 de julio, también va en contra del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, por no dar seguimiento a este gran daño ocasionado por las balsas auríferas en el río Madre de Dios y también en contra de la AJAM por otorgar los derechos mineros sin consultar a los pueblos indígenas.
“Vemos tantas cuadrículas otorgadas por el Estado. ¿Cuándo nos consultaron?. Nunca. Y también a Asobal hacemos la demanda por permitir que operen estos mineros ilegales”, cuestiona.
Miguel Vargas, director del CEJIS considera que una vez admitida la demanda, además de establecidas las medidas precautorias y preventivas para garantizar la integridad del río Madre de Dios y de las comunidades que se están viendo directamente afectadas por la minería, se debe establecer un comité de seguimiento y de control permanente.
“Esto quiere decir que estas instancias, la AJAM, el Ministerio del Medio Ambiente, la Gobernación de Pando desarrollen acciones de fiscalización, pero además que estas acciones sean acompañadas por los actores que directamente se vean afectados por la actividad”, señala en entrevista con ANA.
En esa línea precisa que debe ser con el TIM II y las organizaciones a nivel regional, como la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y la Central de Pueblos Indígenas Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAC) las encargadas de hacer seguimiento.
“Desde nuestro punto de vista, es histórica esta acción ambiental por dos aspectos; primero, porque convoca a la jurisdicción agroambiental a que tome una decisión en relación a reconocer los derechos que tiene el río Madre de Dios como sujeto de derechos, pero al mismo tiempo sujeto de derechos vinculado íntegramente a la realidad y a las vulneraciones que están viviendo las comunidades del TIM II”, señala el investigador.
Vargas menciona que la justicia agroambiental en el país no ha tomado una posición en términos de jurisprudencia, y si bien muchos territorios indígenas han ido denunciando sistemáticamente la violación de sus derechos por la minería del oro en los ríos, han sido muy pocos los casos que han permitido refrendar esta denuncia con información generada por ellos mismos y que refleja la integridad del impacto.
“Entonces, la demanda plantea la vulneración a los derechos del río Madre de Dios, la contaminación que está sufriendo el río, el impacto que está generando esta contaminación en las comunidades indígenas cavineñas, ese ejjas y tacanas, el impacto a la salud que están sufriendo estas comunidades, el impacto al medio ambiente por la deforestación que están generando la actividad minera, el impacto a los medios de vida de estas poblaciones”, enfatiza.
Advierte que la minería del oro con el uso del mercurio lo que está haciendo es socavar los derechos de los pueblos indígenas y sus medios de producción.
“El impacto por la omisión de consulta previa a las comunidades y finalmente el impacto por la vulneración al derecho al acceso a la información han sido de manera sistemáticas”, enfatiza.
Denuncia que a pesar que el TIM II ha ido solicitando información a la AJAM sobre las autorizaciones transitorias mineras, lamentablemente esta entidad dependiente del Ministerio de Minería ha restringido este derecho permitiendo de esta manera que las actividades ilegales que son responsables de todos los impactos, continúen.
Peor aún, señala que la AJAM por una reglamentación interna le da la carga les da la carga de la prueba a las propias comunidades indígenas que deben presentar sus denuncias precisando coordenadas georeferenciadas de los sitios donde hay minería ilegal. “Esto tiene que cambiar y por tanto la jurisdicción agroambiental tiene también una tarea ahí en el sentido de conminar a la AJAM a que cambie su reglamento”, apunta.
«Las mujeres ya no quieren ser madres»
Jackeline Soliz proveniente del pueblo Tacana y presidenta de la regional Cirabo del Norte Amazónico lamenta que las mujeres indígenas estén contaminadas con el mercurio, lo que ya está generando problemas de salud en sus comunidades, y advierte que uno de los efectos es que las jóvenes ya no quieren ser madres por temor a traer al mundo a niños enfermos.
«Como madres que tenemos nuestros hijos, nuestras hermanas del TIM II, hay niñas que están con mercurio, que están sufriendo, incluso hay una niña de cuatro años que ya está con el 9% de contaminación de mercurio en el cuerpo, por eso debemos apoyar a nuestras hermanas, porque acá comemos el pescado. Imagínese lo que está pasando en otros territorios. Por eso le pido al Gobierno que pare esta minería», expresa con angustia.
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el límite permitido de mercurio en el organismo humano es de una parte por millón (1ppm), por lo que 9pmm, como menciona la lideresa indígena, está muy por encima de los límites.
«Antes las mujeres teníamos hijos hasta donde Dios nos daba, así éramos las mujeres indígenas, pero ahora las mujeres ya no quieren ser madres por temor a esta enfermedad que no tiene cura, porque el Gobierno ni nos va a brindar los medicamentos (…). Ya en los territorios las mujeres ya no quieren tener hijos y como madres nos preocupan nuestras hijas jóvenes», manifiesta.
Asobal: «Somos descontaminantes del río Madre de Dios»
El presidente de Asobal, Corcino Cerezo en entrevista con ANA afirma que esta cooperativa tiene un proyecto piloto con el Gobierno para emplear centrifugadoras para no usar el mercurio. En su escritorio tiene la foto del presidente Luis Arce.
«En eso estamos trabajando y creo que ya se hará el desembolso del Gobierno y también nuestra contraparte para tratar hacer esa prueba piloto que vamos a ensayar para no usar el mercurio, y también el plan que está lanzando el Gobierno (…). Nosotros cada día estamos implementando, el plan que estamos practicando en el río Madre de Dios se han empleado muchos métodos para no contaminar el medioambiente. Yo diría que nosotros como Asobal Pando, somos descontaminadores del río Madre de Dios», afirma desde sus oficinas instaladas en Riberalta, Beni.
Con el planteamiento que están usando como canaletas auxiliares y la retorta además de los monitoreos ambientales, asegura que las balsas que operan en el Madre de Dios están dentro de los parámetros permitidos. «Entonces esa es una bue a señal de que nosotros no estamos contaminando como se está manejando algunas organizaciones como campesinas e indígenas. Estamos tratando de ver formas para no contaminar», dice.
Si funciona el método de las centrifugadoras para la extracción del oro aluvial, el dirigente de las cooperativas afirma que se llegará a «cero mercurio».
Según Asobal, al 2023 habían 700 balsas registradas de las cuales 500 estaban en operación.
Sin embargo, el Plan de Acción Nacional para la reducción del mercurio en la minería artesanal y a pequeña escala presentada en un foro internacional que restringió el trabajo de la prensa durante la segunda jornada, se conoció que recién se socializará la propuesta a los pueblos indígenas de la Amazonía, principales afectados por la minería aurífera.
Dicho plan plantea un periodo a largo plazo para reducir al 60% el uso del mercurio al 2031, a mediado plazo al 2029 el 35% y a corto plazo tan solo el 5% al 2026.
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