Venta de productos. Foto: Defensoría del Pueblo
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó este lunes que el incremento sostenido del precio de los alimentos está comprometiendo el ejercicio del derecho humano a la alimentación en Bolivia y exhortó a las instituciones del Estado, en todos sus niveles, a fortalecer las acciones de protección, vigilancia y garantía de este derecho, con especial atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Durante la presentación del informe «Monitoreo del Acceso a Alimentos y su Impacto en el Ejercicio del Derecho a la Alimentación en Bolivia – 2026», la autoridad recordó que el acceso a una alimentación adecuada constituye un derecho humano reconocido por la Constitución Política del Estado y por los instrumentos internacionales de derechos humanos.
«La alimentación definitivamente no es un privilegio; la alimentación es un derecho humano. La Defensoría del Pueblo, desde septiembre de 2024, realiza un monitoreo permanente sobre el comportamiento de los precios de los principales alimentos que consume la población boliviana», afirmó Callisaya.
Descarga aquí el documento: https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/monitoreo-del-acceso-a-alimentos-y-su-impacto-en-el-ejercicio-del-derecho-a-la-alimentacion-en-bolivia-la-paz,-2026.pdf
El monitoreo, realizado en los principales centros de abasto de las nueve capitales de departamento y la ciudad de El Alto, evidencia importantes diferencias regionales en el comportamiento de los precios. La Paz y El Alto registraron los incrementos más severos durante el periodo crítico; Cochabamba mantiene una tendencia sostenida al alza; mientras que Oruro y Potosí reportaron incrementos desproporcionados en alimentos básicos e incluso episodios de desabastecimiento de algunos productos esenciales.
Asimismo, el estudio revela el impacto directo sobre la economía de los hogares. De las personas entrevistadas, el 63 % afirmó que su presupuesto ya no alcanza para cubrir la alimentación familiar; un 22 % señaló que solo logra satisfacer parcialmente sus necesidades alimentarias y apenas un 15 % considera suficiente su presupuesto para adquirir alimentos.
Callisaya señaló que esta situación obligó a numerosas familias a reducir la cantidad y calidad de los alimentos que consumen, modificar sus hábitos alimentarios y adoptar diversas estrategias para garantizar su alimentación, reflejando que el incremento sostenido de los precios ha dejado de ser un problema exclusivamente económico para convertirse en un desafío de derechos humanos que requiere una respuesta integral del Estado.
En ese contexto, el Defensor del Pueblo afirmó que uno de los principales hallazgos del monitoreo es que el incremento de los precios de los alimentos no constituye únicamente una consecuencia de acontecimientos coyunturales, como los bloqueos de caminos registrados durante el periodo analizado, sino que forma parte de un proceso de encarecimiento estructural que se ha manifestado en los últimos años como resultado de diversos factores económicos y de las políticas implementadas, cuyos efectos continúan deteriorando el poder adquisitivo de los hogares bolivianos y limitando el acceso a una alimentación suficiente y adecuada.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a fortalecer el monitoreo, control y seguimiento de los precios de la canasta básica alimentaria; identificar las causas que mantienen elevados los precios de los alimentos esenciales; y adoptar medidas orientadas a mejorar su accesibilidad económica y prevenir distorsiones en la cadena de abastecimiento.
Asimismo, recomendó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas evaluar el impacto del incremento sostenido de los precios sobre el poder adquisitivo de la población y fortalecer las medidas de protección económica dirigidas prioritariamente a los hogares en situación de vulnerabilidad.
La Defensoría también exhortó a los gobiernos departamentales y municipales a reforzar las acciones de vigilancia del abastecimiento y de los precios en los mercados, así como implementar medidas que contribuyan a garantizar el acceso oportuno a alimentos esenciales, especialmente para las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
El informe concluye que garantizar el derecho humano a la alimentación exige respuestas integrales y coordinadas del Estado para enfrentar no solo las contingencias que afectan el abastecimiento, sino también las causas estructurales que continúan encareciendo los alimentos y restringiendo el acceso de miles de familias bolivianas a una alimentación suficiente, adecuada y digna.
