Claudia Terán
El derecho a un medio ambiente sano ha sido reconocido progresivamente como un derecho humano fundamental. Este derecho es esencial no solo para garantizar la calidad de vida, sino también para la protección de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, la alimentación y el agua. En este contexto, los Estados han asumido una serie de obligaciones internacionales que deben recordarse:
Obligación de proteger el medio ambiente
Implica que los Estados deben tomar medidas activas para evitar el daño ambiental, tanto dentro de su territorio como más allá de sus fronteras. Esto implica la adopción de legislación ambiental adecuada, la creación de instituciones regulatorias y la implementación de políticas públicas que mitiguen y prevengan daños ambientales.
Entre estas medidas se incluyen:
- Adoptar y hacer cumplir leyes que limiten la contaminación del aire, agua y suelo.
- Proteger la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables.
- Garantizar el uso sostenible de los recursos naturales, evitando su explotación excesiva.
- Regular las actividades industriales y extractivas para que cumplan con estándares ambientales y de derechos humanos.
Obligación de prevenir daños ambientales
El principio de prevención es fundamental en el derecho ambiental internacional. Los Estados están obligados a evitar daños ambientales significativos que puedan afectar tanto a sus ciudadanos y ciudadanas como a otros países. Para cumplir con esta obligación, los Estados deben implementar mecanismos de evaluación de impacto ambiental (EIA) y análisis de riesgos antes de aprobar proyectos o actividades que puedan generar consecuencias adversas sobre el medio ambiente.
Este principio también se vincula con la responsabilidad de no causar daño transfronterizo, lo que significa que los Estados deben garantizar que sus actividades no perjudiquen el medio ambiente de otros países o áreas más allá de su jurisdicción.
Obligación de remediar y reparar el daño ambiental
Cuando se produce un daño ambiental, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas correctivas y de remediación para restaurar el medio ambiente afectado. Además, los Estados deben establecer sistemas legales que permitan la reparación de los daños ocasionados a personas o comunidades afectadas por la degradación ambiental, garantizando su acceso a justicia y mecanismos de compensación.
Obligación de garantizar el acceso a la información ambiental
El acceso a la información ambiental es un derecho reconocido en varios instrumentos internacionales, como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 y el Acuerdo de Escazú de 2018. Los Estados están obligados a garantizar que la información relacionada con el medio ambiente, incluidos los riesgos y amenazas, esté disponible y sea accesible para la ciudadanía.
Esto incluye:
- Publicar información ambiental y datos sobre la calidad del aire, el agua y el suelo.
- Informar a las comunidades sobre los proyectos que pueden afectar su entorno.
- Facilitar el acceso a estudios de impacto ambiental y otros documentos clave.
Obligación de participación pública en asuntos ambientales
El derecho a participar en la toma de decisiones ambientales es un componente esencial del derecho al medio ambiente. Los Estados deben garantizar la participación activa, informada y significativa de la ciudadanía, incluyendo a los pueblos indígenas y comunidades locales, en procesos relacionados con el desarrollo de políticas ambientales, la aprobación de proyectos y la elaboración de normas.
La participación pública es un elemento vital para garantizar la justicia ambiental, ya que permite que las voces de los más afectados por los daños ambientales sean escuchadas y que sus derechos sean protegidos.
El derecho a un medio ambiente sano es esencial para que las personas y las comunidades vivan con dignidad y puedan ejercer otros derechos básicos, como el acceso a la salud, el agua y la alimentación. Los Estados no solo tienen el deber de proteger nuestro entorno, sino también de prevenir su deterioro, remediar el daño causado y asegurar que todos tengamos acceso a la información ambiental. Además, deben garantizar que podamos participar activamente en las decisiones que afectan al medio ambiente, porque es algo que nos toca a todos.
Estas responsabilidades no son abstractas. Se trata de asegurar que tanto nosotros como las generaciones futuras podamos respirar aire limpio, beber agua pura y vivir en un planeta sano. Para lograrlo, los Estados deben actuar con determinación, tomando decisiones valientes y cooperando entre sí para hacer frente a los grandes desafíos que hoy amenazan nuestro entorno.
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Claudia Terán es abogada especialista en Derechos Humanos.
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