Por Clarisse Sih y Bibbi Abruzzini, Forus
«¡Nada sobre nosotr@s sin nosotr@s!», «Priorizar los derechos humanos», «Cancelar las deudas», «Dejar de financiar los combustibles fósiles». Éstos fueron algunos de los carteles que un grupo de organizaciones de la sociedad civil colocó en la Cumbre de Finanzas en Común, que reunió a cientos de bancos públicos de desarrollo de todo el mundo, en Abiyán (Costa de Marfil) los días 19 y 20 de octubre.
Los proyectos de desarrollo dan forma a nuestro mundo. Son las calles que utilizamos todos los días para ir a comprar alimentos, son la línea eléctrica que nos permite compartir este artículo, son el agua que corre por nuestros pozos. En definitiva, influyen en la forma en que nos relacionamos entre nosotros, con el mundo no humano y con los alimentos que masticamos cada día.
Las decisiones que toman los bancos públicos de desarrollo son, por tanto, existenciales.
Esta responsabilidad conlleva una aún mayor de incluir a las comunidades directamente afectadas por los proyectos de desarrollo, aquellas cuyo aire, agua y vida cotidiana se ven afectados para las generaciones venideras.
Este año es la primera vez que la Cumbre de Finanzas en Común ha introducido un pilar de derechos humanos y ha impulsado sus esfuerzos para incluir a las organizaciones de la sociedad civil, pero ¿es esto suficiente?
«¿La realidad? Ir a las afueras de Abiyán y, de alguna manera, no haber visto los grandes puentes y otros proyectos de infraestructura que los bancos públicos de desarrollo han afirmado haber creado en beneficio de las comunidades», afirma la líder de la sociedad civil de la Asia Development Alliance, Jyotsna Singh.
Muchos miembros de la sociedad civil han expresado su preocupación por el hecho de que Finanzas en Común es un espacio que no es verdaderamente inclusivo y que no tiene en cuenta las necesidades reales de las comunidades.
«Hablarán de «sostenibilidad», mientras ignoran las protestas contra las políticas de austeridad y el aumento de la deuda. Hablarán de «derechos humanos», mientras ignoran a quienes denuncian las violaciones de los derechos humanos en el contexto de sus proyectos. Hablarán de «transición verde y justa», mientras siguen apoyando proyectos que contribuyen al cambio climático», afirma Tity Agbahey, coordinadora regional para África de la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo (Coalition for human rights in development.)
Las comunidades no pueden quedar al margen.
«Los países del Sáhara y del Sahel, especialmente, se han enfrentado a la crisis de seguridad más grave de su historia, relacionada con el cambio climático, la justicia social y las desigualdades en la región», afirma Oluseyi Oyebisi, Director Ejecutivo de la Nigeria Network of NGOs, que representa a más de 3.700 ONG.
Marcada por la falta de oportunidades, especialmente para los jóvenes, el acceso limitado y desigual a los servicios sociales básicos y las vulnerabilidades climáticas, la región tiene algunos de los indicadores de desarrollo humano más bajos del mundo, incluso antes de la pandemia del COVID-19.
«El acceso a las poblaciones afectadas es limitado en algunas localidades debido a tres factores: la situación de seguridad, el mal estado de las infraestructuras y las difíciles condiciones geográficas», explica Oyebisi.
«Los bancos públicos de desarrollo deben dar prioridad a las organizaciones de la sociedad civil y a las iniciativas comunitarias que apoyan los programas estatales de descentralización, las reformas del sector de la seguridad y la reconciliación. Esto ayudará a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y a prevenir el extremismo violento».
El arma de doble filo de los proyectos de desarrollo se siente en todo el mundo.
En el corazón del «pulmón del mundo», con sede en São Gabriel da Cachoeira, considerado el «municipio más indígena» de Brasil, la organización Foirn articula acciones en defensa de los derechos y el desarrollo sostenible de 750 comunidades indígenas en la región más preservada de la Amazonia, en la triple frontera con Venezuela y Colombia.
