Conflicto en la ALP. Foto: Red Uno
La Cámara de Diputados de Bolivia vivió una jornada caótica ayer jueves durante el tratamiento del contrato de industrialización del litio con la empresa china Hong Kong CBC. Gritos, lanzamiento de agua y basura, intentos de tomar la testera e incluso agresiones físicas marcaron una sesión que concluyó en un abrupto cuarto intermedio sin fecha ni hora de reinicio, y sin que se llegara a debatir el fondo del acuerdo.
La tensión fue evidente desde el inicio de la sesión, a las 10:50. Diputados opositores y del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), especialmente representantes de Potosí, fueron los protagonistas de una fuerte protesta contra la directiva de la Cámara. Acusaron al presidente Omar Yujra de impedir el ingreso de dirigentes del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y exigieron el aplazamiento del debate.
La situación se desbordó cuando el secretario de la Cámara, Delfor Burgos, del MAS, intentó leer el informe de la comisión sobre el proyecto de ley que viabiliza el contrato. Desde distintos sectores del hemiciclo le lanzaron botellas, papeles y agua mientras le gritaban “¡aplazamiento, aplazamiento!”. Para continuar la lectura, el personal de la Cámara abrió dos paraguas para cubrir a Burgos y al Ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, sin embargo, rompieron uno de los paraguas.
La diputada Lissa Claros, de Comunidad Ciudadana, subió a la parte alta para increpar a Yujra, a quien acusó de cerrar las puertas a los representantes potosinos. En paralelo, carteles con el mensaje “el litio no se toca ni se vende”, y la bandera potosina, fueron desplegados en la testera, expresando el rechazo al contrato por parte de varios sectores.
Aunque COMCIPO logró ingresar, quienes no lo hicieron fueron los directos afectados: un grupo de 17 comunarios y dirigentes de la Central de Nor Lípez, de Uyuni, que llegaron a La Paz y fueron detenidos en las puertas exteriores de la Asamblea Legislativa. La Defensoría del Pueblo denunció este hecho por vulnerarse su derecho a la información, establecido en la Constitución y normas internacionales como el acuerdo de Escazú. De hecho, ni siquiera los funcionarios de la Defensoría del Pueblo pudieron ingresar, por lo que la institución denunció restricciones a su trabajo.
El presidente de COMCIPO, Alberto Pérez, expresó que el pueblo de Potosí exige la anulación del contrato y denunció que no hubo una consulta previa a las comunidades del área de influencia del proyecto. “El pueblo potosino no quiere (el contrato de litio con China)», dijo y agregó que incluso ya entregaron una carta para que se anule dicho convenio entre el Gobierno y el consorcio extranjero.
Durante la sesión, el diputado evista Hector Arce presentó un audio atribuido presuntamente al hijo del presidente Luis Arce, Marcelo Arce Mosqueira. En el audio se escucha decir que su padre está sin tiempo y que le pidió que él se haga cargo del litio y del gas: «Vos hazte cargo del litio, del gas también para ver el tema del apoyo a la campaña, proyectos, todo eso». Al concluir el audio, el diputado Arce dice: «¿Quién le ha dado esa atribución a su hijo de negociar el recurso natural más valioso?».
El contrato, firmado en noviembre de 2024, contempla la construcción de dos plantas de industrialización en el Salar de Uyuni con una inversión de 1.030 millones de dólares. Se prevé que produzcan hasta 35.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería mediante la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL). No obstante, especialistas y críticos del acuerdo afirman que no se han valorado suficientemente los impactos ambientales, económicos y sociales de la iniciativa.
La directiva de la Cámara de Diputados reiteró que el tratamiento del contrato es urgente, alegando que Bolivia debe aprovechar la actual demanda mundial antes de que el litio pierda protagonismo como recurso estratégico. Sin embargo, los desacuerdos internos y las presiones sociales mantienen en suspenso el avance del proyecto.
La Asamblea Legislativa deberá definir en los próximos días cómo y cuándo retomará el tratamiento de este contrato.
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