Desde hace unos meses, a consecuencia del hallazgo de madera impregnada de droga en Chile, el sector exportador forestal se volvió un tema recurrente en los medios de comunicación bolivianos. Tomando distancia del narcotráfico, cabe preguntarse qué pasó con la madera en el mercado nacional. La ausencia en barracas es evidente; hace más de una década aún abundaban maderas como la mara o el tajibo como materia prima para los carpinteros. Hoy, lo que predomina en ferias y mercados populares son muebles elaborados con placas de melamina, tableros aglomerados y pino. ¿Cómo llegamos de disponer de barracas abastecidas con diversidad de especies para generar valor agregado, a contar solo con materia prima de mala calidad para elaborar muebles desechables? A simple vista parece repetirse el patrón de la exportación de la carne y sus efectos en los precios locales. Podría asumirse que la priorización de los envíos al exterior reduce el producto en el país elevando su costo, pero la respuesta no es tan sencilla.
Para el año 2010, Bolivia exportaba 119 millones de dólares en madera; para el primer semestre de 2025, la cifra cayó a solo 30 millones. La reducción de los últimos años, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, se debió a una menor demanda y a la competencia regional. Asimismo, el sector identifica como parte del problema las trabas burocráticas para el aprovechamiento forestal y la pérdida parcial de la Certificación Forestal Internacional (FSC).
A principios de los años 2000, Bolivia era un referente mundial en bosques tropicales certificados para manejo sostenible, llegando a poseer más de 2 millones de hectáreas con este sello que abría las puertas a mercados de Estados Unidos y Europa. A partir de 2007, esas áreas se redujeron dramáticamente hasta alcanzar solo 866.245 hectáreas para el 2026. Al perder la certificación, Bolivia perdió inmediatamente el acceso a los compradores internacionales más exigentes.
Esta reducción de reservas certificadas responde a la expansión de la frontera agrícola mediante incendios forestales. En lugar de cosechar el bosque de forma sostenible, el sector agropecuario incentivado por la apertura de mercados internacionales decidió quemar o desbrozar la cobertura forestal. Para mencionado sector resulta más económico el fuego, ya que el corte y aprovechamiento formal conllevaría costos administrativos extras a su actividad principal.
Según el sector forestal, el marco normativo y la burocracia son parte del problema y no de la solución. Si bien la normativa nacional busca proteger el bosque exigiendo Certificados de Origen Forestal (CFO) o Planes de Manejo Sostenible, estos mecanismos representan un altísimo costo operativo y de fiscalización para el empresario formal. Como resultado, la extracción no regulada e informal avanzó indiscriminadamente, distorsionando el mercado interno y reduciendo los saldos que antes llegaban a las barracas barriales.
Según diversos informes, la madera ilegal encuentra salida hacia mercados fronterizos de Brasil y Perú, por donde se filtra en masivas cantidades evadiendo los registros de exportación. Además, la fiscalización estatal resulta agresiva para las empresas legalmente establecidas, en contraste con la ausencia de control sobre los grupos dedicados a la tala ilegal. A esto se suma el «blanqueo» documental mediante la reutilización de certificados CFO, o la extracción en áreas no autorizadas, parques nacionales y tierras indígenas respaldada con papeles de predios que sí cuentan con planes aprobados, declarando volúmenes superiores a los reales.
En el ámbito internacional también se cuenta con normativas como el Reglamento de Cero Deforestación de la Unión Europea (EUDR) o la Ley Lacey de EE. UU. que exigen a los compradores demostrar la trazabilidad georeferenciada exacta del árbol. Al no poder garantizar que la madera boliviana esté libre de deforestación ilegal, los clientes extranjeros cancelan contratos, lo que explica el desplome formal de los envíos. La falta de control estatal provoca que el producto nacional sea catalogado de «alto riesgo», castigando en precio incluso al exportador legal. Esto agrava la preocupación del empresariado exportador forestal por la mala imagen internacional que dejaron al sector los hallazgos de droga en puertos chilenos.
Otra de las causas del desabastecimiento interno es la costosa inversión tecnológica requerida para que la madera sea apta en la fabricación de muebles. Una vez cortado el árbol, se necesitan hornos de secado computarizados, maquinaria de corte de alta precisión y tratamientos contra plagas y humedad.
En resumen la ausencia de madera de calidad en el mercado interno pasa, en primera instancia, por la magnitud de los incendios registrados en el país en 2024 y su recurrencia desde 2020, los cuales redujeron drásticamente la cobertura boscosa apta para manejo sostenible. A su vez, la falta de fiscalización facilita el flujo ilegal hacia las fronteras. En este escenario, solo unas cuantas empresas con gran capital pueden asumir los costos legales y tecnológicos para procesar madera de exportación o transformarla en muebles terminados para EE. UU. o Europa.
El alto costo que implica acceder a materia prima tratada limita al carpintero local a trabajar con insumos de baja calidad. La ausencia de centros urbanos de secado e industrialización hace imposible disponer de madera de nivel a precios competitivos. En Chile y Perú, el pequeño artesano accede a créditos de fomento y a centros públicos de secado para transformar la madera; en cambio, el carpintero boliviano debe financiarse con microcréditos comerciales a tasas elevadas o resignarse a utilizar sustitutos maderables baratos, perdiendo la oportunidad de mejorar sus ingresos mediante el valor agregado en productos con madera de calidad. Se ha dejado a su suerte a un sector productivo clave, sin apertura de mercados ni incentivos para la asociación.
Si bien las normas regulatorias son necesarias, se debe priorizar su eficiencia y aplicar una fiscalización más severa con sanciones agresivas contra la extracción ilegal. Los incendios provocados para ampliar la frontera agrícola generan un daño devastador tanto en lo ambiental como en lo económico. La solución pasa por endurecer las penalidades contra quienes generan quemas, avasallan áreas protegidas o buscan beneficiarse de la dotación de tierras en reservas forestales.
Frente a las posturas que exigen eliminar toda regulación a las exportaciones, el problema de fondo no es la existencia de normas, sino la impunidad de los sectores que optan por la ilegalidad y destrucción de reservas naturales. Es posible proteger los bosques mediante el uso sostenible de sus recursos y precautelar el hábitat de millones de especies, pero esas intenciones terminan destruidas por el uso irracional del fuego en beneficio de la expansión agropecuaria, consecuencia de las «leyes incendiarias» vigentes en Bolivia.
Rubén Ticona Quisbert es economista y defensor ambiental.
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