Por Luis Fernando Cantoral – ANF
Villistoca se ha quedado sin habitantes. El caserío, ubicado en una llanura entre cerros, a 50 minutos en moto del centro poblado de Tarabuco, contaba con 205 personas en 2012; 12 años después solo quedan vestigios de una escuelita, más de una docena de inmuebles abandonados y lo que fue una capilla que aún acoge a la virgen del Rosario como única habitante. A cientos de metros del caserío, se observan más casas abandonadas. En algunas viven comunarios que resisten la migración. Contadas reses pastan por el lugar.
“En Villistoca solo hay unas 10 personas de forma permanente”, dice Teresa Arancibia, exdirigente campesina que hace unos 10 años dejó su casa en la comunidad para irse con su familia a Tarabuco, uno de los 29 municipios del departamento de Chuquisaca, donde está Sucre, la capital oficial de Bolivia. Ahí trabaja vendiendo pollo frito y hamburguesas y tejiendo mantas y ponchos.
Teresa recuerda que cuando era niña veía mucha gente en el caserío, pero por la falta de agua para el consumo y los cultivos, la gente se fue yendo, los cultivos se redujeron y la escuelita cerró. La sequía mermaba las cosechas y la cebada, el maíz y la papa resultaban insuficientes para el sustento.
“Algunos estamos en Tarabuco, otros se han ido a Sucre, otros a Santa Cruz”, dice Teresa.
Aunque estos desplazamientos son multicausales, los testimonios recogidos en este reportaje entre autoridades, expertos y habitantes de Chuquisaca señalan al cambio climático como el principal causante del éxodo debido a que ha ido intensificando los fenómenos meteorológicos y climáticos.
El aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones en la región han sufrido una variación drástica. Las temperaturas máximas de abril a junio, meses que habitualmente no son calurosos, han venido incrementándose de manera considerable en los últimos cuatro años; en esos mismos años, las precipitaciones cayeron en un 47%, lo que ha reducido los meses de lluvia y la humedad de los campos de cultivo.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2024, 92 municipios a nivel nacional perdieron población, así como 17 municipios de Chuquisaca, respecto al Censo de 2012.
Las lluvias intensas, las granizadas y las heladas también golpean a los demás municipios del departamento. Cada vez son más imprevisibles y afectan los patrones de precipitación y los sistemas agropecuarios.
La migración asociada a cambios extremos del clima no ocurre solo en Chuquisaca, sino en Potosí, Oruro y otros puntos de Bolivia, un país donde la temperatura promedio ha subido entre 0,9 y 1,2 °C desde 1890, de acuerdo con información citada en la Política Plurinacional de Cambio Climático, lo que ha ido agudizando los fenómenos naturales.
Michelle Vásquez, responsable de la Unidad de Meteorología Agrícola del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), señala que en todo el territorio nacional se ven efectos del cambio climático. Dice que, desde agosto de 2023, gran parte de las estaciones meteorológicas del país han ido superando sus temperaturas máximas, e igual en 2024. “Es decir, cada año las temperaturas son cada vez más altas”.
Aclara que el cambio climático no produce sequías, inundaciones, tormentas o granizadas, sino que las intensifica al modificar su comportamiento. Esto significa que hace más severo e intenso el clima, con épocas secas más secas y épocas húmedas que concentran las precipitaciones en tiempos cortos, es decir, lo que debería caer en un mes, a veces llueve en un solo día.
92 municipios disminuyen población en 12 años
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2024, en comparación con los del Censo 2012, se observa que 92 municipios, la mayoría ubicados en zonas rurales de los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Oruro, que reciben mayor impacto de la crisis climática, disminuyeron población hasta en un 28%.
La Agencia de Noticias Fides y CONNECTAS revisaron los datos históricos meteorológicos y poblacionales de Bolivia para averiguar por la relación entre cambio climático y migración. Tomaron como ejemplo lo que sucede en Tarabuco, un municipio que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2024, y el análisis de la Fundación Jubileo, perdió más del 21% de su población, en comparación con el censo de 2012. Villistoca, uno de sus caseríos, sufrió el éxodo del 98% de sus habitantes, según el alcalde de Tarabuco, Ariel Siles. Él estima que al menos una docena de comunidades de su municipio son las más afectadas.
