Amparo Carvajal cuando fue agredida por simpatizantes del MAS en la plaza Abaroa. Foto: Correo del Sur.
Se han registrado 11 casos de agresiones y obstaculización al trabajo de defensores de derechos al primer trimestre de este año, de acuerdo con un monitoreo del Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS. De estos 11 casos, siete responden a la “obstaculización en la realización de sus actividades”, tres a “agresiones” y uno a “criminalización”.
De las siete obstaculizaciones al trabajo de los defensores, seis responden detenciones suscitadas en dos hechos. El primero ocurrió el 4 de marzo en la ciudad de El Alto, cuando la Policía detuvo a tres defensoras de la plataforma Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas – La Paz, cuándo éstas se encontraban pegando carteles con mensajes de justicia y en contra de la violencia de género.
Han sido liberadas las compañeras, pedimos disculpas por este mal actuar que no representa al gobierno. Se tomarán las acciones correspondientes con la finalidad que las mismas se eviten en un futuro.
— Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) March 4, 2022
Otras tres obstaculizaciones se registraron en el departamento de Tarija. El 22 de marzo tres técnicos de Cáritas Pastoral Social Tarija fueron injustificadamente retenidos por funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), como parte de un hostigamiento y acoso a las comunidades de la región que rechazan el ingreso de petroleras a la zona.
De acuerdo con un pronunciamiento, el personal de Cáritas fue retenido en contra de su voluntad por orden del director de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, Franklin Flores, cuando se disponía a regresar de la reserva, tras haber realizado tareas específicas, en el marco de programas de cooperación con las comunidades de la Sub Central y organizaciones de mujeres en Tariquía.
El último caso de obstaculización también se dio en Tariquía, cuando el director de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, Franklin Flores, habló con comunarios de la zona de “no permitir más el ingreso de ONG y otras instituciones a las comunidades de la reserva”, según denunció la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegida.
Sobre las tres agresiones a defensores de derechos, la primera se suscitó el 10 de febrero, cuando la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, fue agredida con gritos y huevos por simpatizantes del MAS cerca de los juzgados de la ciudad de La Paz, en la antesala del juicio contra la expresidenta Jeanine Añez. El 21 de febrero, de igual forma, simpatizantes del MAS corretearon y expulsaron de la plaza Abaroa a Carvajal y a otros activistas y miembros de plataformas que recordaban el incumplimiento de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016. Otra agresión en contra de la APDHB se dio el 8 de marzo, cuando sus instalaciones fueron pintarrajeadas con mensajes de odio hacia Carvajal.
Se registró también un caso de criminalización de defensores. El 11 de marzo se conoció, a través de una prueba de ADN, que el exdefensor del Pueblo y exrector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, no era padre de una menor, caso por la que fue perseguido políticamente y sufrió extorsión.
Para el Observatorio de Defensores de UNITAS, las y los defensores de derechos son individuos, grupos e instituciones que promueven o procuran la realización efectiva de derechos humanos y libertades fundamentales. Son esenciales para la vigencia de la democracia y las políticas de mejora de las condiciones sociales, y económicas. El trabajo de promoción y protección que realizan las y los defensores les coloca en una situación de vulnerabilidad y alto riesgo frente a los intereses estatales y privados.
