Editorial Sumando Voces
Últimamente se han conocido reportes, informes e investigaciones que señalan que Bolivia tiene un gran poder depredador de sus bosques, al punto de situarse en niveles equiparables a Brasil, un país ocho veces más grande, casi 200 veces más poblado y mucho más industrializado que el nuestro.
Por ejemplo, la plataforma Global Forest Watch del World Research Institute (WRI) estableció que Bolivia es el tercer país que más devasta sus bosques tropicales en el mundo, sólo después de Brasil y El Congo. Brasil destruyó en 2023, 1,14 millones de hectáreas; El Congo, 530 mil hectáreas; mientras que Bolivia, 490 mil hectáreas.
Bolivia obtuvo este poco honroso tercer lugar por tercer año consecutivo y con una tendencia ascendente porque el último año subió en 27% la extensión del bosque destruido.
Otro estudio, titulado “Amazonía a Contrareloj, un diagnóstico sobre dónde y cómo proteger el 80% para 2025”, indica que Brasil, Bolivia y Perú son los tres países que más destruyen la Amazonía. “En el mundo se pierden cada año 4 millones de hectáreas de bosque, la mitad ocurre en la Amazonia, y la mayoría en Brasil, Bolivia y Perú”, indicó Marlene Quintanilla, quien presentó el estudio en una charla previa a la realización del Foro Social Panamazónico (FOSPA), que se desarrollará en junio en Bolivia. La especialista explicó que los niveles de degradación y transformación son más preocupantes en Bolivia con el 24% y Brasil con el 34% de ese total.
A estos datos se suma una investigación recientemente publicada por la fundación InSight Crime y el Instituto Igarapé, titulada “La Amazonía saqueada: las raíces de los delitos ambientales en Bolivia”, que señala que la destrucción obedece a la expansión de la frontera agrícola, la minería del oro, la actividad del narcotráfico, el saqueo de madera y de fauna silvestre.
Entre sus conclusiones, esta investigación apunta que la raíz del problema puede estar en que Bolivia, a diferencia de países vecinos, tiene una legislación permisiva con estas actividades, sobre todo con la deforestación (quemas), el uso del mercurio para la minería del oro y la dotación de áreas de trabajo para la minería ilegal en parques nacionales.
“Las fronteras entre lo legal y lo ilegal se han difuminado. Actividades consideradas ilegales en otros países de la cuenca amazónica siguen siendo áreas grises en Bolivia, como el permiso para iniciar incendios, las operaciones mineras en zonas protegidas y los controles sobre las importaciones de mercurio”, indica el reporte.
Frente a esta realidad, el Estado en sus diferentes niveles no puede permanecer indiferente o, peor aún, no puede ser cómplice de actividades depredadoras con leyes permisivas. Caso contrario, Bolivia irá escalando posiciones hasta convertirse en el país más depredador del mundo.
Las tareas son muchas, pero se podría empezar por derogar las leyes que permiten los incendios, el uso de mercurio y la actividad extractiva en parques nacionales, tal como sucede en países vecinos. Sólo así, las autoridades podrían hablar de defensa del medioambiente y de la madre tierra sin sonrojarse.
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