El Presidente del Consejo de la Magistratura de Bolivia, Manuel Baptista. . Foto: F13 Tupiza.
El Consejo de la Magistratura se pronunció sobre la denuncia contra un juez de Tupiza, en el departamento de Potosí, acusado de presunta agresión sexual a una niña de 9 años y que fue enviado a prisión preventivamente. La institución afirmó que no iniciará un proceso disciplinario hasta que se demuestre su culpabilidad.
«Evidentemente esta conducta podría conllevar a una sanción que implique el retiro de este juez de la institución en caso de comprobarse el hecho antijurídico», dijo en conferencia de prensa el Presidente del Consejo de la Magistratura de Bolivia, Manuel Baptista.
Aunque la gravedad de la denuncia ha generado preocupación en activistas de Potosí, el Consejo de la Magistratura subrayó que no se vulnerarán los derechos del juez procesado, enfatizando la necesidad de una verdadera ponderación del caso.
«Debo manifestarles que vamos a requerir que el juez de este caso, una vez llevada la audiencia cautelar, sea lo más minucioso posible para esclarecer en esta audiencia cautelar una probabilidad de autoría que determine una posible comisión del hecho ilícito y si corresponde aplique la medida extrema de detención preventiva (contra el sindicado)», dijo Baptista.
Mientras tanto, dijo que se solicitó a la Unidad de Transparencia del departamento de Potosí un informe detallado sobre el caso.
Activistas de la organización Mujer de Plata, de Potosí, con anterioridad exigieron que tanto el Consejo de la Magistratura como el Ministerio de Justicia inicien un proceso disciplinario contra este juez y se le retire las licencias respectivas y así deje de ejercer su cargo de juez, así como su trabajo de abogado. La activista Ángela Uzuna Bobarín recordó que hay abogados encarcelados que continuan ejerciendo su labor en favor de otros internos, por lo que es urgente que las instituciones estatales destituyan a personas que tienen estas denuncias.
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