Evidencian en la CIDH que defensores de derechos en Bolivia enfrentan “serios problemas” de protección estatal

Derechos Humanos

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Rodolfo Huallpa

Entre 2021 y 2023, el Observatorio de Defensoras y Defensores de UNITAS registró un total de 128 vulneraciones a personas y organizaciones defensoras de derechos en Bolivia. Esta cifra y los casos emblemáticos que los sustentan fueron expuestos este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la sesión pública destinada a conocer la situación de los derechos humanos de las personas defensoras en América Latina.

UNITAS, de la voz de su directora Mila Reynolds, elevó un informe sobre la situación que atraviesan en Bolivia personas defensoras como César Apaza, dirigente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (ADEPCOCA), o la violencia a la que están sometidos periodistas y medios de comunicación.

En torno al caso de César Apaza, Reynolds desglosó la forma arbitraria en que fue detenido y los tratos crueles y degradantes a los que fue sometido durante su detención preventiva. “Sufrió una embolia, no recibió atención médica oportuna, su detención preventiva duró más de 16 meses y no se cumplió con el debido proceso”, reportó Reynolds a la CIDH.

Sobre la situación de periodistas y medios de comunicación, UNITAS precisó que es un tema “preocupante”, debido a que entre 2021 y 2023 se han registrado 412 casos de vulneración a la libertad de prensa, de los que se desprenden datos como 142 agresiones físicas, psicológicas o sexuales, 54 impedimentos de acceso a la información, 53 amenazas o amedrentamientos y 47 incumplimientos al deber de protección.

Se expuso como ejemplo de la situación que atraviesan los trabajadores de los medios de comunicación el caso Las Londras, en el que encapuchados armados secuestraron, torturaron y amenazaron de muerte a siete periodistas y otras personas en la toma violenta de ese predio en San Julián, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, el 28 de octubre de 2021.

“Dos años y cuatro meses después, el avance en la investigación es casi nulo, los sospechosos fueron liberados y uno de ellos estuvo recientemente implicado en un hecho de amenazas de muerte”, expresó Reynolds a los comisionados.

Por último, la directora de UNITAS reportó ante la CIDH que la situación de las organizaciones defensoras de derechos se ven afectados por la normativa vigente. Reynolds citó que la normativa nacional “incumple los estándares internacionales, al establecer, entre otras, causales desproporcionadas de revocatoria de la personalidad jurídica y requisitos administrativos engorrosos y burocráticos”.

Por todo lo expuesto, Reynolds precisó que el panorama, que suma la “profunda crisis” de acceso a la justicia, “plantea serios problemas para que el Estado cumpla su rol en la garantía y protección de los derechos de las personas y organizaciones defensoras”.

Además de UNITAS, otras 23 organizaciones e instituciones de diferentes países de América Latina expusieron, en esta audiencia pública, la situación en la que se encuentran las personas y organizaciones defensores de derechos en sus territorios.

Respuesta de los comisionados

Luego de la primera ronda de intervención de UNITAS y otras organizaciones latinoamericanas, los comisionados ofrecieron una retroalimentación a lo expuesto. El comisionado José Luis Caballero observó la insuficiente institucionalidad en los Estados para cubrir o atender casos que atentan contra la integridad de personas defensoras de derechos.

«Es tremendo lo que uno ve cuando las personas y las defensoras empiezan a asumir temas que los Estados han puesto en la mirada, pero que no alcanza la institucionalidad o la voluntad política», expresó, a tiempo de consultar si la normativa existente en algunos países para defender a defensores de derechos es suficiente.

Al respecto, la coordinadora del programa Defensores de UNITAS, Claudia Terán, presente en la sesión en Washington, mencionó que la «fragilidad» de las instituciones del Estado boliviano, particularmente de la justicia, repercute en el reconocimiento y el ejercicio de la defensa de derechos.

«En Bolivia es casi desconocida la posibilidad de que defensoras y defensores, periodistas también, en ese rango de defensores, puedan reconocerse como tales y poder hacer uso de los mecanismos que existen. En ese sentido, la necesidad de que haya unos estándares internacionales respecto a institucionalidad nos parece esencial», declaró Terán.

Los comisionados solicitaron a los presentes elevar informes más detallados sobre lo abordado para la elaboración del tercer informe de la CIDH sobre personas y organizaciones defensoras de derechos. UNITAS comprometió desglosar y enviar esos datos a los comisionados.

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