Fermín Salva, de la comunidad de Thaya Huaca, a 21 minutos en moto desde el centro poblado de Tarabuco, da testimonio de esta situación. “No hay lluvia, no hay trabajo, aquí en la comunidad está totalmente la crisis, por eso la gente, mis hijos, se han ido a otro país, a otros departamentos, para que vivan bien, para que trabajen”, dice junto a su yunta.
Vestido con ropa de faena, el productor prepara la tierra a fines de noviembre, cuando en otros años por esa fecha ya había terminado de sembrar. La lluvia cada año llega más tarde. Antes los campos eran humedecidos desde septiembre.
Fidel Limachi, exautoridad del consejo del pueblo indígena de Puka Puka, a 12 minutos de Tarabuco en moto, también relata cómo la falta de agua ha ido frustrando su intención de que su comunidad, que cuenta con un colegio de nivel secundario, se convierta en un centro poblado.
“Tenemos casas desde 1999, en cinco a diez años ha crecido bien el pueblo, pero ahora se ha parado por falta de agua, se han ido a todo lado”, señala.
El alcalde Siles refiere que el calor de los últimos años es tan intenso que parece “como si se estuviera bajando el sol”, y esta situación ha acentuado la sequía en una región que por lo general es de baja precipitación.
La falta de agua también afecta al centro urbano de Tarabuco, que es abastecido solo por dos horas de manera interdiaria. Las comunidades a las que se puede llegar con cisterna se benefician hasta con cuatro turriles (tanques de plástico de 650 litros de capacidad c/u) por familia una vez al mes, según señala Eluterio Flores, encargado de la distribución.
Fermín dice que el agua “no es suficiente para preparar la comida, para lavar la ropa, para que beban los animales”.
Aparte de Tarabuco, la crisis climática ha producido migración en otras regiones de Chuquisaca, como Padilla, que también perdió un 27,4% de su población; Azurduy con un 26,2%, Villa Alcalá con un 23,5% y Huacareta con un 13,8%, de acuerdo con el Censo de 2024.
Un problema generalizado
Problemas similares ocurren en todo Bolivia, pues se encuentra en una zona de intensa variación climática. “Dadas sus características geográficas, topográficas, meteorológicas y escasas capacidades de adaptación ante los efectos adversos del cambio climático y desastres —de acuerdo con el Informe Global de Riesgos 2022 del Foro Económico Mundial, citado por la Organización Internacional de Migraciones (OIM)—, el país se ve expuesto a desastres que inciden negativamente en los medios de vida de poblaciones en situación de vulnerabilidad”.
El mismo documento de la OIM sobre movilidad ambiental y climática en América del Sur señala que, además, “Bolivia enfrenta desafíos en torno a la disponibilidad del recurso hídrico. Las sequías prolongadas, la desertificación que afecta a más del 40% de su territorio y la pérdida del 50% de la cobertura glaciar aumentaron la inseguridad hídrica, tanto para el consumo como para actividades productivas como la agricultura o la ganadería. Estos impactos han sido especialmente agudos en zonas rurales, lo que ha motivado procesos migratorios hacia áreas metropolitanas y ciudades intermedias. Los pueblos indígenas han sido afectados de forma diferenciada, debido a que dependen en gran medida del medio natural”.
Entre 2016 y 2022, las inundaciones causaron el 95,3% de los nuevos desplazamientos internos por desastres registrados en el país, de acuerdo con el informe del Centro de Vigilancia de los Desplazamientos Internos 2023, citado por la OIM.
Los expertos coinciden en que el cambio climático está provocando una escasez de agua en todo el mundo debido a que el aumento de las temperaturas provoca que llueva menos y que la evaporación aumente. A su vez, basados en estudios científicos señalan que el cambio climático está provocando que las sequías duren más tiempo y abarquen territorios más grandes.
“Básicamente nuestro territorio ha sufrido un incremento de 1,5 grados en promedio, y puede ser que, en algunos lugares, de manera disgregada a lo largo del país, la cantidad sea mayor, incluso hasta 2 grados”, dice José Luis Montaño, docente del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Para él, esto es “un hecho ya consolidado en todo el país”.
