Daniel Ortega cerró más de 3 mil instituciones de la sociedad civil. Foto: Alerta Mundial.
EUROPA PRESS
El Gobierno de Nicaragua, liderado por el presidente Daniel Ortega, ha cancelado este miércoles otras 15 ONG, entre ellas Save the Children, en el marco de la campaña represiva que comenzó en el país centroamericano tras las protestas antigubernamentales de 2018.
El decreto, publicado en el diario oficial ‘La Gaceta’, resalta que Save the Children International, activa desde 2011, ha sido clausurada por «disolución voluntaria por acuerdo de la junta directiva por culminar su cartera de proyectos en Nicaragua».
Otras diez organizaciones han sido canceladas por los mismos motivos, muchas de ellas religiosas. De igual forma, cinco fundaciones y asociaciones han cerrado por no informar sobre sus estados financieros por largos periodos de tiempo.
Este tipo de medidas son frecuentes desde las protestas de 2018. El Gobierno ha privado de nacionalidad a disidentes, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas alegando irregularidades administrativas.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, aseguró en diciembre que en el país impera un «clima represivo» ante las últimas reformas constitucionales impulsadas por el presidente Ortega, que han generado «miedo» entre los nicaragüenses, incluyendo aquellos que están exiliados.
«La situación de los Derechos Humanos en Nicaragua ha seguido deteriorándose. Impera un grave clima represivo. En los últimos meses, las reformas han tenido como objetivo concentrar más poder en la Presidencia y criminalizar las voces disidentes», resaltó.
La enmienda a la Constitución impulsada por Ortega amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la prohibición sobre la censura de la prensa en la Carta Magna. Asimismo, establece que todos los derechos fundamentales pueden suspenderse durante un estado de emergencia y rebaja las condiciones para que el Gobierno pueda utilizar al Ejército por motivos de «seguridad».
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