Esmeralda Arosemena presidente la CIDH, que este miércoles se ocupó del tema de la minería ilegal.
Luego de escuchar el testimonio de organizaciones de la sociedad civil de cinco países, entre ellos Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA se comprometió este miércoles a hacer un llamado de atención a los países donde se identifiquen violaciones a los derechos humanos por efecto de la minería ilegal y el uso del mercurio en esa actividad extractiva.
Durante la audiencia que abordó el tema en Washington, la presidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemena, hizo el compromiso frente a representantes de organizaciones civiles y de los pueblos indígenas de Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Perú y Brasil.
La presidenta hizo el compromiso de emprender un monitoreo y seguimiento del problema y de hacer un “llamado de atención en los países donde identifiquemos que hay una situación de violación absoluta en los derechos y falta de cumplimiento de todas las normativas” respecto a la minería ilegal.
Por otro lado, dijo que la institución promoverá normativas que permitan “exigir el cumplimiento” de las obligaciones estatales en esta materia.
En representación de Bolivia, estuvo presente el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Franco Albarracín, quien alertó que los efectos del mercurio en la minería del oro podrían llevar a un genocidio de los pueblos indígenas porque, según estudios científicos, los pobladores de los pueblos amazónicos presentan altos niveles de concentración de mercurio en sus cuerpos, muy por encima de los niveles permisibles a nivel internacional.
Dijo no temer a la hora de utilizar el término “genocidio porque comunidades enteras están siendo afectadas por el envenenamiento con mercurio”.
Puso énfasis en que “Bolivia es el centro del tráfico ilegal del mercurio en la región, lo que debe despertar la preocupación grande” de los países de la región. De hecho, la representación de Perú hizo notar que la explotación del oro en Madre de Dios de aquel país se realiza con mercurio que llega de Bolivia.
Albarracín hizo notar que el problema de fondo no es la falta de normas, puesto que existen leyes nacionales e internacionales, al punto de que Bolivia tiene “una Constitución brillante” sobre los derechos indígenas, pero que lo que dificulta su aplicación es la falta de estado de derecho. “Es uno de los países que vulnera más los derechos de los pueblos indígenas”, aseguró.
Indicó que no se han adoptado medidas que limiten el uso del mercurio y que, pese a la existencia de un plan, no se conocen datos sobre su aplicación.
Representantes de organizaciones medioambientalistas de Nicaragua y Venezuela indicaron que los regímenes autoritarios de estos países promueven la minería ilegal en sociedad con bandas criminales organizadas y que, en ese contexto, varios líderes sociales y defensores ambientales han sido asesinados.
En el caso de Nicaragua, las instituciones que defendían el medio ambiente y denunciaban estos delitos ya no tienen registro legal porque el Gobierno de Daniel Ortega se las quitó.
En todos los países, según los representantes, existe un avance sobre las áreas protegidas para permitir la explotación minera ilegal. En el caso de Perú existen 76 áreas protegidas, de las cuales, 17 están siendo afectadas por actividades ilegales como la minería.
Los representantes de la sociedad civil pidieron a la CIDH la emisión de informes específicos sobre esta problemática, el llamado de atención a las autoridades para que cumplan con la normativa nacional e internacional en la materia y que se promueva una normativa específica con perspectiva de Derechos Humanos.
“Hay un marco de violación de derechos humanos que tiene que estar debidamente identificado (…) porque necesitamos demandar a nuestros países el cumplimiento de estas obligaciones”, dijo la presidenta de la comisión, Esmeralda Arosemena.
La audiencia sobre la minería ilegal se realizó en el marco del 188 periodo de sesiones de la CIDH sobre temáticas de derechos humanos de varios países de la región.
Este viernes se llevará adelante otra audiencia sobre Bolivia, esta vez sobre el acceso a la justicia y la independencia judicial, de la que participarán la red UNITAS y otras organizaciones de la sociedad civil.