El Monitor de Sequías del Senamhi muestra lo que sucede a nivel nacional, en una línea de tiempo de febrero de 2007 a febrero de 2024: la intensidad húmeda o normal se ha ido reduciendo y ha dado paso a la sequía débil, a un aumento de la sequía moderada y a sequía severa. Los datos indican que los niveles de sequía extrema aparecen con más frecuencia en los últimos tres años.
Falta de proyectos integrales
“En las comunidades hasta las vertientes se secaron, tuvieron que llevar agua para atender a la gente, a 25 a 30 kilómetros de distancia”, cuenta Simeón Limón, control social del municipio de Padilla.
Según él, tampoco existen políticas para el sector productivo y, si bien se construyen algunas represas para riego, “falta apoyo con semillas certificadas y apoyo en los mismos sistemas”.
Los efectos climatológicos afectaron los municipios de Nor y Sud Cinti, también en Chuquisaca, pero en ese lugar la causante no fue la sequía, sino las lluvias intensas que derivaron en riadas y desborde de ríos, así como granizadas inusitadas que mataron los cultivos.
“Ha hecho desaparecer una comunidad con nuestros productos ¿qué vamos a hacer? Esos son efectos del cambio climático, nunca antes habíamos visto granizadas así”, cuenta Miguel Mamani, secretario general de la Federación de Campesinos de esos municipios.
15 familias de su comunidad decidieron migrar por no tener recursos para volver a sembrar y porque el municipio no cuenta con maquinarias para encauzar las quebradas y habilitar las tierras afectadas. “Ya no hay confianza, si llueve de nuevo, se vuelve a inundar”, indica.
Teresa Arancibia recuerda que en el caso de Villistoca, en su gestión en 2023, igual que lo han hecho otros dirigentes campesinos, pidió proyectos para agua y luz, pero todo quedó ahí: “No hay plata”, le dijeron.
Pero, hay inversiones millonarias que podrían convertirse en elefantes blancos. Ocho plantas procesadoras de alimentos, con una inversión de 93,3 millones de dólares, corren el grave riesgo de quedar inactivas por la falta de insumos agrícolas, según reporta una nota publicada por Educación Radiofónica de Bolivia (Erbol) en octubre pasado. En ella, Félix Almendras, secretario departamental de Desarrollo Productivo, advirtió que la producción de materias primas como el maíz, el ají y el maní ha caído drásticamente desde 2005, lo que amenaza la viabilidad de estas plantas.
Esta realidad coincide con la insuficiente inversión en proyectos de agua como se refleja en las siguientes tablas.
El municipio de Tarabuco, en Chuquisaca, registró entre 2022 y 2025 una caída del 40% en su presupuesto general, en el último año, principalmente por la pérdida de población en más del 21%. La reducción de recursos afectó sobre todo al programa de microrriego, con el que la alcaldía busca mitigar los efectos de la sequía y reducir la migración.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) viene ejecutando desde 2018 el programa nacional Nuestro Pozo, para apoyar a diferentes municipios. En Chuquisaca el Ministerio entregó sistemas de agua y pozos como parte del programa, que ha registrado una reducción de 18% en 2025.
Para este reportaje se solicitó información sobre la designación de recursos para proyectos de mitigación y adaptación al Cambio Climático a los ministerios de Medio Ambiente y Agua y Planificación del Desarrollo. Hasta la fecha de la publicación, con más de tres meses de espera, no se recibió respuesta.
Con la disminución de la población en Tarabuco, el presupuesto 2025 fue reajustado. Son cuatro millones de bolivianos menos ($us571.000), dice el alcalde Siles; “vamos a tener que reducir un poco nuestro personal del gobierno municipal”.
“En 2012 éramos 16.994 y ahora somos 13.551 con el censo de 2024; como gobierno municipal hemos trabajado para hacer volver a los que migraron a Santa Cruz, pero la gente no quiere, ya se enraizaron”, refiere.