La cooperación internacional ha jugado un papel importante, dice Marivelton Rodriguês Barroso, líder indígena y presidente de Foirn, al «fortalecer el movimiento indígena y dar relevancia a las cuestiones ambientales, al conocimiento tradicional, a la preservación y protección de nuestros territorios enfocados al bienestar de nuestras comunidades».
La organización iniciará próximamente un proyecto con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) que se centrará en la comercialización de la artesanía indígena y el turismo sostenible con un impacto mínimo en el medio ambiente.
Brasil ha perdido una franja de la selva amazónica del tamaño de Bélgica desde principios de 2019. En ella viven más de 30 millones de personas y 900 comunidades. Para quienes quieren proteger sus tierras, la tarea es cada vez más arriesgada. Global Witness registró que 200 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en 2021, casi cuatro personas por semana. Más de tres cuartas partes de los ataques registrados tuvieron lugar en América Latina. En Brasil, Perú y Venezuela, el 78% de los ataques tuvieron lugar en la Amazonia.
«No tenemos otro recurso que resistir», afirma la defensora brasileña Eliete Paraguassu. «Esta resistencia tiene un precio, muy alto. Por protestar contra estos delitos medioambientales y los daños a nuestra salud, hemos sido objeto de amenazas de muerte, acoso judicial y campañas de desprestigio. Las amenazas contra mi vida se han agravado tanto últimamente que he tenido que adoptar un plan de seguridad que me obliga a salir constantemente de la Ilha da Maré y que no me permite hacer lo que más me gusta en la vida: recoger marisco.»
Entonces, ¿cuál es el camino a seguir?
Para María Isabel Valderrama González, de la Gaia Amazonas Foundation, la solución es transformar la relación entre los bancos públicos de desarrollo, la sociedad civil y las comunidades en «una alianza».
«Es una invitación a superar la visión del beneficiario y considerar a las poblaciones locales como socios de pleno derecho. Es una invitación a dejar de ver a la sociedad civil como un simple intermediario». La colaboración debe ser «verdadera» y permitir que los bancos públicos de desarrollo, las comunidades y la sociedad civil trabajen juntos por un interés común, y sobre todo consensuado.
«Nuestras expectativas son altas y bastante ambiciosas. Esta reunión [de Finanzas en Común] debe adoptar una visión que esté en consonancia con los compromisos anteriores que consagran la importancia de adoptar un enfoque basado en los derechos y el compromiso con la sociedad civil», afirma Alice Mogwe, activista de los derechos humanos desde los años 90 y actual presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (International Federation for Human Rights).
«Debería haber más participación de la sociedad civil, incluidas las organizaciones locales de la sociedad civil, para hacer valer la información basada en hechos y para que se comparta la experiencia sobre los proyectos de financiación en curso y los que se van a financiar», añade.
Ningún proyecto financiado por los bancos públicos de desarrollo debe ir en detrimento de los grupos vulnerables, el medio ambiente y las libertades colectivas, sino que debe encarnar las voces de las comunidades, los valores democráticos y la justicia medioambiental. Este es el mensaje plasmado en una declaración colectiva respaldada por más de 50 organizaciones de la sociedad civil, para los bancos públicos de desarrollo.
En palabras de Mavalow Christelle Kalhoule, presidenta de Forus y presidenta de Spong, la red de ONG de Burkina Faso, para que los bancos públicos de desarrollo sean inclusivos, transparentes y estén basados en los derechos, «deben reforzar sus esfuerzos a largo plazo para crear un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y las comunidades indígenas con el fin de fortalecer los principios democráticos de su trabajo. Les animamos a que escuchen, pregunten y cooperen de forma innovadora para que el desarrollo se mantenga fiel a su definición original de progreso y cambio positivo; un proceso colectivo, participativo y justo, y una palabra que tenga un significado no para unos pocos, sino para todos».
