Un total de 666 vulneraciones a las libertades fundamentales se registraron en Bolivia a lo largo del 2021, de acuerdo con el Informe de Situación presentado por el Observatorio de Defensoras y Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).
El informe es el resultado de un trabajo de monitoreo, recepción de denuncias y registro de vulneraciones cometidas contra las libertades de asociación, de reunión y protesta pacífica, de expresión y de prensa, además de la institucionalidad democrática y el derecho a defender derechos.
Las vulneraciones registradas a la institucionalidad democrática suman un total de 62, en tanto que son 18 vulneraciones contra las y los defensores de derechos; 71 a la libertad de expresión, 67 a la libertad de prensa, 4 a la libertad de reunión, 429 al derecho a la protesta, y 15 a la libertad de asociación.
En lo relacionado a la institucionalidad democrática, ésta hace referencia a la separación, independencia y equilibrio de poderes, así como el ejercicio efectivo de derechos políticos, a través de elecciones libres y justas, y el respeto y la promoción del pluralismo en la sociedad. La institucionalidad también implica el cumplimiento de las normas que las regulan. De las 62 vulneraciones, la mayoría (55%) representa casos vinculados a procedimientos basados en la norma, que se da cuenta, por ejemplo, el gobierno pone a prueba la permanencia de funcionarios públicos a la presentación del carnet de militancia partidaria.
Respecto a los casos de defensores de derechos, las agresiones y las amenazas fueron las más recurrentes durante el 2021. Entre los casos registrados resalta una agresión a Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia en las afueras de las instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, y el ataque que dejó a dos defensores chiquitanos heridos durante la defensa de su territorio.
En torno a las 71 vulneraciones a la libertad de expresión, la mayor parte está en actos de estigmatización (24 casos), amenazas (11) y actos de obstaculización en procesos electorales (8). Entre los casos de estigmatización más recurrentes, están las declaraciones contra los médicos movilizados a principios del año 2021 por la pandemia. Sobre las agresiones y amenazas, resalta el caso de dos dirigentes de “tierras bajas” que chicotearon a un integrante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu tras concluir los actos protocolares en la plaza 24 de Septiembre, durante la efeméride de Santa Cruz.
Sobre los casos que atentan contra la libertad de prensa, el 56% de las vulneraciones correspondieron a agresiones a periodistas (37 casos). El caso de mayor relevancia ocurrió en Santa Cruz, en el predio Las Londras. Los avasalladores del lugar, algunos armados, secuestraron a 7 periodistas, a quienes sometieron a tratos crueles y degradantes.
En lo referido a la libertad de reunión, fueron cuatro casos registrados. Tres de estos registros refieren a interrupciones durante reuniones públicas de campaña electoral, y otra fue consecuencia de las agresiones sufridas por quienes festejaban la abrogación de la ley 1386.
El derecho a la protesta, por su lado, registra la mayor cantidad de vulneraciones a lo largo del 2021. Fueron un total de 429 actos contrarios al ejercicio de este derecho, de éstos 282 están relacionados con personas detenidas durante manifestaciones. Les siguen los casos referidos a personas heridas (100), y las represiones contra protestas (26). Gran parte del registro sobre este derecho se enmarca en el conflicto de ADEPCOCA, que se desarrolló entre el 5 de enero y el 24 de octubre de 2021. En total se registraron 142 detenidos y 30 heridos en 12 represiones, demostrando la relevancia del conflicto durante el 2021.
Por último, con relación a la libertad de asociación, se identificaron casos de obstrucción indebida al funcionamiento de una organización (7 casos), de obstrucción a su libre determinación (5 casos) y de suplantación o división de una organización (3 casos).
