Crítica a la CIDH

Opinión

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Sumando Voces

Franco Albarracín

Nos sorprendió a todos escuchar la noticia del rechazo a la solicitud de Medida Cautelar para precautelar la vida del líder cocalero, Cesar Apaza. La Comisión Interamericana, incumpliendo la Convención y sus propios reglamentos, procedió a rechazar la solicitud, dejando al campesino en una situación de riesgo inminente frente a las graves violaciones en contra de sus derechos humanos.

Me resulta muy difícil redactar este artículo, sobre todo debido al inmenso cariño que le tengo a la Comisión Interamericana. No solo tuve la oportunidad de trabajar en la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos, sino que también conozco a personas maravillosas y comprometidas que laboran en la CIDH y que podrían dar su vida a favor de los derechos humanos.

También me resulta complicado asumir esta crítica, considerando su preocupación y constante monitoreo al caso de mi familia y padre. La CIDH se ha convertido en un apoyo fundamental para la familia Albarracín en nuestra condición de víctimas de la crisis del 2019.

Sin embargo, también considero que el rol de defensor de los Derechos Humanos debe ir más allá de la cercanía hacia cualquier institución u organismo. Creo que es crucial asumir una posición crítica frente al trabajo que la Comisión ha venido realizando en relación a Bolivia.

Antes del 2019, Bolivia se encontraba entre los países con serios problemas en materia de derechos humanos y presentaba la menor cantidad de audiencias otorgadas ante la CIDH. Lo mismo ocurría con los comunicados o mensajes por Twitter por parte de la Comisión. A pesar de la existencia de masacres, torturas, ejecuciones y graves daños al medio ambiente, nunca hubo comunicados por parte de la CIDH. En el caso de los pocos que hubo, resultaron, para variar, genéricos, poco fundamentados, sin impacto alguno y notablemente tibios, casi en un tono de apoyo al gobierno de entonces.

En los últimos meses, la CIDH ha demostrado que también debe y tiene la responsabilidad de pronunciarse frente a intentos de golpe y quiebres constitucionales, como los de Perú y Guatemala, por ejemplo. Sin embargo, en el caso de Bolivia, la situación fue completamente diferente. La sociedad civil boliviana, antes del 2019, en innumerables ocasiones envió información y presentó denuncias a la CIDH con la esperanza de que se pronunciara, o al menos emitiera un criterio, sobre la violación al 21F y las intenciones de Evo Morales de perpetuarse en el poder a través del supuesto derecho humano a ser reelegido indefinidamente

Las acciones de la Comisión se limitaron a otorgar una audiencia temática e informar brevemente sobre el desarrollo de esta en un párrafo del informe anual de 2018. Lo más preocupante fue que, durante la audiencia temática, la Comisión exhibió nuevamente una actitud pasiva frente a las advertencias de la sociedad civil que señalaban un quiebre constitucional en Bolivia, con posibles graves consecuencias en los derechos humanos, tal como sucedió durante la crisis del 2019. Las organizaciones de derechos humanos advirtieron a la CIDH que se avecinaban conflictos en Bolivia debido a la violación de la Constitución Política del Estado, pero la entidad en cuestión pareció omitir la situación y, como si no hubiere sido informada, se pronunció el 2019, después de haber estado ausente durante años.

Cabe destacar que antes del 2019, Bolivia era uno de los países con la mayor cantidad de solicitudes de medidas cautelares rechazadas, a pesar de encontrarse en un contexto marcado por graves violaciones a los derechos humanos.

La participación de la Comisión durante el conflicto del 2019 fue aún peor. Al haber estado ausente durante tantos años, la Comisión desconocía totalmente la realidad del país, pero ese no fue su mayor problema. La evidente parcialidad del Secretario Ejecutivo de entonces con el gobierno del MAS marcó un punto crítico. En aquel entonces, muchas organizaciones de derechos humanos que trabajan durante décadas en Bolivia, tuvieron mucha dificultad para reunirse con la Comisión. Como resultado de su visita, se difundió un informe que, si bien reflejaba las masacres ocurridas durante el gobierno transitorio, asumió una posición parcializada y descontextualizada de la realidad boliviana. Esto contribuyó a la polarización política, particularmente al ignorar muchas violaciones de derechos humanos.

En este contexto, el Informe del GIEI, con sus aspectos positivos y negativos, representó una salvación para la reputación, legitimidad y credibilidad de la CIDH con la mayoría de las organizaciones de derechos humanos en Bolivia.

