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Érase una vez una joven paraguaya que radicada en algún lugar de Suiza, que se tuvo que enfrentar al gran dilema de retornar a su país de origen abandonando sus estudios, su trabajo, a sus amigos, sus planes de vida y sus sueños personales para cuidar a su anciana madre, que ya no puede valerse por sí misma. Ante esta situación ¿Hasta qué punto sería reprochable si realizaría lo contrario a lo que se espera socialmente? ¿Se puede hablar de lo verdaderamente “correcto”? Fueron las preguntas que se me vinieron a la cabeza luego de ver el documental Tiempo Nublado, películaproducida y dirigida por la propia protagonista y proyectada en el marco del Festival de Derechos Humanos Puka Nawiaproximadamente hace cinco años.
Esta historia me hizo reflexionar sobre el reflejo de mi propia vida en un futuro no muy lejano, primeramente en cuanto a la condición de dependencia en la que se encontrarán mis padres y finalmente, en lo presente, en relación a muchas mujeres bolivianas que están asumiendo el cuidado de personas en situación de dependencia (niños/as y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidades) y que a su vez son las principales proveedoras económicas en sus hogares. ¿Cómo se está asumiendo los roles de cuidado a personas dependientes en un contexto nacional y local que aún sigue naturalizando las tareas del hogar y del cuidado a mujeres como parte de su mandato social de pertenencia a un ámbito privado? y ¿en qué medida se están pudiendo conciliar las tensiones del incremento de la participación de las mujeres en el campo laboral, considerado como un espacio masculino, con las actividades del ámbito privado?, son las principales interrogantes que se irán analizando a partir de la contribución de diferentes académicas sociólogas reconocidas a nivel Nacional, y cuyos aportes han servido para posicionar el tema en la discusión y el planteamiento de la agenda pública a nivel nacional con la mira de impulsar la Corresponsabilidad familiar, Social y pública del cuidado para modificar las estructuras patriarcales que apuntan a la desnaturalización del cuidado como atribución única y exclusiva de las familias y por ende de las mujeres, que según palabras de Carmen Sánchez (2017): “No logran ser revertidas únicamente con la igualdad de oportunidades”.
Desarrollo
Es indudable destacar la importancia que ha tenido para el desarrollo social y económico el aporte y la participación de las académicas cuando se habla de reivindicación de los derechos de las mujeres en diferentes épocas, generadoras no solo de conocimiento a través de la investigación sino también impulsoras para el posicionamiento de debates en la agenda pública nacional; en el caso boliviano sobre estudios del cuidado es de gran relevancia las investigaciones realizadas por la Doctora Fernanda Wanderley (Economista y Socióloga) junto con Cecilia Salazar, Ivon Farah, Sonia Montaño, Sonia Conde, Alicia Soares, Carmen Sánchez y Ana María Maldonado del Centro de Investigación y Desarrollo Social de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA), que desde inicios de la primera década del 2000 comenzaron a examinar aspectos de dominación y subordinación de las mujeres dentro del ámbito privado (espacio considerado como exclusivo de las mujeres) referentes a la asignación del trabajo del cuidado como derivación natural de las cualidades reproductivas.
¿Qué es cuidado? ¿A quiénes se cuida y quiénes cuidan?
Partiendo de los debates y de diferentes análisis conceptuales, los cuales continúan hasta el día de hoy, un concepto que me parece integral es el mencionado por Carmen Sánchez (2017):
El trabajo de cuidado puede ser definido como una función social que integra la serie de actividades, bienes y relaciones destinadas al bienestar cotidiano de las personas y que se desenvuelven en diversos planos, incluyendo el material, económico, moral y emocional (…). Incluye la provisión de bienes esenciales para la vida, como la alimentación, el abrigo, la higiene y acompañamiento, así como el apoyo y la transmisión de conocimientos, valores sociales y prácticas a través de los procesos de crianza.
El trabajo del cuidado sin duda es importante para la vida humana y el funcionamiento de la sociedad porque todos necesitamos cuidados en algún momento de nuestra vida debido al ciclo biológico, estado físico y psicológico, en donde algunos grupos necesitan más cuidado que otros, como es el caso de los niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o enfermas y adultos mayores (Wanderley, 2019). Sin embargo, debido a la connotación patriarcal de la división sexual del trabajo que establece que las mujeres están asignadas al trabajo del cuidado como derivación natural de su cualidad reproductiva, ejercen roles que son asumidos socialmente en un nivel alto de importancia institucional, los cuales son transferidos intergeneracionalmente a través de las prácticas culturales. Y como lo expresa Sánchez (2017) al no habiéndose seguido un curso de cambios a la par de las transformaciones del conjunto de la sociedad patriarcal, no ha sido considerado como trabajo en la economía clásica, que únicamente considera como trabajo a la actividad económica productora de mercancías humana y que ha invisibilizado el real aporte económico del trabajo del cuidado y su trascendencia en la reproducción de la vida.
El cuestionamiento de paradigmas de economía clásica desde la economía feminista permitió develar que el concepto de trabajo oculta y niega el valor económico en la acumulación del capital del trabajo del cuidado, el cual también produce bienes y servicios, y sobre todo es realizado preponderantemente por mujeres que en la generalidad no son remuneradas por ello.
A nivel mundial según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2018 las mujeres realizaron el 76% del trabajo del cuidado no remunerado; en Bolivia alrededor de 4,5 millones de personas requieren cuidados entre niños/as y personas con discapacidad, y más de 7 millones de personas son potenciales para realizar las tareas de cuidado (Paz, 2019).
Las complicaciones derivadas de la feminización de las tareas del cuidado en lo económico tienen las implicancias más fuertes en la situación laboral de las mujeres debido a su incorporación al mercado laboral, entendiéndolo no como una conquista de derechos, sino como mano de obra barata por la necesidad de subsistencia de las familias, en las que asumen trabajos precarios e informales, en condiciones de sobreexplotación, sin hablar de la brecha salarial y el acceso a pensiones en relación a los hombres, así como la presencia de creencias y percepciones discriminadoras por razón de género que aún subsisten en instituciones privadas y públicas, son algunos obstáculos identificados de un panorama mucho más complejo.
Paralelamente se han ido dando durante las últimas décadas cambios y trasformaciones familiares en el aumento de familias de tipo monoparentales en el que las mujeres ejercen como jefas de hogar. Según el último censo del año 2012 realizado por INE (Instituto Nacional de Estadística) la representación femenina como jefas de hogar se da en un 65% en relación a los hombres que se da en un 35%, y el 33,9 % de hogares monoparentales es encabezado por mujeres.
Lo que quiere decir que las mujeres madres y trabajadoras están cumpliendo una doble jornada laboral (la primera jornada que la ejercen fuera de la casa que sería en un ámbito público y la segunda dentro de la casa con el trabajo doméstico y del cuidado) debatiéndose en la búsqueda de estrategias para balancear ambas jornadas, lo que esta tensionando su vida personal, laboral y familiar; situación que puede llegar a colapsar y no puede seguir siendo sostenible por mucho tiempo si se sigue asumiendo esta carga solo para las mujeres y si no se toman medidas de corresponsabilidad familiar y pública, lo que significa comprender y asumir que el Estado es un agente corresponsable que debe reordenar institucionalmente las dimensiones de las relaciones publico/privadas y así también debe involucrar como eje central de las políticas del cuidado la articulación entre: los derechos de mujeres y hombres con responsabilidades familiares y, por otro, los derechos de la infancia, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad y enfermas en situación de dependencia.
Las políticas públicas de cuidado se orientan a dos objetivos: garantizar el acceso al cuidado de los grupos en situación de dependencia y precautelar el ejercicio de los derechos de las y los cuidadores en el marco de la equidad de género. Un gran avance en relación al segundo aspecto es el reconocimiento en el marco normativo internacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establecido en el objetivo cinco «alcanzar la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas» que incluye el mandato de «reconocer y valorar el cuidado no remunerado y el trabajo doméstico» así mismo la meta 5.4 establece la responsabilidad de los Estados «de proveer servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, bajo el enfoque de la corresponsabilidad del cuidado» (Wanderley, 2019). Por su parte nuestra Constitución Política del Estado (C.P.E.) en su Artículo 338señala que «El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas”.
Es de destacar la experiencia reciente del municipio de Cochabamba con la aprobación de una Ley Municipal el 19 de febrero del año 2019, a la espera de su reglamentación, es un paso que se ha dado en relación a la temática, así mismo se sigue profundizando en el entendimiento de la problemática a partir de investigaciones recientes como la realizada por OXFAM en el año 2019 “Tiempo para Cuidar. Compartir el cuidado para la sostenibilidad de la vida”.
El principal reto que queda pendiente es impulsar la elaboración de la Encuesta de uso de tiempo como principal insumo en la elaboración de políticas públicas a nivel Nacional que permitiría cuantificar el valor del trabajo en el hogar y así mismo la contribución económica de las mujeres en actividades del cuidado.
A manera de conclusión, pese a los avances y desafíos planteados si el Estado en sus diferentes niveles minimiza el reconocimiento del valor económico que produce el trabajo del cuidado y no promueve la reducción de la doble carga laboral realizada por las mujeres a través de una redistribución equitativa de roles entre hombres y mujeres desde lo educativo y económico en el ámbito familiar y doméstico. Acompañada esto de la implementación de políticas de servicio universal de cuidado con base en la coordinación entre la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, y el establecimiento de una agenda de investigación estratégica, no podrá proyectarse la reducción de las discriminaciones de género de manera sostenible.
Por Fabiola Omonte Montero
