El edificio de la Defensoría del Pueblo en La Paz. Foto: Archivo La Razón.
Mediante una acción de inconstitucionalidad abstracta, la Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que revise la Ley N.º 1732, que abroga la norma que regulaba los estados de excepción, al considerar que la eventual aplicación de esta medida debería contar con límites, controles y garantías para los derechos humanos.
Según información publicada en las redes sociales de la Defensoría, la acción plantea, entre otros aspectos, la existencia de una presunta omisión legislativa derivada de la abrogación de la Ley N.º 1341 de Estados de Excepción, considerando el mandato contenido en el artículo 139 de la CPE.
«Es importante aclarar que esta acción no tiene por objeto impedir que el Estado ejerza las atribuciones que la Constitución le reconoce para proteger a la población frente a situaciones extraordinarias. La preocupación radica en que la CPE establece expresamente que los estados de excepción deben estar regulados por ley, a fin de garantizar reglas claras, controles democráticos, mecanismos de supervisión y la protección efectiva de los derechos fundamentales», se lee.
El 27 de mayo pasado, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley N.º 1732, que abroga la Ley N.º 1341, luego de que el Legislativo debatiera la propuesta por tiempo y materia. La norma fue planteada en momentos de alta tensión y conflictividad social a raíz de los bloqueos protagonizados que exigen la renuncia del presidente. La medida de protesta cumple 33 días y entre los efectos se contabilizan pérdidas millonarias, desabastecimiento y el fallecimiento de al menos ocho personas.
De acuerdo con la Defensoría, la norma abrogada contemplaba mecanismos de control y seguimiento durante la vigencia de un estado de excepción y le otorgaba facultades para supervisar la actuación estatal, elaborar informes sobre la vigencia de los derechos humanos, acceder a información pública vinculada a las medidas adoptadas y formular recomendaciones a las autoridades
«Estos mecanismos estaban orientados a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de la población (…) La acción presentada busca que cualquier medida extraordinaria que eventualmente pudiera adoptarse cuente con límites precisos, mecanismos de control institucional y garantías suficientes para toda la población boliviana», dice.
La Defensoría del Pueblo recuerda que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también tomó nota de la abrogación de la Ley N.º 1341 y recordó que las obligaciones internacionales del Estado boliviano en materia de derechos humanos permanecen plenamente vigentes, incluso en contextos de conflictividad social y eventuales medidas extraordinarias.
«La Defensoría del Pueblo reafirma su respeto a la independencia de los órganos del Estado y a las competencias del TCP para resolver las cuestiones sometidas a su conocimiento. La institución continuará ejerciendo sus atribuciones constitucionales en defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la vigencia plena de las garantías reconocidas por la CPE», sostiene.
El siguiente es el comunicado publicado por la Defensoría del Pueblo:
