Virginio Lema (izq) está acusado por el tema de los billetes y Fernando Hamdan está detenido por el supuesto intento de golpe.
Analistas y opositores advirtieron que en Bolivia recrudece la persecución política en contra de los opositores y activistas por los derechos humanos, luego de que el presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda), Fernando Hamdan, fuera detenido en Santa Cruz y, coincidentemente, el integrante de la agrupación política el Bunker, Virginio Lema, fuera acusado penalmente por haber denunciado la emisión de moneda sin respaldo.
Incluso, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado la noche de este domingo en el que denuncia que su trabajo fue obstaculizado por la Policía mientras hacía seguimiento al caso de Hamdan para que se cumpla el debido proceso.
La madrugada del domingo, Hamdan fue aprehendido en su domicilio, en Santa Cruz, y fue trasladado a La Paz acusado de estar implicado en la toma militar de la Plaza Murillo, ocurrida el 26 de junio, cuando el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, lideró una revuelta castrense que terminó luego de tres horas con la posesión de un nuevo alto mando militar.
El activista Hamdan está acusado por los delitos de terrorismo y alzamiento armado, lo que generó la indignación de los opositores y otros activistas, quienes pidieron su liberación.
“Ya tenemos conocimiento de los delitos por los que está siendo investigado, terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad del Estado y la soberanía, seguramente en las próximas horas la Fiscalía emitirá una imputación formal y se llevará la audiencia cautelar”, informó a la ANF el abogado Ricardo Rodríguez.
Entre tanto, el Banco Central de Bolivia (BCB) acusó penalmente a Virginio Lema porque supuestamente difundió información falsa respecto a la emisión inorgánica de billetes.
Lema, a través de la plataforma del Bunker, la mañana de este lunes dijo que el país está viviendo “una persecución política muy fuerte, una arremetida de la dictadura muy dura (…) en un intento permanente de darle muerte civil a quienes levantan la voz”.
Lema había denunciado que el gobierno destinó 25 millones de dólares para imprimir 18 mil millones de bolivianos, lo que en su criterio llevaría al país a una fuerte inflación.
Al respecto, el presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, explicó que el Banco Central está reemplazando billetes antiguos y deteriorados, por lo que rechazó la denuncia de Lema y otros usuarios de redes sociales.
El funcionario, además, anunció el inicio de acciones legales contra quienes informen sobre el tema de la supuesta emisión de billetes.
“En ese marco, en cumplimiento al artículo 248 de la ley 1970 Código de Procedimiento Penal, el Banco Central de Bolivia ha presentado las respectivas denuncias ante el Ministerio Público por la comisión de delito financiero difusión de información financiera falsa”, afirmó Rojas.
Al respecto, el abogado especializado en derechos humanos, Franco Albarracín, señaló que “esto es un atentado contra la libertad de expresión. En lugar de perseguir a la gente, deberían ser más transparentes e informar adecuadamente sobre la situación económica del país”.
Y tras la detención de Hamdan, Albarracín advirtió que “el supuesto golpe es un montaje para profundizar la persecución política en el país, esta vez en contra de defensores de derechos humanos. Fernando Hamdan debe ser liberado inmediatamente y los organismos internacionales no pueden permanecer en silencio”.
La detención de Hamdan fue seguida de cerca por la Defensoría del Pueblo, que rechazó la obstaculización a su trabajo en la víspera, en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz (FELCC).
“La Defensoría del Pueblo rechaza rotundamente la obstaculización del trabajo que realiza en atención a la defensa de los derechos humanos de las y los privados de libertad”, expresó en un comunicado, en el que además mencionó que “es imperativo recordar al Estado que, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura tiene acceso irrestricto a cualquier lugar de detención, incluidos celdas policiales y centros penitenciarios en todo del país para velar por el estado de salud y la integridad de las personas que ahí se encuentren”.
Las diputadas de oposición Luisa Nayar y Luciana Campero también denunciaron que les impidieron acceder a la FELCC para verificar el estado de salud de Hamdan luego de su arribo a La Paz.
“Lo acusan de terrorismo y levantamiento militar cuando todos los bolivianos sabemos que el 26 de junio se vivió un falso golpe orquestado por el gobierno de Luis Arce”, dijo Nayar en su cuenta X.
Entre tanto, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) rechazó la detenciones y acusaciones tras el supuesto intento de golpe y dijo que la ciudadanía no permitirá estas acciones.
“Tras desbaratar esta supuesta asonada, el gobierno ha desatado una cacería de brujas acusando a varios ciudadanos inocentes de haber sido parte de l agestión de la misma, utilizándola como pretexto para silenciar y amedrentar a la ciudadanía”, indica el comunicado del Conade.
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