Legisladores. Foto: Unitel
La Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), en Potosí, declaró personas no gratas a nueve diputados y un senador por aprobar, ayer 12 de agosto, en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, un contrato con la empresa rusa Uranium One Group para la explotación de litio. La organización prohíbe el ingreso de estas autoridades a la provincia y las acusa de traicionar la voluntad popular al avalar un acuerdo sin consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas.
Entre los legisladores señalados se encuentran: Hernán Hinojosa, Celia Salazar, Hernán Durán, Pedro Francisco Coro, Juan José Huanca, Guiver Aymuro Valda, Sara Vania Crespo Arze y Tania Rosmery Paniagua Mafalle, todos del MAS-IPSP, además de Ronald Huanca de Comunidad Ciudadana. La CUPCONL sostiene que su actuación fue “hipócrita y tramposa” y que este hecho quedará registrado como un acto de traición.
El conflicto se enmarca en la creciente tensión por el control y la explotación del litio en Bolivia, un recurso estratégico cuya gestión ha generado múltiples controversias y demandas de consulta a las poblaciones directamente afectadas.
El pronunciamiento también cuestiona al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, al ministro de Hidrocarburos Alejandro Gallardo y al viceministro de Energías Alternativas Álvaro Améz, además de ejecutivos de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), por impulsar un contrato que, según denuncian, favorece intereses privados y vulnera derechos indígenas.
Las comunidades aseguran que el gobierno mostró su “verdadera cara” al priorizar grandes intereses económicos sobre el respeto a los derechos de los pueblos originarios. Recuerdan que el territorio de Nor Lípez fue reconocido por el propio Estado como Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), y que la consulta previa no es negociable ni postergable.
La CUPCONL advierte que la misma “maniobra” podría repetirse con un contrato con una empresa china, por lo que exige al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, que no reinstale la sesión para su tratamiento. Amenazan con movilizarse a La Paz si esto ocurre.
En respuesta a lo que consideran un atropello, la organización declaró estado de emergencia activa y anunció medidas de presión. Llaman a coordinar acciones con el pueblo potosino y boliviano para frenar el “entreguismo, la falta de consulta y el irrespeto a la Madre Tierra”.
Las comunidades de Nor Lípez recalcan que su indignación es total y que no olvidarán a los parlamentarios que votaron a favor del contrato con Uranium One Group. Afirman que la defensa de su territorio, recursos naturales, dignidad y derechos colectivos será firme y sostenida.
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