Las leyes para garantizar la Transmisión Rápida de Resultados (TREP) y la del debate obligatorio están avanzando en su aprobación en la Asamblea Legislativa, sin embargo, otras dos, consideras clave para blindar el proceso electoral, no están en agenda y sólo falta una semana para que el Órgano Electoral convoque a elecciones generales, requisito que debe cumplirse el primero de abril.
La Ley de TREP fue aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada y esta semana ingresó al Senado para su tratamiento y sanción; mientras que la Ley del Debate Obligatorio fue aprobada en grande y en detalle este jueves en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, los proyectos que ni siquiera están en agenda son el que garantiza el principio de preclusión del proceso electoral y el que incluye a los vocales electorales en la Ley de Juicio de Responsabilidades para que, en caso de ser juzgados, sea a través de la Asamblea y no en la justicia ordinaria.
La propuesta de este paquete de leyes surgió del acuerdo multipartidario que fue propiciado por el TSE en febrero pasado.
“A los fines de garantizar la vigencia plena del principio de preclusión, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá aprobar, hasta antes de la emisión de la convocatoria a las elecciones nacionales, el proyecto de ley elaborado por el Tribunal Supremo Electoral en sus dos últimos artículos en lo referido a su no subordinación a ningún otro órgano del Estado, especialmente en cuanto a plazos, habilitaciones e inhabilitaciones, escrutinio, cómputo y publicación de resultados”, señala el punto 2 de las 15 acuerdos de la declaración del citado encuentro.
Esta exigencia del TSE surgió debido a la experiencia de las elecciones judiciales, que fueron paralizadas en algunos departamentos por disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional, que todavía está controlado por los magistrados prorrogados.
Y, justamente por eso, los vocales exigen ser incluidos en la Ley de Juicio de Responsabilidades, porque temen ser juzgados penalmente en la justicia ordinaria si llevan adelante las elecciones contra la voluntad de los prorrogados o si se presenta alguna demanda en su contra.
Las leyes que avanzan
El Proyecto de Ley sobre Debate Electoral Obligatorio y Público para los candidatos modifica la Ley 026 de Régimen Electoral para introducir este requisito, con una sanción que implica la pérdida del financiamiento estatal en caso de incumplimiento.
“Se establece el debate electoral público y obligatorio para los candidatos y las candidatas a cargos de presidente, vicepresidente, gobernadores, ejecutivos regionales y alcaldes del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de dar conocer y debatir ante el electorado sobre programas de gobierno de las organizaciones políticas y contribuir al voto informado”, señaló el diputado José Maldonado, en la lectura de la norma, según un reporte de la agencia ABI.
El diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, informó que se estableció una «sanción económica en relación a todo el gasto que hizo el Estado en la publicidad sobre ese debate presidencial y aquel candidato que no asista va a tener que cubrir ese costo económico».
Y, según dijo, se introdujo un artículo que no estaba contemplado en el proyecto que establece que «va a ser sancionado el candidato que incumpla su obligación de asistir al debate presidencial con el retiro de los spots y las cuñas publicitarias en todos sus medios publicitarios, que en las últimas semanas son decisivos para apuntalar una campaña electoral».
El proyecto propone que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe organizar los debates dentro de 15 días anteriores y hasta cinco días previos a la fecha de la elección.
En caso de una segunda vuelta, los candidatos habilitados deben participar de un nuevo debate, dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la elección.
Hace justo una semana, también la Cámara de Diputados aprobó, en grande y detalle, el proyecto de ley de incorporación de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
“Habiéndose aprobado el proyecto N° 414/2024-2025 en sus dos estaciones en grande y detalle y siendo cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, señaló entonces el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra.
Esta norma busca que los electores puedan conocer, el mismo día de la votación, el nombre del ganador para evitar que se desaten susceptibilidades y tensiones en el transcurso del conteo oficial de votos, que suele tomar varios días.
Ambas normas, la del debate obligatorio y la del TREP, fueron también solicitadas por la sociedad civil a través de pronunciamientos públicos.
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