Durante 2025, el espacio digital (internet y las redes sociales) se constituyó en un escenario empleado para los ataques y la vulneración de los derechos fundamentales mediante campañas de desprestigio e intimidación, principalmente en contra de periodistas, defensores de derechos y actores políticos. Así lo constató el Observatorio de Derechos Humanos de la Red UNITAS, que en su Informe sobre Libertades Fundamentales e Institucionalidad Democrática 2025, alerta de un crecimiento del 42% en el número de casos.
El informe registró 57 vulneraciones en el entorno digital, un 42,5% más que en 2024, y estableció que el proceso electoral aceleró el traslado de la confrontación desde los espacios físicos hacia internet.
«Este fenómeno confirma que el entorno virtual no es un espacio neutral, sino un escenario donde la estigmatización y la deslegitimación se ejecutan con mayor alcance y menor costo político para los agresores», señala el documento.
De acuerdo con los datos del Observatorio, cuatro de cada 10 ataques detectados en la red estuvieron dirigidos contra la libertad de prensa, es decir que el blanco fueron los periodistas y los medios de de comunicación. También se detectaron casos en contra de la libertad de expresión, lo que conlleva una afectación al derecho a participar de un debate plural de ideas.
«El entorno digital se ha convertido en un espacio central en el que se expresan tensiones que afectan la convivencia democrática, incluyendo la difusión de desinformación, la hostilidad e intolerancia política y la deslegitimación de personas defensoras de derechos», sostiene el informe.
Tania Nava, responsable del Programa de Defensa de Derechos de UNITAS, reflexionó en sentido de que el espacio digital atraviesa todos los ámbitos de la vida en la actualidad y que fenómenos como el detectado por el Observatorio tienen coherencia con ello.
«Es importante hacer una lectura de la realidad en la que estamos circunscritos. Hoy en día el espacio digital es primario en todos los ámbitos. La pena es que la información que allí circula, muchas veces desinforma o es usada para atacar. En general, las herramientas tecnológicas pueden ser muy beneficiosas, pero también de alto riesgo. El incremento del 42,5% va de lo más simple, como compartir una falsedad sobre un contenido, hasta cosas más graves, como amedrentamiento, acoso, seguimiento a determinados perfiles. Es algo que nos debe movilizar, necesitamos medidas de protección de los entornos digitales inseguros», dijo.
El informe evidencia que el impacto del entorno digital trasciende un solo derecho y alcanza distintas dimensiones del sistema democrático.
En su análisis, Lorena Caballero, directora de Seguridad Jurídica y Derechos Humanos de la Presidencia, advirtió de actos planificados de generar miedo para frenar las actividades de periodistas y otros defensores de derechos.
«En el caso de las y los defensores, el objetivo es causar miedo, desgastarlos, aislarlos, que se retiren de la causa o pierdan legitimidad ante la comunidad. Puede ser una forma indirecta de silenciar a las personas, algo que no se puede permitir en un Estado de derecho. Los derechos humanos no dejan de aplicarse porque las agresiones ocurran en una red social. Es deber del Estado prevenir, proteger, investigar y sancionar estas agresiones», afirmó en el programa Sumando Voces en Directo.
El informe fue presentado el 28 de julio en La Paz y ya está disponible en el portal de UNITAS.
Periodistas y verificadoras, entre los principales afectados
Uno de los hallazgos más relevantes es que periodistas, medios de comunicación y plataformas de verificación estuvieron entre los principales blancos de las agresiones digitales.
El informe dedica un caso emblemático a las campañas de desprestigio y amenazas contra Bolivia Verifica y Chequea Bolivia durante el proceso electoral de 2025. Según el Observatorio, los ataques buscaron desacreditar el trabajo de verificación de información y afectar el derecho ciudadano a acceder a contenidos confiables en plena campaña electoral.
«Las campañas de desprestigio y las amenazas, organizadas en redes sociales, buscan desestimar el trabajo colectivo de estas organizaciones digitales y producir un efecto de desincentivar su continuidad, aumentando el riesgo de autocensura o reducción de la vigilancia ciudadana sobre el poder político», señala el informe.
«Los agresores han migrado al espacio digital y esto amerita un cambio importante en cómo abordar este tema. Antes, muchas conductas exigían proximidad física o exposición pública, generaban testigos y una estructura más fácil de investigar. Pero ahora se pueden ejecutar en forma anónima, coordinada, rápida y con un alcance mucho mayor y más peligroso. Un aspecto realmente preocupante son los ataques a las personas defensoras, el informe muestra que hubo agresiones físicas, psicológicas y amenazas, entre otros. Pero además existe un subregistro, por lo que tenemos una mirada de una fracción del problema», indicó Caballero.
De acuerdo con la autoridad, una eventual respuesta estatal para hacer frente a esta problemática no pasa por aprobar una ley que termine siendo una herramienta que termine afectando el derecho a la libertad de expresión. «La ruta es, primero, aprobar una ley para proteger datos personales. El problema es que Bolivia presenta vacíos en la protección de datos personales, la vigilancia y la prevención de la violencia digital», propuso.
