En 2024, los bolivianos fuimos testigos de incendios forestales que superaron los niveles históricos a nivel nacional y mundial: 13,5 millones de hectáreas con vida fueron calcinadas. Hasta el momento, se ha identificado solo parcialmente a los culpables, sin condenas proporcionales al daño ambiental y a la salud de la población afectada por el humo. Asimismo, en la región de la Patagonia, tanto argentina como chilena, en 2025 se presenciaron incendios apocalípticos. A estos hechos los une una causa en común: la mercantilización de la tierra como un simple objeto de cambio. La pregunta de fondo es: ¿quiénes salieron ganando con el fuego?
Desde la llegada del Movimiento al Socialismo (MAS), Bolivia evidenció un crecimiento descomunal de la deforestación para ampliar la frontera agrícola. Con el temor de seguir los pasos de Venezuela, los empresarios agropecuarios pactaron con los gobiernos del MAS; un acuerdo implícito basado en la compra de productos agrícolas e incentivos para la producción de biocombustibles y la apertura de mercados del exterior para productos como soya, girasol y carne bovina. Paralelamente, el MAS incentivó la creación de comunidades en el oriente para ganar presencia política, en desmedro de los territorios indígenas originarios.
Para viabilizar este modelo, desde 2013 se consolidó un paquete de leyes que perdonan desmontes ilegales a cambio de multas irrisorias o promesas de reforestación que nunca se fiscalizan. Por ejemplo, la Ley 741 permite desmontar hasta 20 hectáreas sin planes de manejo complejos, facilitando un avance de la frontera agrícola. Asimismo, el Decreto Supremo 3973 amplió las áreas de «quema controlada» en Beni y Santa Cruz, facilitando la conversión de zonas forestales en áreas destinas a actividades agropecuarias y ganaderas.
Para 2024, con este marco normativo a favor, la presencia de avasalladores en tierras fiscales se volvió incontenible. Fue un caldo de cultivo gestado por años: el gobierno del MAS dotó tierras de forma irracional a comunidades interculturales, sector que utilizó hábilmente su cuota de poder dentro de la administración pública. Al ver debilitada la gestión de Luis Arce, ante la crisis económica y ante la baja expectativa de un retorno de Evo Morales, en 2024 se activaron los incendios. Debido que el proceso de dotación en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es lento (las resoluciones tardan entre 12 a 18 meses), y siendo el último año de gobierno, era la oportunidad de «limpiar» y solicitar el cambio de estas tierras como aptas para cultivos. En 2024, mientras los incendios seguían activos, el INRA continuaba emitiendo resoluciones de asentamientos en áreas que estaban en pausa ecológica (CEJIS, 2024).
En este escenario, los empresarios agropecuarios también chaquearon para cumplir con la Función Económica Social (FES) y evitar la reversión de tierras al Estado. Mientras los medios de comunicación minimizaban los hechos, el humo en el primer anillo de Santa Cruz y en los centros educativos se hizo imposible de ignorar. La inactividad gubernamental fue complicidad. Vimos cuerpos de animales calcinados mientras el gobierno descalificaba denuncias de activistas y organizaciones que reportaban incendios en regiones como el Madidi. Esto demuestra el peligro de que un grupo maneje las instituciones para beneficio de su sector; al final, como la producción de soya o ganado demanda una alta especialización y costos que el que recibió la dotación no puede cubrir, esas tierras terminan siendo vendidas y concentradas por empresarios (CIPCA, 2026).
En la Patagonia argentina la situación es similar, aunque el motor es el negocio inmobiliario. En 2025 se registró la quema de 437.000 hectáreas; un ecocidio facilitado por el recorte del 70% en fondos de prevención de incendios parte de las políticas del presidente de argentino Javier Milei. Una vez que el bosque nativo arde, pierde su categoría de protección estricta, lo que las inmobiliarias aprovechan para presionar por cambios de uso de suelo hacia proyectos turísticos de lujo o concesiones mineras que antes no podían avanzar por la cobertura boscosa. Mientras Bolivia tiene sus «leyes incendiarias», en Argentina actualmente el gobierno busca eliminar la Ley de Manejo del Fuego, que prohibía vender tierras quemadas por 60 años. Sin esa barrera, el fuego es la vía más rápida para urbanizar y atraer inversión a costa del ecosistema.
Chile marcó un referente bajo el gobierno de Gabriel Boric, actuando con dureza procesando a 70 sospechosos de activar incendios en 2025, quienes enfrentarían hasta 20 años de cárcel. Sin embargo, el panorama cambia con el giro político actual: el discurso de atraer inversión a toda costa del presidente José Antonio Kast da pautas de que se ignorará o negara la importancia de los ecosistemas y el gran banco genético que alberga Chile en su territorio, priorizando nuevamente el beneficio empresarial. Lo que observamos en el Cono Sur es un debilitamiento normativo sistemático del medio ambiente.
En plena era de la ciencia y la tecnología, es contradictorio que gran parte de los gobiernos de América Latina apuesten por modelos extractivistas y de especialización agrícola que nunca lograron sacar de manera sostenible a ningún país de la pobreza. Las normativas no deberían favorecer a determinados sectores económicos a costa del futuro de su población y de sus ecosistemas. Aún estamos a tiempo de impedir que los bosques incendiados en Bolivia, Chile y Argentina terminen convertidos en mercancía, evitando que estos hechos se repitan y desplacen definitivamente a la biodiversidad.
Rubén Ticona Quisbert es economista y defensor ambiental.
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