Una estación de servicio en Bolivia. Foto: FM Bolivia
La Defensoría del Pueblo registró 109 conflictos sociales activos y 59 anuncios de medidas de presión en Bolivia entre julio y septiembre de 2026, periodo en el que la conflictividad aumentó progresivamente hasta alcanzar su punto más alto en septiembre, con 72 registros. El encarecimiento y la escasez de combustibles, las demandas salariales y el incremento del costo de vida estuvieron entre los principales factores que impulsaron las protestas, según el tercer reporte trimestral de la institución.
El informe señala que los conflictos vinculados al ámbito económico fueron los más numerosos, con 45 casos, seguidos por los relacionados con la gobernabilidad y las demandas laborales y salariales, con 14 casos cada uno. En cuanto a las medidas de presión, las vigilias ocuparon el primer lugar, con 33 registros, seguidas de los bloqueos de vías (21) y las marchas (18).
La cantidad de registros también mostró un incremento sostenido durante el trimestre: pasó de 41 en julio a 55 en agosto y 72 en septiembre. La tendencia se mantuvo pese a la vigencia del estado de excepción decretado mediante el Decreto Supremo 5636, que estableció restricciones a las reuniones y manifestaciones públicas y prohibió los bloqueos de vías.
La Defensoría identificó como uno de los principales detonantes de las movilizaciones la aprobación del Decreto Supremo 5676, que autorizó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a comercializar diésel a clientes directos, grandes consumidores (GRACOS) y usuarios directos a un precio referencial inicial de Bs 18 por litro. La disposición generó el rechazo de productores y transportistas, además de paros y bloqueos en distintos departamentos.
Uno de los episodios más críticos ocurrió el 27 de agosto en el puente San Pablo, en la carretera entre Trinidad y Santa Cruz, donde un operativo policial y militar para despejar la vía dejó cinco personas heridas y tres aprehendidas. Los productores agropecuarios de la provincia Marbán habían instalado el bloqueo en rechazo a la medida. La protesta fue levantada el 30 de agosto, después de que se alcanzaran acuerdos con el Gobierno.
Las movilizaciones también se expresaron mediante paros del transporte urbano, interprovincial e interdepartamental en Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro y Tarija, además de bloqueos en Betanzos, Potosí, y protestas vinculadas a la gestión de residuos sólidos en El Alto y La Paz. A estos conflictos se sumaron demandas por salarios pendientes, estabilidad laboral y cumplimiento de convenios.
En cuanto a los derechos afectados, el reporte identificó 16 incidencias relacionadas con el ámbito laboral, principalmente por el pago de salarios y la estabilidad en el empleo. Le siguieron las afectaciones al derecho a la alimentación, con ocho casos, y a la educación y la vivienda, con seis casos cada una.
La Defensoría informó que intervino en 41 de los 109 conflictos registrados, equivalentes al 42%, mediante verificaciones, acompañamiento y facilitación del diálogo. Entre los casos atendidos estuvieron las protestas de trabajadores de los rellenos sanitarios de Sak’a Churu y Alpacoma, en La Paz, que exigían el pago de salarios adeudados, y el bloqueo al relleno sanitario de Villa Ingenio, en El Alto, por denuncias de presunto mal manejo ambiental.
En sus conclusiones, la institución advirtió que las restricciones establecidas durante el estado de excepción no fueron suficientes para resolver las causas del descontento social y alertó sobre el riesgo de nuevas protestas por el desabastecimiento de carburantes, el costo de vida y las tensiones con sectores del transporte y organizaciones sociales. Por ello, planteó fortalecer los espacios de diálogo y concertación para prevenir la escalada de los conflictos y evitar nuevas vulneraciones de derechos humanos.
Aquí puede leer el informe de la Defensoría del Pueblo:
