Durante la gestión 2025, el valor de la actividad minera en Bolivia ascendió a 7.941 millones de dólares; una cifra que, aunque nominalmente superior a los 5.730 millones del periodo previo, resulta engañosa. Este crecimiento responde estrictamente a la coyuntura de cotizaciones elevadas en los mercados internacionales y encubre un estancamiento operativo alarmante, definido por la incapacidad de incrementar los volúmenes de extracción en minerales estratégicos como zinc, estaño, antimonio, plomo, wólfram, cobre y ulexita.
Pese a la retórica de diversificación económica sostenida por los gobiernos del MAS, la minería persiste como la columna vertebral de la economía boliviana, concentrando más del 55% del valor de las exportaciones. No obstante, esta bonanza ficticia, inflada por precios externos, disfraza una crisis estructural profunda.
Nuestra minería nacional se encuentra en fase de agotamiento; sin la implementación de reformas estructurales y urgentes, el sector se precipita hacia una desarticulación definitiva, siguiendo el camino terminal que hoy se registra en la industria hidrocarburífera.
Luego de reiterados aplazamientos y un manejo de la metodología condicionado a la satisfacción de las demandas del sector cooperativo, el Ejecutivo fracasó en la ejecución de la prometida Cumbre Minera. Lo que debía ser un debate para contar con los cimientos de una nueva ley minera, la actualización normativa y el fortalecimiento de la seguridad jurídica para atraer inversiones, terminó degradado a simples diálogos bilaterales con los operadores mineros.
Mientras los actores cooperativistas —tradicionales y auríferos— se enredan en sus propios pactos, la tragedia de nuestra minería se perpetúa sin señales de una transformación que logre superar el «estado tranca» institucional minero.
El núcleo del conflicto reside en una concepción estatal históricamente rentista, la cual degrada la actividad minera a un mero botín destinado a la obtención inmediata de divisas. Bajo esta lógica, se ha postergado de manera sistemática la necesidad imperativa de forjar excedentes duraderos a través del procesamiento industrial y la incorporación de valor agregado a nuestros recursos naturales.
El mayor drama que asfixia a nuestra minería nacional se manifiesta en la exportación incesante de concentrados; un esquema extractivista que no es más que la transferencia directa de nuestra riqueza bruta hacia mercados externos, despojándonos de cualquier posibilidad de beneficio industrial soberano.
La realidad del zinc ilustra de forma cruda esta distorsión: hoy, el país exporta más del 99,4% de su extracción bruta anual. Así, Bolivia alimenta complejos metalúrgicos extranjeros que capitalizan el empleo y el valor agregado, mientras los productores locales absorben los descuentos y tarifas de fundición que van trepando a medida que la cotización sube.
A esta sangría financiera se suma el hecho de que los compradores internacionales no reconocen ni pagan la totalidad de los metales acompañantes valiosos, como el indio, la plata o el estaño, provocando una pérdida que supera los mil millones de dólares anuales para el país. Superar este modelo requiere la instalación urgente de plantas hidrometalúrgicas modulares que permitan comercializar productos refinados u óxidos de zinc, multiplicando el ingreso por tonelada tratada, sin embargo, el actual gobierno optó por archivar este proyecto al dejar sin efecto la instalación de la refinería de zinc en Oruro.
A la par del estancamiento tecnológico, el sector enfrenta una amenaza crucial: el agotamiento acelerado de sus reservas sin el descubrimiento de nuevos yacimientos. La ausencia de un plan estratégico nacional de exploración representa el principal riesgo de supervivencia para operadores privados y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) que continúa explotando sus viejos yacimientos.
Con el propósito de revitalizar la prospección geológica, resulta imperativo que el Estado promulgue una Ley de Promoción de Exploración e Inversión Minera que restituya mecanismos de financiamiento técnico —emulando lo que fue el extinto Fondo Nacional de Exploración Minera (FONEM)—; establecer incentivos concretos y asegure la prioridad contractual para aquellos inversionistas dispuestos a encarar el riesgo exploratorio. En paralelo, el aparato estatal debe retomar un protagonismo proactivo mediante el Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN) y una COMIBOL reorganizada, superando así el actual estancamiento derivado de las limitaciones normativas y la asfixia financiera impuesta por las restricciones del artículo 229, numeral III, de la vigente Ley 535.
La paradoja actual de la estatal minera exige una decisión política al más alto nivel, para lograr su verdadera refundación. Hoy en día, la empresa estatal representa apenas el 6% del valor de la producción minera nacional, agobiada por una burocracia obsoleta, la injerencia política en la toma de decisiones, la falta de capacidad técnica y una brecha salarial insostenible. Reestructurar la COMIBOL implica sanear sus pasivos, corregir las fallas operativas de proyectos paralizados o deficitarios como: Karachipampa, la planta de azufre de Capuratas, o los problemas de reservas, producción y tratamiento en Colquiri, Huanuni y Vinto, y dotarla de una gestión técnica moderna orientada al avance en la cadena metalúrgica del estaño.
