Una de las características de Bolivia es la presencia de venta de alimentos y comercio de productos en cada punto del paisaje urbano. En estos últimos 20 años el panorama no cambió, aun con el incremento de los ingresos provenientes de los hidrocarburos que agilizaron la economía nacional. Gran parte de la población comerciante optó por mantenerse en el rubro debido a lo complejo y burocrático que conlleva instalar una empresa de agregación de valor en Bolivia. Asimismo, con la presencia de convulsiones sociales, cualquier intento de desarrollo empresarial se frena. Lo más racional para minimizar riesgos en este sector que acumuló capital por la bonanza económica del país fue expandirse horizontalmente. La actividad del comercio minorista y mayorista abarca el 35% de la base económica del país, y la mayor parte de esta se concentra en el comercio informal (SEPREC / Ministerio de Economía, 2022). Existe una realidad ignorada detrás de los rubros de venta de alimentos y comercio: es la considerable generación de empleo, informal y formal, que originan.
El comercio informal es la principal fuente de ingresos para millones de familias bolivianas; es el que impide que se replique en el país el éxodo de la población venezolana. Bolivia registra la mayor tasa de informalidad laboral de Latinoamérica: el 84% de la población ocupada. Según investigaciones realizadas por la Universidad Mayor de San Andrés, se estima que la «economía popular» (que engloba al comercio informal minorista, gremiales y microunidades autogestionadas) abarca al 79.7% de la población económicamente activa (PEA). Algo que se puede constatar como ciudadano de a pie, hablando con las caseritas, es que, a consecuencia de la crisis económica, las ventas disminuyeron trágicamente en los últimos dos años. La confianza de la población hacia sus gobernantes es un punto muy importante para que se sostenga el nivel de consumo y disminuya la incertidumbre; como resultado, se genera un mayor movimiento económico en las calles, algo que no sucedió en los últimos años.
Otro de los sectores que generan mayor empleo es el de servicios, dentro del cual el rubro más representativo es el de los restaurantes, snacks, cafés o confiterías que figuran como emprendimientos o venta callejera. Los emprendedores frecuentemente acuden a créditos bancarios con la ilusión de crecimiento y expansión. Más del 75% de los puestos en restaurantes y snacks opera bajo la modalidad de autoempleo o empleo familiar no remunerado (IISE / UCB, 2025). Esta realidad se hace evidente con la presencia de largas filas con el fin de solicitar una licencia de funcionamiento para la apertura de un nuevo restaurante o snack, debido a que, ante el desempleo, es una buena opción para la generación de ingresos de las familias bolivianas. Este rubro es considerado como uno de los mayores dinamizadores en las ciudades, representando casi la décima parte de todo el empleo en el sector de servicios en Bolivia (INE / CAF, 2025).
Con los conflictos sociales y los bloqueos constantes, no solo se genera una imagen negativa para el inversor o perjuicio para la industria, sino que se provoca un daño mortal para la economía de estos rubros que sostienen el empleo, tanto informal como formal. Por ejemplo, la escasez de insumos o la elevación de precios por los bloqueos de carreteras para restaurantes, snacks, confiterías y cafés, provocan que estos no puedan operar con normalidad, reduciendo drásticamente sus ingresos. El 90% de los establecimientos de comida en el país son microempresas, pensiones familiares, snacks de barrio o puestos callejeros (CAF, 2024); este 90% es el que sufre directamente los efectos del bloqueo de carreteras, con riesgo de quiebra. El comercio, de igual forma, ve mermada la capacidad de adquirir mercadería para la reposición. Los bloqueos y conflictos sociales están dando el tiro de gracia a los principales sectores que generan fuentes de empleo en Bolivia. No son los empleos que generan la industria, los agropecuarios, la minería o los hidrocarburos los que impiden que millones de bolivianos migren a otros países; es el comercio informal y los negocios de venta de comida.
Las demandas sociales no son justificables cuando cierran las posibilidades de diálogo y consenso. Existen sectores que ignoran que Bolivia se encuentra al borde del abismo; no podemos darnos el lujo de cambiar de gobernantes obedeciendo posiciones de personas que utilizan al movimiento indígena campesino como una lucha de la izquierda radical.
No podemos continuar con un país económicamente inviable, donde se ignora o descalifica a unos mientras se sigue beneficiando a otros. El gobierno debe buscar mercados para todos los productores bolivianos que no cuentan con los mecanismos o logística; debe crear una integración de todos los sectores sociales mediante la economía y fortalecer la demanda interna (para frenar y evitar la crisis de la economía popular). Se debe comprender que no es un tema racial, sino un tema de exclusión económica de sectores que fueron instrumentalizados por los últimos gobiernos. No se trata de entregar cupos de poder como se hizo en los gobiernos del Movimiento Al Socialismo; es demostrarles que se busca su bienestar, que también se gobierna para ellos. Debemos comprender que la división y el enfrentamiento solo benefician a unos cuantos que tienen intereses económicos y políticos; intereses que no incluyen la unidad del país y que apuestan a la fragmentación.
Rubén Ticona Quisbert es economista y defensor ambiental.
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