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Luego de que un juez dispusiera la prohibición de la minería ilegal en los ríos del norte de La Paz, el director asociado para las Américas de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz, indicó que el Gobierno debe cumplir el fallo y proteger a los pueblos indígenas.
“Un tribunal ha reconocido los enormes daños causados a pueblos indígenas de la Amazonía por el mercurio y la falta de consulta previa sobre proyectos mineros. El gobierno debe cumplir inmediatamente con el fallo y proteger el medio ambiente y las comunidades indígenas”, indicó Muñoz en la red social X, donde compartió la declaración del presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz (CPILAP), Gonzalo Oliver sobre el tema.
Se refiere a la resolución del juez público mixto civil y comercial de Rurrenabaque, Edwin Pallete, que dispuso “la paralización de toda actividad minera ilegal en los ríos Beni y Madre de Dios, y sus afluentes, además en los ríos Alto Beni, Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje”, según un comunicado de CPILAP.
La entidad explicó que el juez “determinó la suspensión de toda actividad minera que no tenga licencia ambiental y ordenó a la AJAM cumpla con verdaderos procesos de consulta previa, además de la suspensión de la otorgación de nuevos derechos mineros”.
El vicepresidente de la CPILAP, Lino Illimuri, explicó a Sumando Voces que el 8 de agosto el mismo juez emitió una resolución precautoria que establecía que durante un mes debería paralizarse la actividad minera en los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes durante. Sin embargo, la sentencia emitida el viernes 8 de septiembre tiene carácter definitivo, lo que significa que está prohibida la minería ilegal en esa zona de aquí para adelante. En ese sentido, esta semana, las autoridades correspondientes ya tendrían que iniciar con los controles respectivos.
Oliver, el máximo dirigente de la entidad, mediante un video difundido en redes sociales, explicó que el juez “manda y ordena la realización de verdaderos procesos de consulta previa, incluso a aquellas cooperativas preconstituidas que tuviesen solicitudes sobrepuestas a territorios indígenas y áreas protegidas al norte paceño”.
Explicó, además, que el juez dictamina la prohibición de otorgación de nuevos derechos mineros en el norte paceño, establece que el Ministerio de Medio Ambiente realice estudios en el agua, los peces, para determinar los pasos a seguir y, de esa manera, evitar la afectación en los territorios indígenas.
Asimismo, ordena a la Fiscalía realizar “una exhaustiva investigación para poder determinar si se hubiesen cometido algunos ilícitos relacionados a los daños ocasionados al medio ambiente, ordena que se pueda tener el monitoreo permanente y el control de las FFAA, para poder controlar y poder tener un estado de derecho en la zona y no se pueda proliferar actividades de minería ilegal”, explicó Oliver.
La acción popular presentada por CPILAP contra la minería ilegal que dio origen a este fallo se basa en un estudio científico elaborado por la UMSA a solicitud de la organización indígena, en el que se estableció los graves daños que está causando el mercurio en los indígenas del norte de La Paz.
El reporte indica que el 75% de las personas analizadas tienen niveles de mercurio por encima de los parámetros permisibles.
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