El Defensor del Pueblo recibiendo su credencial, en 2022. Foto: Defensoría.
El Comité para la eliminación de la discriminación racial de Naciones Unidas, en un documento emitido este viernes 8 de diciembre, recomienda que el Estado boliviano acelere el proceso de reforma del sistema judicial “asegurando y protegiendo la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales”.
Asimismo, afirma que “le preocupa la falta de un proceso de selección claro, transparente, participativo y basado en el mérito para el Defensor del Pueblo y el personal de la Defensoría”. En ese marco, recomienda al Estado que “aplique un proceso claro, transparente, participativo y basado en el mérito para la selección y nombramiento del Defensor del Pueblo y del personal de la oficina de la Defensoría”
Sobre esa misma institución, recomienda que se le asegure “los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados para ejecutar su mandato de manera eficaz e independiente”.
La recomendación llega luego de más de un año de la elección del defensor Pedro Callisaya, cuyo proceso de nombramiento ha sido criticado porque se hizo en ausencia de la oposición y únicamente con los votos del MAS.
Y, en la línea de las instituciones de defensa de los derechos humanos, el Comité pide al Estado que “considere establecer nuevas formas de cooperación técnica con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos para la aplicación efectiva de las disposiciones de la Convención y otros instrumentos de derechos humanos”.
Esta recomendación se conoce luego de un año de que Bolivia se quedó sin representación de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos porque el Estado no renovó el acuerdo.
La justicia preocupa
Sobre el tema de la justicia, el Comité “expresa su preocupación ante los diversos informes que señalan problemas estructurales de larga data en el sistema de administración de justicia, como la falta de independencia judicial, el presupuesto inadecuado y la limitada cobertura geográfica, los cuales menoscaban el acceso a la justicia y su prestación a los grupos éticos marginados desfavorecidos que enfrentan actos de racismo y discriminación”.
En ese marco, pide acelerar el proceso de reforma del sistema judicial “garantizando su actuación libre de presiones e injerencias”.
También demanda que se garantice la plena cobertura del sistema de justicia en todo el territorio del Estado.
Estas recomendaciones se producen en momentos en que la justicia atraviesa por su peor crisis, al punto de no existir un acuerdo para elegir nuevos magistrados, lo que genera un riesgo de vacío de poder desde el 1 de enero.
Defensores de derechos
En general el informe expresa preocupación porque persisten la discriminación y el racismo y por las escasas medidas concretas para combatirlos, sin embargo, también señala aspectos de contexto como la justicia, la Defensoría del Pueblo y la situación de los defensores de derechos humanos.
“El Comité está preocupado por las alegaciones de actos de represalias, intimidación, amenazas y recurso indebido de procedimientos judiciales contra defensores de derechos humanos, en particular líderes y miembros de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en el contexto de la defensa de sus derechos frente a grandes proyectos de inversión y de explotación de recursos naturales en sus territorios y tierras”, indica el reporte.
Al respecto, el Comité pide investigar estos ataques y represalias, además de adoptar una política y un programa de protección para defensores de derechos humanos.
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