Indica que algunas comunidades en Tarabuco se quedaron con personas en su mayoría de 60 años que ya no pueden trabajar la tierra. Hay entre 35 y 40% de tierras abandonadas.
La migración también afectó a la población escolar, que tuvo una reducción del 52% en 16 años. Siles dice que, de las 56 unidades educativas, cuatro ya cerraron. Existen muchas escuelas con entre 3 y 20 estudiantes y unidades educativas con entre 100 y 440 alumnos hasta 2020, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación.
El municipio pese a ser considerado destino turístico por su rica cultura y tradiciones Yampara, nación originaria que destaca por sus danzas, cerámica polícroma y tejidos tradicionales, no ha podido activarse económicamente para retener a su población.
Lo mismo le ha pasado a Chuquisaca: la sucesiva migración le ha costado un escaño de representación en el legislativo nacional. 52 días antes del Censo de Población y Vivienda, que se llevó a cabo en marzo de 2024, el gobernador, Damián Condori, expresaba su preocupación por la migración en el departamento y decía en rueda de prensa: “Sabemos que los municipios han sufrido mucha migración […] por diferentes razones, no podemos decir que es por un solo factor, pero el cambio climático es el principal factor para que haya migración”.
Condori, en respuesta a un cuestionario que se le hizo llegar, identificó cuatro problemas estructurales en el departamento que no se han podido superar: el insuficiente sistema de riego para el consumo y para la agricultura, la escasa integración caminera, la falta de programas para apoyo al sector productivo y la exigua electrificación.
Dijo, que, si bien la población presenta una alta cobertura en servicios básicos, “ello no es una garantía de que presente una elevada adaptación a los efectos de los cambios climáticos”.
Disposición de alimentos
La falta de lluvias ha impactado en el rendimiento de los cultivos en Tarabuco en un territorio donde solo el 40% tiene algún tipo de riego, pero no de forma permanente, mientras que el 60%, sin ninguna capacidad de represamiento, depende únicamente de las lluvias, señala el alcalde.
Hay proyectos de represas para riego, con una inversión de casi 13 millones de dólares, entre la gobernación y el gobierno nacional, para garantizar el agua a algunas comunidades en las zonas como Cororo, Pampa Lupiara y Anahuarque. La alcaldía también reactiva una represa en la comunidad Paredón, construida hace 12 años, que no entró en funcionamiento.
“Como gobierno municipal también hicimos ocho atajados (reservorios de agua) con geomembranas para el apoyo a la producción, para que no haya migración”, señala Siles.
Los cultivos de maíz, papa y cebada de Fermín Salva, en Thaya Huaca, apenas le rinden entre un 30 y 40% debido a que solo cuentan con lluvias para el riego. Hay comunidades donde siembran la cuarta parte de la tierra de cultivo para garantizar la cosecha, como hace Gabriel Choque, dirigente del Sindicato Agrario Tarabuco que agrupa a nueve comunidades.
“Se siembra, mínimo, una cuarta parte de la hectárea, porque cuando no llueve lo seca, mucha lluvia lo inunda, a veces viene la granizada, la helada, por ese motivo sale poca producción”, dice Choque, comunario de Viscachani que colinda con Villistoca. Sin embargo, estas afectaciones, especialmente en alimentos recurrentemente impactados, no se reflejan en las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que, en general, muestran aumento en varios años. La alcaldía de Tarabuco y la gobernación de Chuquisaca insisten en que se está produciendo menos, pero no tienen cifras precisas sobre el volumen de producción.
Yasminca Tito, coordinadora del Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) del MDRyT explica que solo 11 productos considerados principales —cebolla, tomate, zanahoria, papa, soya, trigo, arroz, caña de azúcar, maíz y carnes de res y pollo— son monitoreados en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca. El objetivo es medir la producción mediante toma de muestras en salidas de campo. Para el resto de productos se hace una proyección con base en el Censo Agropecuario 2013.
Boris Arias, jefe la Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa Mundial de Alimentos (PMA), señala que el calendario agrícola ha cambiado debido al desplazamiento del régimen hídrico: “Antes estaba muy marcado, venían los rituales de agosto y en septiembre empezaban a cultivar, eso estaba asociado con las primeras nevadas y heladas, la gente del campo decía ‘esta es la nevada de transición de temporada que nos anuncia que tenemos que empezar a cultivar’”.
