Juan Mendoza, comunario y defensor de Tariquía. Foto: Sumando Voces
Los comunarios de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía aseguraron que el desistimiento de YPFB de la denuncia presentada en su contra no constituye un favor, sino el reconocimiento de una acusación que, según sostienen, nunca tuvo fundamento. Además, exigieron que la estatal y Petrobras reparen los daños económicos, sociales y comunitarios que dejó el proceso judicial.
De acuerdo con un reporte de Apuntes Informativos Tarija, Juan Mendoza, comunario y defensor de Tariquía, afirmó que la demanda fue utilizada como un mecanismo de amedrentamiento para intentar que las comunidades abandonaran su defensa del área protegida y desistieran de su oposición a la actividad hidrocarburífera. “Para nosotros no es un agradecimiento ni un favor. Era su deber darse cuenta de que la demanda no tenía fundamento, no tenía ni pies ni cabeza”, sostuvo.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) retiró el recurso de apelación que mantenía vigente dentro del proceso penal contra un grupo de comunarios de Entre Ríos, en el departamento de Tarija, una decisión con la que busca dejar atrás el conflicto judicial y generar un escenario favorable para retomar el proyecto de exploración en Tariquía.
Mendoza señaló que, pese a que la estatal desistió del proceso, las comunidades mantienen firme la decisión de impedir el ingreso de actividades hidrocarburíferas al cantón Chiquiacá y a la Reserva de Tariquía, una determinación que —aseguró— ha sido ratificada en reiteradas reuniones comunales.
“Con levantar eso no van a ingresar. La decisión ya se ha tomado a nivel cantonal: nosotros no queremos la actividad hidrocarburífera dentro de nuestro cantón ni dentro de la reserva de Tariquía”, afirmó.
El dirigente sostuvo que la reparación que exigen no se limita al aspecto económico, sino que también debe contemplar las afectaciones sociales provocadas por el conflicto. Aseguró que fracturaron las comunidades y dividieron a familias enteras. Indicó que esto no se resuelve con una disculpa diciendo «hagamos las pases». En ese sentido, enfatizó en que deben resarcir esos daños para que, más adelante, puedan dialogar.
Asimismo, añadió que los comunarios consideran que también corresponde una compensación económica por los gastos asumidos durante el proceso judicial, el tiempo invertido en la defensa legal y los riesgos que enfrentaron. “Hemos gastado tiempo, recursos económicos y hemos arriesgado nuestras vidas para responder ante la justicia siendo inocentes”, afirmó.
Aunque evitó mencionar una cifra, Mendoza señaló que el monto de un eventual resarcimiento deberá definirse tras una evaluación de todos los perjuicios ocasionados.
Finalmente, expresó preocupación por la próxima visita de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) al cantón Chiquiacá para inspeccionar el estado de los caminos y pidió que la intervención responda exclusivamente a la atención de la infraestructura vial. “Esperemos que no haya una doble intención con ese ingreso a las comunidades”, advirtió.
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