Cinco denuncias de violencia policial contra periodistas en Santa Cruz fueron rechazadas o están sin avance

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Rodolfo Huallpa

Por UNITAS

La violencia que se vivió el año pasado en Santa Cruz por las manifestaciones a raíz del Censo y de la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, trajeron consigo una serie de casos de agresión contra periodistas de diferentes medios de comunicación que hacían la cobertura de estos hechos. Varios fueron heridos no sólo por manifestantes, sino también por efectivos de la Policía. Sobre este último, se instauraron cinco procesos que no reportan avances, más al contrario algunos se cerraron y quedaron en la impunidad, con el argumento, principalmente, de que no se tenían identificados a los policías agresores.

La información fue brindada por la abogada Raquel Guerrero, una defensora de los derechos de los periodistas, quien patrocina cada uno de estos casos, por su relación con la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. En entrevista con el Observatorio de Defensores de UNITAS, la jurista apuntó que el problema en estos casos es que los investigadores de la Policía y del Ministerio Público piden pruebas e identificación de los efectivos policiales agresores, cuando éstos actúan encapuchados. A eso se suma la “falta de interés” y el “encubrimiento” a miembros de la Policía. 

El primero de los cinco casos que sigue Guerrero es el de Mario Rocabado. El 1 de noviembre de 2022, el periodista de la Red Unitel en Santa Cruz se encontraba haciendo la cobertura de una protesta por el Censo en el municipio de La Guardia, hasta que una turba de gente afín al Movimiento Al Socialismo lo tumbó al suelo y lo comenzó a patear y a golpear con palos, además de arrojarle con piedras. La agresión se dio con el consentimiento de la Policía, que no hizo nada para evitar la golpiza, pese a estar en el lugar, denunció Rocabado, que recibió 35 días de impedimento por este hecho.

Guerrero dio a conocer al Observatorio de Defensores de UNITAS que fue la Asociación de Periodistas de Santa Cruz que denunció este caso ante la Fiscalía en contra de las autoridades del Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz y el Comando Policial de La Guardia. 

“Lamentablemente estas denuncias en contra de los servidores públicos han sido desestimadas. Hubo dos personas aprehendidas, pero fueron liberadas. El caso está en etapa de investigación aún”, precisó la abogada.

El segundo caso involucra al periodista Leonardo Gil, también de la red UNITEL. El 16 de noviembre del año pasado, el reportero fue herido en la mano derecha por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, disparado por un policía, mientras hacía la cobertura de las manifestaciones por el Censo en el Plan 3.000. En la misma zona, el periodista Carlos Lijerón de la red Bolivisión también sufrió una agresión policial.

Ambos casos fueron denunciados ante la Dirección Departamental de Investigación Interna (DIDIPI) de la Policía en Santa Cruz y el Ministerio Público, con el fin de identificar a los policías responsables. “Hemos hecho la apertura de ambas denuncias en DIDIPI y en la justicia ordinaria, sin embargo, ambos casos han sido rechazados. La Fiscalía y la Policía omiten realizar las investigaciones. Teniendo conocimiento aún que los periodistas estaban internados, no se han apersonado a tomar sus declaraciones informativas”, precisó Guerrero.

El tercer caso tiene como afectado al camarógrafo José Tarqui del medio Periodismo Somos Todos. El 30 de diciembre de 2022, en la zona del Cristo Redentor en la ciudad de Santa Cruz, manifestantes se enfrentaron con la Policía por la detención de Camacho. En ese hecho, Tarqui hacía la transmisión en vivo de las protestas y recibió disparos con balines a quemarropa de parte de la Policía. Cinco balines fueron extraídos de su cuerpo.

“La Policía no ha abierto la denuncia en ese caso, tampoco hay denuncia en DIDIPI. Él (Tarqui) y el medio Periodismo Somos Todos, que es el único medio que se ha preocupado por su personal, han hecho la denuncia, y nosotros como Asociación de Periodistas de Santa Cruz hemos acompañado y nos hemos sumado y le hemos dado nuestro apoyo a Tarqui”, mencionó Guerrero, quien mencionó que el caso sigue vigente, sin mayores avances.

El cuarto caso involucra a Joel Orellana y Miguel Ángel Rivero, ambos de la red UNITEL. La madrugada del 1 de enero de 2023, en la zona del segundo anillo y la avenida Cristo Redentor en la ciudad de Santa Cruz, fueron agredidos por un grupo policial cuando éstos detenían a una persona. Ambos trabajadores de UNITEL fueron tumbados al piso por los policías, quienes los patearon y les quitaron parte de sus equipos de reportería. No obstante, pudieron grabar a uno de sus agresores, el teniente Víctor Hugo Santelices.

“Se ha reconocido a Santelices como el agresor. El fiscal policial ha rechazado el caso, lo que se buscaba en ese caso era la baja definitiva del efectivo policial, porque no puede ser que haya policías que masacren y ataquen a la población, más aun a periodistas”, denunció Guerrero. Explicó que la razón por la que se rechazó la denuncia en DIDIPI fue porque no existía un caso abierto en contra del Santelices en el Ministerio Público, argumento que tildó de “falso”, dado que sí había un proceso en contra del teniente en esa vía, que fue iniciado por la Asociación de Periodistas de Santa Cruz.

“El fiscal policial hace un incumplimiento de deberes sólo para favorecer a su camarada Santelices, porque hay una denuncia en la justicia ordinaria”, acotó la jurista.

El quinto caso tiene que ver con un equipo de la red UNITEL integrado por Joel Orellana y Roger Ramos. El 31 de diciembre del año pasado, ambos se encontraban cerca del Comité pro Santa Cruz haciendo la cobertura de los enfrentamientos entre civiles y policías y fueron sorprendidos por un contingente policial que, sin reparo alguno, les disparó gases lacrimógenos. 

“En este caso hicimos la denuncia ante el DIDIPI. Actualmente está en una etapa investigativa (…). Sólo este caso está en investigación, el resto de los casos han sido rechazados”, protestó Guerrero, quien mencionó que en el DIDIPI se pide a los denunciantes que identifiquen a sus agresores, pero en éste, y otros casos, los policías tienen sus rostros cubiertos, atacan a distancia y, en el caso de las manifestaciones en Santa Cruz, los efectivos fueron traídos de otros departamentos.

“Es lamentable, los fiscales esperan que nosotros les llevemos las pruebas a sus escritorios y no investigan nada. Piensan que investigar no es su trabajo y a la hora de la verdad dicen ‘usted no me trajo las pruebas’ para que ellos hagan sus resoluciones”, repudió Guerrero.

La abogada fue participante de la segunda versión del Curso Nacional sobre Defensa de Derechos Humanos, realizado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social en La Paz en pasados días.

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