Sin estadísticas para los migrantes climáticos
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala que la migración es el resultado de una combinación de factores como la pobreza, la desigualdad, la crisis económica, los conflictos armados, la pérdida de biodiversidad y las cuestiones de género. Refiere que este carácter multicausal se suma al desafío de vincular el cambio climático y la migración, pues su relación a menudo no es directa.
Yara Morales, coordinadora de Proyectos de Cambio Climático y Migración de OIM Bolivia, indica que atribuir eventos específicos al cambio climático no es siempre sencillo. Destaca como positivo el que la Ley 370 de Migración de Bolivia reconozca la condición de migrante climático, que no se trabaja en otros países; sin embargo, advierte que no hay una reglamentación para identificar a los sujetos climáticos. Tampoco están incluidos en políticas nacionales ni en compromisos internacionales sobre cambio climático.
La Ley define a los migrantes climáticos como “grupos de personas que se ven obligadas a desplazarse de un Estado a otro por efectos climáticos, cuando existe riesgo o amenaza a su vida, sea por causas naturales, desastres medioambientales, nucleares, químicos o hambruna”.
Angélica Ponce, directora de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), institución ejecutora de la Política y el Plan Plurinacional de Cambio Climático, señala que el 2024 se adoptó el Plan Nacional de Mitigación y para enero o febrero de 2025 se lanzará el Plan Nacional de Adaptación que aborda “el tema de la migración como un punto fuerte”.
Para contabilizar a los migrantes climáticos, agrega, se viene trabajando con mapas municipales para identificar los territorios que han sido fuertemente afectados por la crisis climática, donde incluso han desaparecido comunidades enteras.
Actualmente solo se tiene el mapa de vulnerabilidad climática municipal de 2022, que toma en cuenta para el análisis niveles de vulnerabilidad de seis áreas de interés: alimentos, agua, salud, hábitat humano, ecosistemas e infraestructura. “En el tema de migrantes climáticos todavía no se ha desarrollado una documentación específica”, dice Mauricio Fernández, de la Dirección de Mitigación de la APMT.
El PMA viene trabajando en Oruro, otro departamento de Bolivia, con las comunidades Uru-muratos y Uru-chipayas que han sufrido el impacto de la sequía. El lago Poopó, que era su hábitat, retrocedió hasta secarse y se quedaron sin territorio ni lugar donde vivir.
“Estamos trabajando creando piscigranjas, creando carpas solares que se ven desde el cielo, dándoles acceso a lo que han perdido: el agua; que ahora ya están autogestionando”, dice para este reportaje Alejandro Lopez-Chicheri, director de País de la oficina de Bolivia del PMA.
Refiere que estos proyectos han traído de regreso a muchas de estas personas que migraron hacia la ciudad de Oruro y hacia Chile, aunque sabe que hay quienes no retornan.
“Nadie quiere abandonar el sitio donde ha nacido, tiene que haber razones poderosísimas y normalmente son económicas, pero están relacionadas con el clima, si tienes que abandonarlo es porque ya no hay medios de subsistencia”, relata Lopez-Chicheri.
Teresa Arancibia también sueña con regresar a su comunidad, Villistoca. Sigue esperando la ayuda de las autoridades. Dice que le gustaría sembrar cada año, como antes, papa, maíz, cebada, arveja, trigo, pero por su casa no pasa el agua.
“Hay un riachuelo, pero falta cañería; mejor si hay un pozo o un atajado”, anhela.
Una investigación de Luis Fernando Cantoral para Agencia de Noticias Fides y CONNECTAS con el apoyo de Open Climate Initiative/Centre for Investigative Journalism (OCRI/CIJ)
Créditos
Investigación, texto, fotos y videos: Luis Fernando Cantoral
Acompañamiento editorial: Equipo CONNECTAS
Diseño y desarrollo: Rolando Monzón
Multimedia: Paula Andrea Cantoral
Recolección y procesamiento de datos: Mauricio Foronda
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