Esta Comisión que denuncia violaciones en algunos países, curiosamente parece pasar por alto exactamente las mismas violaciones en Bolivia. En algunos casos, incluso, se convierte en defensora del gobierno en lugar de abordar de manera contundente las preocupaciones relacionadas con los derechos humanos. Por ejemplo, la CIDH actuó de manera correcta al denunciar la falta de independencia judicial, la persecución política y la criminalización en países como Guatemala y Nicaragua. Sin embargo, según organizaciones como The World Justice Project, la situación de la justicia criminal en Bolivia, y su falta de independencia, es aún peor que en esos países. No obstante, Bolivia no recibe la misma atención por parte de la Comisión.

De manera similar, aunque la CIDH rechazó el intento de golpe en Guatemala basándose en el trabajo de las Misiones de Observación Electoral de la OEA, en Bolivia, a pesar de que las mismas misiones denunciaron un fraude electoral, la CIDH no emitió ninguna declaración al respecto. Más preocupante aún, su exsecretario no solo rechazó la existencia de un fraude, sino que también alegó un supuesto golpe de estado en contra del exmandatario Evo Morales, confirmando la afinidad que existía hacia esta exautoridad durante su gestión.

En temas relacionados con la protección al medio ambiente, la CIDH criticó los incendios en Brasil y recientemente en Chile. Sin embargo, en 2019 y nuevamente en 2023, no emitió ninguna declaración sobre los incendios en Bolivia. Teniendo en cuenta la cantidad de hectáreas quemadas y el tamaño de nuestro territorio, estos incendios fueron significativamente más graves que los ocurridos en los países mencionados

Recientemente, el Relator de Libertad de Expresión y el Relator de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) expresaron su preocupación sobre las medidas anunciadas por Javier Milei que restringen la libertad de protesta. Sin embargo, rara vez vemos al Relator de Libertad de Expresión asumir una postura crítica frente a las amenazas, criminalización y secuestro de periodistas en Bolivia. Tampoco lo vimos condenar la brutalidad de la Policía boliviana durante la represión en contra de ADEPCOCA o durante las manifestaciones en Santa Cruz. Ocurre lo mismo con el nuevo Relator DESCA cuando no emitió ninguna postura sobre la contaminación por mercurio en Bolivia o los incendios, a pesar de ser temas de gran relevancia en el país.

No olvidemos que en 2019, sin que existiera ningún tipo de riesgo inminente o peligro contra los Defensores del Pueblo de entonces, Nadia Cruz y Nelson Cox, militantes del Movimiento Al Socialismo, en ese momento defensores del Pueblo, la CIDH otorgó en tiempo récord medidas cautelares a favor de ambos. El hecho de que no le otorguen medidas cautelares a Cesar Apaza, pero sí a dos personas cuya vida e integridad no se encontraban en peligro, debería causarnos indignación a todos los bolivianos y, sin duda, debería cuestionarnos sobre el papel de la CIDH en nuestro país. En pocas palabras, les otorgaron las medidas a dos individuos que claramente no estaban en peligro, pero le negaron a Cesar Apaza después de ser detenido arbitrariamente, torturado y trasladado en coma tras sufrir una embolia mientras seguía esposado.

Esta crítica no debería ser recibida de forma negativa por la sociedad civil, las ONG o la propia CIDH. En el ámbito de los derechos humanos, ha llegado a ser casi considerado un pecado criticar a la Comisión, pero eso no deja de ser un aspecto negativo. Ellos también deben ser objeto de crítica, especialmente cuando su comportamiento no respeta lo establecido por las normas interamericanas en materia de derechos humanos.

A pesar de estas críticas, aún sostengo que la CIDH es esencial para la defensa de los derechos humanos en la región. En países como Perú, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, su crítica y denuncia sin duda han proporcionado a las víctimas un impulso hacia la búsqueda de la justicia. Es lamentable que esta postura  no se replique en Bolivia

Pero aún existen esperanzas, por ejemplo, la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI (MESEG) hizo un trabajo ejemplar, brindando un seguimiento constante y monitoreando el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI.

Por último, sin duda, la presencia del nuevo Comisionado José Luis Caballero puede implicar un cambio positivo en el trato con Bolivia. La apertura, objetividad e imparcialidad que ha demostrado el nuevo Relator por Bolivia puede ayudar a evitar que se repitan los errores del pasado. El reto para la CIDH será el Informe País, donde deberán reflejarse las masacres, persecución y otras violaciones que ocurrieron durante las gestiones de Evo Morales y Jeanine Añez. Pero también deberán abordar los hechos de violencia, persecución política, represión, torturas y detenciones arbitrarias durante la gestión de Luis Arce. No pueden criticar a la justicia boliviana sin cuestionar sus consecuencias, entre ellas la persecución política. «Hay un límite imperceptible entre prudencia y cobardía», como bien señaló Luis Espinal Camps.

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Franco Albarracín es abogado especialista en Derechos Humanos.

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