Claudia Terán
El derecho de acceso a la información, protegido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Este derecho no solo fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también fortalece la participación ciudadana y el control sobre la gestión pública, lo que resulta esencial para combatir la corrupción y asegurar el buen funcionamiento del Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha interpretado que el artículo 13 de la Convención Americana impone una obligación positiva a los Estados de permitir a las y los ciudadanos acceder a la información que está en su poder. El principio 2 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión reafirma que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente, mientras que el principio 3 establece que toda persona tiene derecho a acceder a información sobre sí misma o sus bienes de manera expedita y no onerosa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado que el derecho a «buscar» y «recibir» información incluye el acceso a la información bajo el control del Estado, sujeto a un régimen estricto de restricciones. Estas restricciones deben cumplir con los criterios de excepcionalidad, consagración legal, objetivos legítimos, necesidad y proporcionalidad estricta.
Es tal la importancia de acceder a información que su ejercicio está directamente relacionado con el principio de máxima divulgación, que implica que toda información debe ser accesible en principio, y cualquier limitación debe estar justificada bajo un régimen limitado de excepciones, más aún, la carga de la prueba para justificar la negativa de acceso a la información recae en el órgano estatal que posee dicha información. Este enfoque busca evitar la arbitrariedad y promover la seguridad jurídica en el ejercicio de este derecho.
Además, los Estados tienen la responsabilidad de garantizar este derecho, asegurando que las limitaciones a su ejercicio estén establecidas en una norma con rango de ley y sean estrictamente necesarias y proporcionadas, además de fundamentadas.
El derecho de acceso a la información es una herramienta esencial para el control ciudadano sobre el funcionamiento del Estado y la gestión pública. Permite a las personas ejercer un control efectivo sobre la corrupción y participar de manera informada en asuntos públicos, fortaleciendo así el ejercicio de los derechos políticos y la realización de otros derechos humanos, especialmente para los grupos en mayor situación de vulnerabilidad.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, es crucial que las y los servidores públicos actúen de buena fe. Esto significa interpretar la ley para cumplir con los fines del derecho de acceso, asegurar su aplicación estricta, brindar asistencia a las y los solicitantes, promover una cultura de transparencia y actuar con diligencia y lealtad institucional. La actuación de buena fe contribuye a asegurar la satisfacción del interés general y a mantener la confianza en la gestión estatal.
En suma, el derecho de acceso a la información, aunque no absoluto, es un derecho humano fundamental que fortalece las bases de la democracia. La implementación efectiva de este derecho, guiada por principios como la máxima divulgación y la buena fe, es esencial para una gobernanza transparente y responsable.
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Claudia Terán es abogada especialista en Derechos Humanos.
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