Paralelamente, la correlación de fuerzas productivas ha mutado drásticamente: para 2025, el subsector cooperativo controla el 48% del valor explotado —impulsado por el auge del oro—, mientras la empresa privada genera solo el 45%. A pesar de este dominio de las cooperativas mineras, su aporte fiscal es ínfimo: en dos décadas de bonanza, las cooperativas extrajeron riqueza por miles de millones de dólares, dejando al Estado menos del 3% en regalías e impuestos combinados. Este crecimiento se cimenta en la informalidad, con un 85% de cooperativas operando sin licencia ambiental y alimentando la minería ilegal.
Reordenar la política del oro y la actividad cooperativa es urgente, por sus impactos negativos en el orden ambiental, social y fiscal. El Estado debe declarar al oro como un recurso estratégico, uniformar el porcentaje de pago de la Regalía Minera, eliminando las escalas privilegiadas (oro marginal), aplicar el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), eliminar la subvención de combustibles a la maquinaria pesada aurífera y centralizar la comercialización estatal a través del Estado. Asimismo, resulta urgente ejecutar un plan nacional de regularización ambiental que facilite licencias a las pequeñas cooperativas mediante la cooperación internacional, prohibiendo la contaminación por mercurio e introduciendo tecnologías limpias desarrolladas en alianza con las universidades y gobiernos locales.
Para el sector privado formal —que aporta más del 98% de los impuestos mineros— es urgente garantizar seguridad jurídica e incentivos a la inversión. La excesiva burocracia de la Ley 535 y las demoras en la aprobación de contratos en la Asamblea Legislativa Plurinacional deben subsanarse mediante la aplicación del silencio administrativo positivo, la creación de un Tribunal Técnico Minero-Administrativo especializado y la exención de impuestos a la importación de maquinaria industrial, que permita superar la precariedad de nuestra minería. Además, para frenar los avasallamientos y la ocupación ilegal de áreas de trabajo, se requiere el despliegue de controles especializados, con protocolos de atención prioritaria, que resguarden los puestos de trabajo formales y el clima de inversión.
En el marco constitucional del modelo económico plural, resulta necesario habilitar contratos asociativos estratégicos entre el sector cooperativo, la inversión privada y la COMIBOL, garantizando que dichas alianzas tributen como el universo de contribuyentes y ejecuten programas de transferencia tecnológica efectiva; asimismo, esta integración debe constituirse en una oportunidad de lucha contra la expansión de la minería ilegal, a menudo financiada por comercializadoras e inversionistas informales que premeditadamente buscan eludir la norma.
Bolivia se encuentra en una posición privilegiada para posicionarse geopolíticamente ante la transición energética global gracias a sus recursos de litio, plata, zinc, estaño y tierras raras. No obstante, el desarrollo de minerales críticos como el litio requiere superar complejos desafíos técnicos y trascender de la simple producción de carbonato o hidróxido de litio, para avanzar resueltamente hacia la fabricación de cátodos y baterías mediante alianzas estratégicas internacionales y transparentes.
Finalmente, ningún proyecto de industrialización será viable si no se revierte el severo déficit de talento humano e investigación científica. Para refundar la soberanía tecnológica, se sugiere destinar un porcentaje de la recaudación tributaria minera a la investigación especializada, crear un fondo nacional de becas universitarias y de postgrado administrado por COMIBOL en alianza con nuestras universidades (UTO, UATF y UMSA), y promover la fabricación local de reactivos químicos, equipos de protección e insumos industriales.
El resurgimiento de la minería boliviana no vendrá de la improvisación ni de la concesión a intereses corporativos de corto plazo. Requiere de una planificación estratégica multisectorial liderada conjuntamente el Ministerio de Planificación del Desarrollo, con una hoja de ruta clara que integre al Estado, los trabajadores sindicalizados, las cooperativas formalizadas, la inversión privada, academia, cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales e incluso a las comunidades afectadas por la actividad minera.
Solo mediante la transformación de nuestras materias primas en productos industriales con alto valor agregado, Bolivia podrá liberarse de la dependencia de los mercados internacionales de minerales y metales y convertir su riqueza en desarrollo digno, empleo cualificado y bienestar para las futuras generaciones.
La actual administración debe comprender que la verdadera «tranca» de la minería nacional es la ausencia de una política acorde a nuestra realidad local y a las exigencias del mercado global. Mientras no se superen las limitaciones estructurales del Ministerio de Minería y Metalurgia, el Gobierno continuará profundizando el modelo minero del MAS que privilegia al operador cooperativista, dejando a su paso saldos negativos ambientales, económicos y sociales. ¿Es esta la minería que realmente necesitamos?
En última instancia, persistir en el modelo actual heredado del MAS, no es solo una miopía estratégica, sino un acto de irresponsabilidad histórica con el futuro minero de Bolivia. La sostenibilidad del sector no puede depender de la depredación desregulada, ni del entreguismo de concentrados sin procesar. Si el Estado no asume su rol como conductor de una transformación auténticamente industrial y soberana, seguiremos condenados a ser simples espectadores de cómo nuestras cordilleras mineras se desvanecen en manos de la informalidad, el rentismo, la especulación e incertidumbres; mientras la oportunidad de un desarrollo digno se nos escapa entre los dedos.
Alfredo Zaconeta Torrico es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA
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