Mila Reynolds y Franco Albarracín participaron del primer foro La sociedad civil en emergencia ambiental.
Cuando el país cumple tres meses de incendios forestales descontrolados, durante el primer foro denominado “La sociedad civil en emergencia ambiental” salió a relucir la responsabilidad del Estado “por acción o por omisión” frente a la vulneración de derechos que está sufriendo la gente, se propuso recurrir a los organismos internacionales para pedir pronunciamientos al respecto y se habló de la necesidad de plantear un modelo de desarrollo sostenible frente al modelo extractivista que ahora rige en el país.
Los participantes del foro fueron la directora ejecutiva de UNITAS, Mila Reynolds, y el abogado especialista en derechos humanos del CEDIB, Franco Albarracín, quienes analizaron la vulneración de los derechos humanos en el marco de los incendios y la crisis ambiental. El evento virtual fue transmitido por el programa Sumando Voces en Directo el jueves pasado.
Albarracín hizo notar que, como se están vulnerando los derechos humanos con los incendios, entonces el Estado es responsable por acción o por omisión porque es el llamado a garantizar esos derechos.
“Es fundamental que la sociedad civil continúe organizándose, continúe presionando no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional porque no nos olvidemos de algo, que es muy, pero muy importante, estamos hablando de Derechos Humanos afectados, entonces el estado tiene responsabilidad por acción y también por omisión, está faltando a la obligación de garantizar de proteger de respetar los derechos”, indicó el especialista.
Y, esa responsabilidad se expresa, por ejemplo, en preservar el paquete de leyes que impulsan los incendios o en disponer la reversión de tierras para los predios donde se hubieran iniciado los incendios y luego echarse para atrás, como lo hizo la Procuraduría General del Estado.
Frente a eso, propone que la sociedad civil se organice y recurra a las instancias internacionales para presionar y exigir la protección de los derechos.
“Debemos organizarnos y acudir a las instancias internacionales de protección a derechos humanos que, desde mi punto de vista, han estado bastante, pero bastante callados durante los últimos meses”, expresó Albarracín, quien considera, por ejemplo, la relatoría sobre derechos económicos y culturales (de la CIDH) ya debería haber emitido un criterio, lo propio el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Debemos acudir a estos relatores y exigirles que puedan presionar al Estado para que cumplan con sus obligaciones internacionales”, dice.
La semana pasada, unas 130 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta pública al presidente Luis Arce; al presidente de la Asamblea, David Choquehuanca; y al presidente del TSJ, Marco Jaimes, en la que le piden tomar acciones para frenar la crisis climática.
Esa misma carta, dijo Mila Reynolds, fue compartida con la cooperación internacional para que tenga conocimiento de la grave situación por la que está atravesando el país y para que promueva el diálogo entre Estado y sociedad civil para encontrar soluciones estructurales al problema que se repite año tras año.
Derechos vulnerados
Tanto Reynolds, que dirige una institución que enfoca su trabajo en los derechos humanos, como Albarracín, que es un especialista en la materia, coincidieron que a raíz de los incendios se están vulnerando los derechos humanos, particularmente de los pueblos indígenas.
Los incendios y la crisis climática, a decir de Albarracín, están afectando el derecho a contar un medio ambiente sano, que está reconocido en la Constitución y en el derecho internacional. Este derecho, “debe ser protegido por el Estado boliviano”, explica.
Pero, también están siendo afectados el derecho a la salud, el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida digna, y, yendo más allá, los derechos económicos sociales y culturales.
Reynolds cita los datos del Observatorio del acuerdo de Escazú, que es gestionado por LIDEMA y que estableció que en el primer semestre del año, las vulneraciones a los derechos socioambientales han aumentado en un 67% respecto al año 2023 porque la época de incendios se adelantó. Y, si de pueblos indígenas se trata, la cantidad de focos de calor ha aumentado nueve veces en sus territorios en el mismo período.
La directora de UNITAS también hace referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, a través de su relatoría de derechos sociales, culturales y ambientales (Redesca), «ha señalado que los incendios tienen un impacto significativo en el derecho a la vida, la integridad, a través de la salud, el agua”.
El modelo en debate
La carta de la sociedad civil pide, en su punto número uno, debatir el modelo de desarrollo, basado en el extractivismo y la agroindustria, porque considera que ahí se encuentra la causa estructural de los incendios.
“Vemos que es necesario instalar este debate sobre el modelo de desarrollo hacia un modelo que no esté centrado únicamente en esta lógica del extractivismo ni en la agroindustria, porque finalmente ha quedado claro que este modelo es destructivo y está poniendo en riesgo a nuestro país y la vida?”, dijo Reynolds, haciendo referencia a la carta pública de la sociedad civil enviada a tres órganos del Estado.
Considera que este debate debe realizarse en el marco del ejercicio democrático de la participación ciudadana, que va más allá de las urnas.
Albarracín coincide con la postura de que “la problemática del medio ambiente responde justamente a una crisis del modelo económico extractivista (…) que depende también del agronegocio”, aunque en su criterio, su cambio únicamente depende de la aplicación de la Constitución.
“Se supone que el 2009 ya deberíamos empezar esta transición a un nuevo modelo económico y dejar atrás poco a poco la dependencia del extractivismo, pero lamentablemente el Gobierno actual y los gobiernos que estuvieron antes profundizaron esta dependencia en el extractivismo en lugar de cumplir con lo que establece la Constitución Política del Estado”, dijo Albarracín.
Reynolds explica que el modelo debe ser “más sostenible, más inclusivo, más resiliente frente a estos desafíos ambientales y climáticos, pero el debate es profundo y debería involucrar a toda la sociedad”.
“El extractivismo nos ha traído más penas que beneficios sobre todo en el contexto de los derechos humanos veamos el modelo extractivista minero”, remata Albarracín.
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