Familias de personas con discapacidad se declaran en emergencia por la crisis y los bloqueos

Derechos Humanos

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Yenny Escalante

Protestas en La Paz. Foto: El Diario

Enfrentamientos en la ciudad. Foto: El Diario

El Programa Madre Educadora de Bolivia, conformado por familias de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones del neurodesarrollo, se declaró en estado de emergencia, alerta y monitoreo permanente ante la crisis social y los bloqueos que atraviesa el país, al advertir que las personas con discapacidad son uno de los sectores más afectados por la violencia y la paralización de servicios.

Mediante un pronunciamiento público, la organización expresó su preocupación por la vulneración de derechos, la falta de acceso oportuno a salud, medicamentos, terapias y alimentación, además de los riesgos que enfrentan niños, jóvenes y adultos con discapacidad en medio de los conflictos.

“El bloqueo, la violencia y la paralización de servicios esenciales afectan de manera directa y severa su bienestar y su propia supervivencia”, señala el documento suscrito por asociaciones de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre, Yacuiba, Uyuni, Riberalta y Villamontes.

La institución recordó recientes hechos registrados durante la crisis, entre ellos la muerte de un niño que no pudo recibir atención médica a tiempo mientras era trasladado en ambulancia, además de agresiones físicas ocurridas en medio de los conflictos sociales. Las familias denunciaron que las personas con discapacidad requieren protección prioritaria y condiciones mínimas de seguridad, debido a que muchas dependen diariamente de tratamientos especializados y constantes desplazamientos para acceder a servicios médicos.

En ese contexto, exigieron al Gobierno, autoridades competentes y sectores movilizados asumir “acciones constitucionales responsables e inmediatas” para garantizar la protección efectiva de las poblaciones más vulnerables.

Asimismo, el Programa Madre Educadora exhortó a priorizar el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, señalando que ninguna demanda política o sectorial puede justificar la exposición al peligro o el abandono de personas con discapacidad. La organización también pidió el esclarecimiento de los hechos de violencia registrados durante las últimas semanas y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la inclusión y la construcción de una sociedad basada en la solidaridad y la paz.

Aquí puede leer el pronunciamiento:

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