Imagen del 16 de mayo de 2026 de manifestantes participando en una protesta para exigir la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, en la ciudad de El Alto, Bolivia. (Xinhua/Javier Mamani) Diario del Pueblo
La prolongada conflictividad que atraviesa Bolivia, marcada por bloqueos de caminos, desabastecimiento de alimentos y combustible, incremento de precios y una creciente tensión política, ha puesto sobre la mesa la necesidad de abrir canales efectivos de diálogo. Analistas consultados coinciden en que la salida a la crisis pasa por negociaciones sin condiciones previas y por una participación más activa de autoridades subnacionales y actores de mediación capaces de tender puentes entre el Gobierno y los sectores movilizados.
El politólogo Marcelo Silva considera que, en el actual escenario, existe una ausencia de actores institucionales con capacidad real de mediar, especialmente en el departamento de La Paz, una de las regiones más golpeadas por las protestas. A su juicio, tanto la Alcaldía paceña como la Gobernación enfrentan limitaciones políticas que han reducido su margen de acción para asumir un rol articulador entre las partes enfrentadas.
Según Silva, el alcalde de La Paz enfrenta el desafío de no romper los vínculos políticos que mantuvo con sectores sociales afines durante la campaña electoral, mientras que el gobernador paceño carecería de la legitimidad política necesaria para convertirse en un interlocutor aceptado por todos los actores. Incluso, sostuvo que algunos sectores movilizados podrían percibir a la autoridad departamental como parte del conflicto y no como un mediador imparcial.
«El Gobernador sí está impedido de hacerlo porque es un gobernador que, si bien es cierto tiene una legitimidad jurídica, la legitimidad política no eh la tiene. Es más, podría interpretarse en algún momento que el Gobernador de La Paz es parte del conflicto», puntualizó.
Esa situación, explicó, ha generado un vacío que está siendo ocupado por otros actores. El vicepresidente del Estado, organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica han intentado promover acercamientos, aunque hasta ahora sin resultados concretos. En criterio del analista, instancias como la Asamblea de la Paceñidad o los concejos municipales podrían asumir una función más activa en la búsqueda de consensos y mecanismos de pacificación.
Para Silva, la aparente ausencia de varias autoridades subnacionales no responde necesariamente a una actitud de indiferencia, sino a un cálculo político. Recordó que gobernadores y alcaldes llevan pocas semanas en funciones y se encuentran en una etapa de consolidación de liderazgo y acumulación de respaldo ciudadano. En ese contexto, considera que muchos optan por mantenerse al margen para evitar costos políticos asociados a una eventual toma de posición en un conflicto altamente polarizado.
Sin embargo, el especialista sostiene que la clave para superar el bloqueo político radica en establecer conversaciones sin condiciones previas. “El diálogo tiene que ser sin condiciones”, afirmó, al señalar que las negociaciones reales no se desarrollan frente a los medios de comunicación, sino mediante contactos reservados y operadores políticos capaces de generar confianza entre las partes. A su juicio, insistir en requisitos previos o en discursos públicos de confrontación solo profundiza la distancia entre los actores enfrentados.
Una mirada similar tiene la socióloga e investigadora María Teresa Zegada, quien reconoce que los gobiernos departamentales y municipales no están obligados legalmente a intervenir en conflictos de esta naturaleza, pero sostiene que la gravedad de la situación les impone una responsabilidad moral. “Las autoridades subnacionales deben velar por el bienestar de su población”, afirmó, al recordar que las consecuencias de los bloqueos se sienten en todas las regiones mediante la escasez de productos, el aumento de precios y las dificultades para comercializar mercancías.
Zegada considera que los alcaldes y gobernadores podrían desempeñar un papel más activo no solo atendiendo los efectos inmediatos de la crisis, como el abastecimiento de alimentos, sino también promoviendo espacios de encuentro con los sectores movilizados. La académica atribuye parte de la pasividad observada a que las nuevas autoridades aún se encuentran organizando sus gestiones y, además, muchas de ellas no tienen afinidad política con el Gobierno nacional, lo que reduce los incentivos partidarios para involucrarse en la búsqueda de soluciones.
Pese a ello, insiste en que la estabilidad democrática exige una participación más decidida de los líderes regionales. Desde su perspectiva, las autoridades electas tienen la responsabilidad de contribuir a la pacificación del país mediante convocatorias al diálogo, reuniones con sectores en conflicto y acciones orientadas a reducir la confrontación.
Zegada plantea que el Gobierno debería explorar nuevas estrategias de acercamiento directo con los sectores que encabezan las protestas. Además, advierte que los intentos de diálogo realizados hasta ahora no han involucrado plenamente a los actores más críticos del conflicto, lo que ha limitado sus posibilidades de éxito. Por ello, sostiene que tanto el Ejecutivo como los sectores movilizados deben abandonar la lógica del desgaste mutuo y apostar por mecanismos distintos de negociación si realmente buscan una salida a una crisis que ya impacta en la economía y en la vida cotidiana de millones de bolivianos.
En medio de un escenario cada vez más complejo, ambos especialistas coinciden en un punto central: mientras no existan puentes de comunicación efectivos y una voluntad genuina de diálogo sin condiciones, las posibilidades de resolver el conflicto seguirán siendo reducidas. La mediación de autoridades regionales, instituciones de la sociedad civil y actores con capacidad de generar confianza aparece, así, como una de las pocas rutas posibles para evitar una mayor profundización de la crisis.
