Agricultura en tierras bajas. Foto: UDG Tv
La Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo) expresó su rechazo a la aprobación del proyecto de Ley 157 por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional y denunció que la norma fue aprobada sin consulta previa, de manera irregular y sin procesos de socialización con los pueblos indígenas, campesinos y pequeños productores.
A través de un pronunciamiento público, la organización —que representa a pueblos como el Chacobo, Cavineño, Tacana, Ese Ejja, Araona y Pacahuara, entre otros— cuestionó que la ley haya sido tratada sin respetar el derecho a la participación establecido en la Constitución Política del Estado y en normas internacionales.
“Denunciamos ante el país que esta norma ha sido aprobada de manera inconsulta, irregular y sin ningún proceso de socialización ni diálogo real”, señala el documento, que advierte una vulneración de derechos colectivos de los pueblos indígenas de la Amazonía norte.
La organización indígena alertó que la Ley 157 podría abrir la puerta a la concentración de tierras, debilitar la protección de la pequeña propiedad y alterar el equilibrio territorial. Según el pronunciamiento, estas condiciones podrían incrementar la presión sobre los territorios indígenas y profundizar los conflictos en el área rural.
“No se puede legislar sobre la tierra y el territorio a espaldas de quienes históricamente hemos cuidado y defendido estos espacios”, sostiene Cirabo, al cuestionar que la norma responda a intereses económicos por encima de los derechos de los pueblos y la protección del territorio.
En esa línea, la organización advirtió que no permitirá el avance de disposiciones que promuevan la mercantilización de la tierra. “La tierra no es un negocio, es la base de nuestra existencia”, enfatiza el documento.
Ante este escenario, Cirabo se declaró en estado de alerta permanente y convocó a sus organizaciones, territorios y comunidades a mantenerse vigilantes y evaluar acciones orgánicas frente a la implementación de la norma.
Asimismo, exigió al Estado boliviano respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada, y detener la aplicación de la ley hasta que se garantice un proceso real de diálogo con los pueblos indígenas. “El territorio no se negocia, se defiende”, concluye el pronunciamiento.
Aquí puede leer el pronunciamiento:
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