El 23 de agosto de 2013, en una de las cárceles más grandes de Bolivia, Palmasola, ocurrió un hecho de gran magnitud, muerte y dolor: la masacre de Palmasola, que dejó 30 muertos —entre ellos un niño— y alrededor de 38 heridos graves como producto de un enfrentamiento entre dos grupos de internos por el control del área de máxima seguridad del recinto. La Policía deslindó responsabilidades bajo el argumento de que se trataba de una pelea entre dos grupos poderosos cuyos integrantes estaban armados con machetes, palos, garrafas y cerillas, entre otras armas.
Palmasola, situada en el departamento de Santa Cruz, es uno de los penales más conflictivos del sistema boliviano. Adolece de una retardación de justicia tal que cerca del 75 % de los reclusos se encuentra en prisión preventiva. Además, un número significativo vive en sus celdas con familiares menores de edad, una práctica permitida si estos no tienen a nadie más que se haga cargo de ellos. El penal se ha convertido en un barrio populoso con todos los servicios: venta de comidas, intercambio comercial, cuartos hacinados, talleres de varios oficios, biblioteca, templos y canchas donde los detenidos buscan cómo pasar el día, sin sujetarse a un programa formal de rehabilitación, terapias, lecturas, charlas u otras actividades de reinserción.
Es decir, la mayoría de los internos ha sobrepasado el dictamen inicial de detención preventiva emitido por el juez, sin contar con una sentencia ni haber sido enviados a sus casas con detención domiciliaria. Este último beneficio parece estar dirigido solo a algunos acusados que gozan de prestigio, solvencia económica o relaciones políticas, como los casos de un exjuez y una exdiputada implicados en el tema de las sospechosas 32 maletas, quienes fueron privilegiados con la medida. ¿Es selectiva la justicia?
Luego de la masacre, el entonces defensor del Pueblo, Rolando Villena (2010-2016), emitió un informe de investigación con recomendaciones clave que no fueron tomadas en cuenta por los gobiernos que pasaron desde ese hecho hasta el presente. Por ello, el sistema carcelario sigue siendo una bomba de tiempo que en el último tiempo ha generado más noticias trágicas: balacera y asesinato de dos personas en Chonchocoro, fugas en Palmasola, reyertas, violencia y discriminación contra la población LGBTIQ+, y el vergonzoso hacinamiento en el que deben convivir las más de 9.500 personas privadas de libertad que hoy guardan detención en Palmasola, un centro penitenciario creado originalmente para alrededor de 4.000 personas.
Aquel trágico día —en el que más de 30 detenidos murieron de diferentes formas: quemados, macheteados, golpeados o por disparos— debió marcar el fin de un modelo y el inicio de un nuevo sistema penitenciario. Sin embargo, no aprendimos la lección. Lo ocurrido hace 13 años fue más que una supuesta pugna por el control del PC-7; desnudó la crítica situación del régimen penitenciario:
- Complicidad de policías y autoridades penitenciarias en los controles para el ingreso de personas, utensilios, armas y bebidas alcohólicas.
- Ausencia de control y seguimiento al interior de las celdas carcelarias, donde los detenidos pueden hacer lo que quieren.
- Inexistencia de programas reales de rehabilitación, terapias ocupacionales y políticas sociales de reincorporación.
- Enorme retardación de justicia y un hacinamiento crítico en las celdas.
Como si nos acompañara un destino trágico, las autoridades no aprenden de los desastres. Desde aquel agosto de 2013, pese a las conclusiones y recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, no se han registrado avances ni se han concretado programas para disminuir el hacinamiento, aumentar los prediarios, combatir la retardación de justicia, mejorar los controles policiales a los visitantes y ejercer un control total al interior de las cárceles del país.
El exgobernador de Palmasola, Juan Carlos Justiniano, asegura que cerca del 70 % de la población penitenciaria está detenida de manera ilegal, porque ya ha sobrepasado los seis meses o varios años con medidas cautelares. “Cuando el interno pide la extinción de la pena, el juzgador señala que no le corresponde porque la Fiscalía aún está en etapa de investigación. Entre ellos se lavan las manos; hay una falencia bárbara en la justicia y falta de voluntad política de los juzgadores”, sostiene.
En las jornadas de descongestionamiento judicial que se realizan cada cierto tiempo en Palmasola, solo se logra liberar a entre 5 y 6 privados de libertad, cuando se debería dar salida a cantidades mucho mayores. Justiniano apunta al nudo de la cuestión: tenemos un sistema penitenciario dependiente del Gobierno pero carente de políticas públicas y sociales orientadas a la prevención del delito, la celeridad judicial y el desarrollo de terapias ocupacionales.
El sistema carcelario no es una prioridad para el Estado boliviano porque considera que quienes han cometido delitos son desechos humanos, personas crueles que no merecen programas de rehabilitación, terapias, alimentación adecuada, debido proceso ni mejores condiciones de vida.
Ante este escenario, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, ha lanzado una importante advertencia: convertir a Palmasola en un verdadero centro penitenciario y evitar que siga funcionando como un barrio periurbano. Es algo urgente que debe hacerse.
Esta realidad ha sido también fuente de inspiración para la literatura, donde autores han buscado denunciar y alertar sobre una situación que poco o nada ha cambiado en ese recinto. Persisten los mismos problemas estructurales, las mismas irregularidades y la escasa atención de las instancias competentes para apoyar a las personas privadas de libertad, quienes terminan abandonadas a su suerte una vez que ingresan como un número más entre procesados o sentenciados por violaciones, robos, homicidios, tráfico de sustancias controladas, corrupción, estafas y agresiones.
Edmundo Paz Soldán, laureado escritor cochabambino de renombre internacional, refleja en su novela Los días de la peste la cruda, cruel y nefasta realidad del sistema carcelario del país, demostrando que los hechos a veces superan a la ficción:
— Mande guardias a la capilla, prohíba la entrada, avise que habrá una nueva requisitoria y los castigos serán peores. Prepárese, en los próximos días habrá arrestados y recibiremos un montón de prisioneros.
— No hay más lugar, jefe. Las celdas están pletóricas.
— Hay cuartos cómodos en el segundo patio. Ni qué decir de los departamentos del primer patio. El de Lillo, por ejemplo, ocupa todo un ala.
— Sabe que sin lo que nos pagan esos reclusos no podríamos esperanzarnos.
— Haga lo que tenga que hacer. No podemos estar presos de nuestros presos.
— Ya lo somos de algunos, quiso decir, pero no lo dijo. En vez de eso: Veré qué se puede hacer. Donde entran treinta pueden entrar treinta y uno. O cincuenta y siete”.
Hernán Cabrera es periodista y licenciado en Filosofía.
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